El escándalo desatado por la admisión de la firma
brasileña Odebrecht ante la justicia de Estados Unidos de que pagó
sobornos por más de mil millones de dólares para agenciarse contratos de
obras en países de tres continentes, coloca a las autoridades ante un
desafío sin precedentes en materia de corrupción en las naciones
envueltas en este esquema fraudulento.
Este lunes el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, informó al país durante una conferencia de prensa que ha dispuesto la apertura de una investigación formal en República Dominicana,
que según sus propias palabras, las indagatorias no tendrán límites ni ataduras de ningún tipo, por lo que sus resultados abarcarán a personas físicas, empresas y funcionarios públicos que pudieran tener relación directa o indirecta con prácticas reñidas con la ley y los sobornos admitidos por la propia empresa.
A juzgar por las declaraciones del máximo representante del Ministerio Público, esta investigación va en serio y para cumplir con el rigor está solicitando a todas las instituciones del Estado que hayan realizado contratos con Odebrecht desde el año 2001 a la fecha, que en el plazo de 48 horas remitan a la Procuraduría toda documentación -sin excepción- relativa a esos convenios y la identificación de todas las personas vinculadas con las negociaciones o las licitaciones de obras.
Este lunes el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, informó al país durante una conferencia de prensa que ha dispuesto la apertura de una investigación formal en República Dominicana,
que según sus propias palabras, las indagatorias no tendrán límites ni ataduras de ningún tipo, por lo que sus resultados abarcarán a personas físicas, empresas y funcionarios públicos que pudieran tener relación directa o indirecta con prácticas reñidas con la ley y los sobornos admitidos por la propia empresa.
A juzgar por las declaraciones del máximo representante del Ministerio Público, esta investigación va en serio y para cumplir con el rigor está solicitando a todas las instituciones del Estado que hayan realizado contratos con Odebrecht desde el año 2001 a la fecha, que en el plazo de 48 horas remitan a la Procuraduría toda documentación -sin excepción- relativa a esos convenios y la identificación de todas las personas vinculadas con las negociaciones o las licitaciones de obras.
Odebrecht admitió que desembolsó 92 millones de dólares, entre 2001 y
2014, en la República Dominicana a “funcionarios e intermediarios del
Gobierno” y, como resultado, obtuvo beneficios de 163 millones de
dólares.
Rodríguez declaró ayer que desde que se conocieron los documentos
divulgados por la Fiscalía del Distrito Oeste de Nueva York y el
Departamento de Justicia de Estados Unidos, tramitó solicitudes de
documentación con detalles que permitan apoyar las investigaciones en
República Dominicana.
El compromiso asumido públicamente por Rodríguez es el de que todo
funcionario que se compruebe que haya recibido soborno o algún beneficio
particular directo o indirecto, será sometido a la acción de la
justicia sin importar de quién se trate, ni en cuál período de gobierno
haya servido.
Si el Procurador hace concordar sus palabras con los hechos, no cabe
duda de que en el país estamos asistiendo a una nueva época en la que la
lucha contra la corrupción dejará de ser una palabra hueca para
convertirse en una posibilidad real de adecentar el ejercicio del
servicio público. ¡Esperemos con paciencia!
El escándalo desatado por la admisión de la firma brasileña
Odebrecht ante la justicia de Estados Unidos de que pagó sobornos por
más de mil millones de dólares para agenciarse contratos de obras en
países de tres continentes, coloca a las autoridades ante un desafío sin
precedentes en materia de corrupción en las naciones envueltas en este
esquema fraudulento.
Este lunes el procurador general de la República, Jean Alain
Rodríguez, informó al país durante una conferencia de prensa que ha
dispuesto la apertura de una investigación formal en República
Dominicana, que según sus propias palabras, las indagatorias no tendrán
límites ni ataduras de ningún tipo, por lo que sus resultados abarcarán a
personas físicas, empresas y funcionarios públicos que pudieran tener
relación directa o indirecta con prácticas reñidas con la ley y los
sobornos admitidos por la propia empresa.
A juzgar por las declaraciones del máximo representante del
Ministerio Público, esta investigación va en serio y para cumplir con el
rigor está solicitando a todas las instituciones del Estado que hayan
realizado contratos con Odebrecht desde el año 2001 a la fecha, que en
el plazo de 48 horas remitan a la Procuraduría toda documentación -sin
excepción- relativa a esos convenios y la identificación de todas las
personas vinculadas con las negociaciones o las licitaciones de obras.
Odebrecht admitió que desembolsó 92 millones de dólares, entre 2001 y
2014, en la República Dominicana a “funcionarios e intermediarios del
Gobierno” y, como resultado, obtuvo beneficios de 163 millones de
dólares.
Rodríguez
declaró ayer que desde que se conocieron los documentos divulgados por
la Fiscalía del Distrito Oeste de Nueva York y el Departamento de
Justicia de Estados Unidos, tramitó solicitudes de documentación con
detalles que permitan apoyar las investigaciones en República
Dominicana.
El compromiso asumido públicamente por Rodríguez es el de que todo
funcionario que se compruebe que haya recibido soborno o algún beneficio
particular directo o indirecto, será sometido a la acción de la
justicia sin importar de quién se trate, ni en cuál período de gobierno
haya servido.
Si el Procurador hace concordar sus palabras con los hechos, no cabe
duda de que en el país estamos asistiendo a una nueva época en la que la
lucha contra la corrupción dejará de ser una palabra hueca para
convertirse en una posibilidad real de adecentar el ejercicio del
servicio público.
¡Esperemos con paciencia!
Tomado del editorial de
de la fecha
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