Que se busque un consenso para las grandes
decisiones nacionales, el rol de contrapeso -y hasta el control- de
quien detente el poder político, todo eso es bueno, siempre y cuando no
rompa las reglas de juego que el país se ha dado ni le quite las
funciones institucionales a los órganos correspondientes. De ahí que ha
hecho bien el presidente del Senado, Reinaldo Pared, al responder
categóricamente que “ese no es el escenario”, cuando el PRM que lideran
Hipólito y Luis ha querido condicionar el respaldo a la Ley de Partidos y
la Electoral a que se den -o se digan- ahora, en el marco del diálogo
que coordina monseñor Agripino Núñez Collado, los nombres de las
personas que habrán de integrar el nuevo equipo de la Junta Central
Electoral (JCE).
Lo primero es lo primero, y todo lo que se haga tiene que ser conforme a las reglas y para fortalecer el sistema, nunca por presión ni amenazas de prender la pradera. En el caso del PRM, se entiende que reclame, que proponga y quiera ganar espacio, pero debe hacerlo en el marco de lo legal y de su tamaño, no más allá. Y en cuanto a la sociedad civil -siempre “de la mano” o en coincidencia con la oposición, a veces más allá de su rol-, debería tener más claro que la esencia de su papel institucional es vigilar y abogar porque nos gobiernen bien, no gobernar ella (¿?).
En el caso del PLD, que en su momento fue oposición y recibió su “ayudita” del beligerante sector (ahora con varios miembros muy cerca de las decisiones de poder), no es verdad que se oponga a que la sociedad civil partícipe en el consenso actual con respecto a la Ley de Partidos Políticos, la Electoral y para escoger nuevos árbitros electorales, sino a que la misma quiera llevar la voz cantante, trazar pautas y ser determinante, anulando las funciones de las instancias institucionales, como el caso del Senado de la República.
¿No es muy pretencioso -y peligroso- lo que buscan “en pareja” el PRM y la sociedad civil? A ese ritmo, no muy dilatado se llegaría a la locura de exigir que todo lo que vaya a hacer o decidir el Presidente se someta a consenso o a “una comisión”.Sobre la JCE, procede que se evalúe la capacidad y el desempeño de los que están, algunos de los cuales deben quedarse, y deben ser mejores que algunos a llegar, sin experiencia y a comenzar de cero.
Lo primero es lo primero, y todo lo que se haga tiene que ser conforme a las reglas y para fortalecer el sistema, nunca por presión ni amenazas de prender la pradera. En el caso del PRM, se entiende que reclame, que proponga y quiera ganar espacio, pero debe hacerlo en el marco de lo legal y de su tamaño, no más allá. Y en cuanto a la sociedad civil -siempre “de la mano” o en coincidencia con la oposición, a veces más allá de su rol-, debería tener más claro que la esencia de su papel institucional es vigilar y abogar porque nos gobiernen bien, no gobernar ella (¿?).
En el caso del PLD, que en su momento fue oposición y recibió su “ayudita” del beligerante sector (ahora con varios miembros muy cerca de las decisiones de poder), no es verdad que se oponga a que la sociedad civil partícipe en el consenso actual con respecto a la Ley de Partidos Políticos, la Electoral y para escoger nuevos árbitros electorales, sino a que la misma quiera llevar la voz cantante, trazar pautas y ser determinante, anulando las funciones de las instancias institucionales, como el caso del Senado de la República.
¿No es muy pretencioso -y peligroso- lo que buscan “en pareja” el PRM y la sociedad civil? A ese ritmo, no muy dilatado se llegaría a la locura de exigir que todo lo que vaya a hacer o decidir el Presidente se someta a consenso o a “una comisión”.Sobre la JCE, procede que se evalúe la capacidad y el desempeño de los que están, algunos de los cuales deben quedarse, y deben ser mejores que algunos a llegar, sin experiencia y a comenzar de cero.
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