"Visión Global"》》》
La llamada deuda inmobiliaria, una obligación del Estado que por décadas se ha mantenido inamovible, es uno de los capítulos ocultos de la corrupción administrativa, por vía del cual se han realizado importantes robos de fondos públicos mediante múltiples maniobras dolosas.
Aunque la Constitución prohíbe expresamente las expropiaciones, durante años el Ejecutivo se ha amparado en sus prerrogativas para realizarlas de hecho, pues de eso se trata cuando un decreto declara de utilidad pública una propiedad particular porque se necesita un proyecto de interés, pero sin compensar a sus legítimos dueños.