“Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.” Así establece nuestra Constitución, una de los pilares de la disidencia organizada sobre los cuales, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres, origina que un conjunto de organizaciones sociales y ciudadanos independientes convoquen para este domingo 22 de enero una marcha protesta.
Lo anterior, más que un derecho, es una libertad constante ejercida, donde semanalmente frente al Palacio Nacional de la República se dan cita protestas pacíficas de toda índole. Parte esta de nuestra historia de hacer valer nuestra voz y de que esta, siempre bajo la paz, sea escuchada.
Pero no podemos perder de vista que gozamos, todos los dominicanos, de un sistema de gobierno que está dando amplios pasos de investigar hasta sus últimas consecuencias los actos señalados, realizando sanciones económicas e inhabilitaciones, a la vez que lanza una comisión independiente, dada la amplia y variada composición que tiene, para investigar todo el proceso de licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Lo que llama a sorpresa es la rapidez con que se convoca, por un conjunto de organizaciones sin supuestos fines políticos, a una marcha contra la impunidad. Escribía el economista Miguel Sang Ben en Acento que “…lo que debemos reclamar los dominicanos de a pie, quienes estamos convocados a la Marcha contra la Impunidad, …” pero lamentablemente ya ha sido diluido totalmente ese buen sentido de exigir lo nuestro con la inclusión de diversos actores políticos, quienes claman a sus seguidores ir a la marcha y que evidentemente no son dominicanos de a pie.
Aún exigiendo vestir un color más neutro y menos político, la sola presencia en primera fila, como anuncia el pasado candidato presidencial Luis Abinader junto a otros congresistas de su partido convirtió esta marcha pacífica en una protesta política. Aquí deben estar claros los participantes que sientan deseo de que algo cambie, que este evento en particular ya ha sido apropiado por actores políticos para fines políticos.
Existen distintas maneras de provocar cambios sin ser injustos a la democracia en que vivimos, sin tener que llegar a mezclar lo civil con lo político. Desde lejos se ve una disputa por el protagonismo de la disidencia y, dirían algunos, hasta la desesperación de aquellos cuyas ambiciones no se han visto cumplidas y culpan al sistema actual.
Aquel que realmente desee cambio y progreso debe quitarse el tinte político y reorganizar un nuevo llamado que excluya totalmente los actores políticos y solo así se puede ser honesto de cara al dominicano y decirle que no se tienen más ambiciones que el bien común. Un breve cálculo costo-beneficio nos arrojaría que participar en esta protesta no busca posibles beneficios civiles sino políticos y esto, decididamente, llama a las masas conscientes a ignorar esta convocatoria.
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