lunes, 26 de septiembre de 2016

¡La pobre Juliana!

El pasado viernes --que estábamos a 23 de septiembre--, se cumplieron tres años de haber sido emitida la sentencia TC 168-13, que si bien significó un reforzamiento de la frontera jurídica al refrendar los criterios sobre el otorgamiento de la nacionalidad mediante el Jus Soli contenidos en la Ley de Migración, también provocó una solución definitiva al drama humano que padecían miles de ciudadanos haitianos que se encontraban en un limbo jurídico en vista de que la Constitución no les ofrecía posibilidad alguna de obtener la nacionalidad dominicana… …
El país de origen de los padres de esos ciudadanos no les ofrecía facilidades para obtener documentación, y pese a ello, esas personas sólo conocían la República Dominicana porque nacieron de este lado de la isla, nunca habían estado en Haití y nada les unía al país vecino, ni siquiera el vínculo afectivo.

La sentencia declaró inadecuado el procedimiento establecido por la Junta Central Electoral con la resolución 12- 07 que ordenaba a los ofi ciales del Estado Civil que antes de expedir un acta de nacimiento de hijos de extranjeros revisaran las declaraciones para verifi - car que estaban debidamente soportadas por el permiso de residencia legal de --por lo menos--, uno de los padres del declarado.

También ordenó la entrega de los documentos a quienes los requirieran, y que si la Junta entendía que el acto presentado como soporte era irregular, se acudiera a las vías del Derecho para que su validez o nulidad fuera determinada por un tribunal judicial.

Esa decisión trajo consigo la ley 169- 14, pilar sobre el que resolvieron sus problemas miles de personas entrampadas en un esfuerzo legítimo para renovar y obtener documentos que entendían legales, pero que no eran válidos de acuerdo a las disposiciones de la Constitución y de la Ley de Migración en lo relativo al otorgamiento de la nacionalidad por el Jus Soli.
Sin embargo, las organizaciones que se lucran de la supuesta defensa de los derechos humanos, y que encabezan una campaña difamatoria contra la República Dominicana, distorsionaron los efectos de la sentencia 168-13 señalando que había creado 200 mil apátridas.

Para esos fi nes instrumentalizaron a Juliana Deguis --quien fue el objeto de la sentencia TC 168-13, aunque sus efectos intercomunis alcanzaran a todas las personas declaradas de forma irregular--, y la convirtieron “en el rostro del racismo dominicano”, la víctima necesaria para encabezar la lucha en contra de una inexistente xenofobia, que según esas entidades operan el Estado y el pueblo dominicanos en contra de los haitianos y sus descendientes.

Andaban con Juliana de aretes, para arriba y para abajo… La exhibían en cada foro, y llegaron al extremo de conseguir que Estados Unidos le otorgara un visado que, ante la falta de pasaporte, estamparon en una hoja de papel.

Han pasado tres años de la vilipendiada sentencia… Y la ley 169-14 resolvió el problema de Juliana y de miles como ella. Por tanto, esa “mercancía” ya no tiene demanda. Lo que venden ahora son 100 mil supuestos apátridas, sin nombres… Fantasmas que sólo se encuentran en las mentes fértiles de los difamadores dominicanos.

Juliana sigue en su mismo batey de Monte Plata, en una pobre casita, pasando trabajo con sus cuatro hijos; quejándose de que quienes antes la mimaban y la instrumentalizaban, ahora la abandonaron a su suerte… …Ya tiene cédula, pero no consigue trabajo porque todo el mundo la conoce y nadie quiere vincularse con ella; puede declarar a sus hijos, pero no tiene dinero ni siquiera para pagar el pasaje que le permita trasladarse a la maternidad de La Altagracia o de Los Mina en procura de la certifi cación de nacidos vivos indispensables para obtener las actas de nacimiento de su prole.

La JCE reveló que en su momento trató de ayudarla a realizar esos trámites pero que sus abogados y “amigos” de entonces le recomendaron no hablar con nadie, y que no acompañara a ningún lado al inspector que ofreció su colaboración. Esos grupos reniegan de Juliana, y hasta llegan a la perversidad de insinuar que “la compraron” porque los ha denunciado, cuando fueron precisamente ellos quienes la usaron --y que luego de sacarle todo lo que podían, cuando ya no les servía para sus intereses--, la desecharon como papel usado para dedicar tiempo a otros “activos” más atractivos para sus patrocinadores.

Que eso iba a ocurrir lo avisamos en un artículo publicado en este diario el 30 de septiembre del 2013, titulado “El drama de Juliana”… Entonces advertimos que usarían a los afectados por la sentencia, que les manipularían para que no se acogieran a ninguna solución que el Estado pudiera ofrecerles y que luego los abandonarían a su suerte.
Ahora la pobre Juliana se lamenta porque se dejó instrumentalizar para fabricar mentiras en contra del país… ¡La infeliz paga culpas de los malvados que la usaron y luego la tiraron!
Por Óscar Medina ;-