En una sociedad en la que ya se levantan voces para que se apliquen
medidas extremas contra los feminicidas, los violadores sexuales y
asesinos de toda laya, la justicia tiene que asumir su indeclinable
deber de sancionar a los infractores con las penalidades que se
corresponden con el nivel de sus agravios.
Cuando
la opinión pública se enteró de que un individuo, actuando con crueldad
y alevosía, mató a puñaladas a una joven dependiente de una joyería en
la calle El Conde, de donde sustrajo una alta suma de dinero, los
reclamos inmediatos eran que se le aplicara la pena de muerte.
Y frente a un caso en el que un malvado violó a una niña, a la cual
asfixió luego y ocultó su cadáver, desde la misma opinión pública se
sintió un clamor para que fuese castrado.
Ni la castración ni la pena de muerte existen en nuestro cuerpo de
leyes, pero es sintomático que ambas penas extremas sean a menudo
invocadas públicamente como las opciones ideales para castigar a los
criminales y violadores. Más que invocarlas, con frecuencia se han
registrado linchamientos o intentos de linchamientos contra autores de
fechorías.
En el día de ayer, un tribunal de San Francisco de Macorís decidió
que vayan a juicio de fondo, susceptibles de ser condenados a la pena
máxima, los autores materiales o intelectuales del crimen de la joven
Emely Peguero, mientras en la capital un juez de atención permanente
ordenó un año de prisión preventiva contra Henry Daniel Lorenzo Ortiz,
el asesino de la joven Anneris Peña Pérez, dentro de una joyería.
Lo que espera la sociedad es que, tanto en estos casos como en otros
que se encuentran en el ámbito procesal jurídico, la justicia actúe a la
altura de la gravedad de hechos que han conmocionado y consternado a la
sociedad, medidos en la profundidad de los daños materiales, traumas
físicos y psicológicos causados a las víctimas.
La aspiración de la sociedad es que las infracciones a la ley, sean
cuales fuesen, no queden sin juzgarse ni sancionarse, porque esto abre
las puertas a la impunidad y a la desconfianza en un sistema llamado a
preservar la majestad de la ley de la República, por encima de todo.
Tomado del editorial de
de la fecha
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