viernes, 21 de agosto de 2015

Denuncian planes del Gobierno para eliminar la seguridad social de la Policía

Al centro, el general retirado Guarionex Agüero
Encarnación, presidente del Igrepol,
junto a parte de la directiva
Generales retirados dicen liquidación ARS-PN fue ordenada por el presidente Medina; Sisalril ha advertido violación a ley 
Santo Domingo;- El Gobierno tiene en marcha un plan para la desaparición de la Aseguradora de Riesgos de Salud de la Policía Nacional (ARS-PN) y su Sistema Integral de Seguridad Social, con lo que perjudicaría de forma directa las condiciones de vida de unas 350,000 personas: 29,944 agentes activos y 20,000 pensionados y jubilados, así como sus padres, cónyuges e hijos.
La denuncia fue hecha por el Instituto de Generales Retirados de la Policía Nacional (Igrepol), que afirmó que el seguro policial está siendo desmantelado por el Senasa y la ARS-PN, “cumpliendo órdenes del presidente Danilo Medina, que lo anunció en el acto de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero de 2014”.
Sin embargo, la directiva del Igrepol cree que la decisión el presidente Medina “está cargada de buenas intenciones”, pero que el mandatario no ha sido bien informado en cuanto a lo legal, comunicaciones y relación costo-beneficio frente a los policías y su Sistema Integral de Seguridad Social, compuesto por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), la ARS-PN y el Comité de Retiro de la Policía Nacional (Corepol).
El abogado Guarionex Agüero Encarnación, general de brigada retirado de la Policía y quien preside el Igrepol, dijo que ante esa situación, la jefatura de la Policía Nacional simplemente obedece sin cuestionar el hecho de que serían grandemente perjudicados en momento en que se habla de elevar los niveles de vida de los agentes del orden en el marco de hacer más efectiva la lucha contra el crimen y enfrentar la inseguridad ciudadana.
Agüero Encarnación conversó con elCaribe durante una visita realizada al director de este diario, Osvaldo Santana, acompañado de una comitiva integrada por los generales de brigadas retirados Juan Antonio Mejía Ruiz, vicepresidente; Fernando Cabrera Cabrera, secretario, y los vocales Luis José Sánchez, Ulises Montilla Chevalier y la doctora Juana Camilo.
Irían al Régimen Subsidiado
Agüero Encarnación dijo que dentro de los planes para desmantelar la ARS-PN se contempla pasar a los agentes al Régimen Subsidiado, grupo que no tiene derecho a los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia.
“Pero además cada policía tendría que pagar 843 pesos por cada familiar directo que se afilie al Senasa, como son los padres, la esposa o el esposo y los hijos, aparte de que nuestro seguro no tiene límites en la cobertura de medicamentos, con un promedio de uso de cinco mil pesos al mes, mientras que en el Senasa la cobertura es de tres mil pesos al año”, apuntó.
“Otro gran perjuicio sería que la pensión mínima del Régimen Subsidiado es inferior a la pensión mínima del Régimen Contributivo, por lo que para un gobierno como el del honorable presidente Danilo Medina esto debe ser inaceptable, además de ilegal”, subrayó.
Asimismo, recordó que la resolución 141-2007 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) establece que las ARS autogestionadas, como la de la Policía, afiliarán de manera exclusiva a los empleados y trabajadores de la institución o ramo profesional a la que pertenezca la aseguradora.
Agüero Encarnación dijo que como parte de los planes de liquidación de la ARS-PN el gobierno le ha dejado de pagar RD$6,000 millones, con los que puede construir hospitales regionales para la Policía y el Hospital del Pensionado.
Explicó que la deuda se deriva del hecho de que el gobierno no ha transferido a la ARS-PN el 70% del costo total de la cotización que el Estado como empleador debe hacer para financiar el Seguro Familiar de Salud, el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, así como el 100% del Seguro de Riesgos Laborales.
“Eso quiere decir que la ARS de la Policía Nacional es la única autogestionada que se financia en su totalidad, y que por lo tanto ni está en quiebra ni ha sido liquidada, que son las condiciones que exige la ley para pasar los afiliados de una ARS a otra”, precisó.
Agüero Encarnación afirmó que con el traspaso de los afiliados de la ARS-PN al Senasa la institución estaría aportando a la aseguradora estatal unos RD$100 millones al mes, “es decir, la Policía estaría capitalizando y financiando al Senasa”.
Sisalril advirtió al Senasa
Guarionex Agüero Encarnación dijo que tan pronto el presidente Medina hizo el anuncio del traspaso de los afiliados de la ARS-PN al Senasa el Igrepol ha enviado comunicaciones tanto al jefe del Estado como a la Sisalril, al Senasa, a la jefatura de la Policía y a la Seguridad Social, pero que no les han hecho caso: “Solo la Sisalril nos ha respondido, y la Policía lo que ha estado haciendo es dando los pasos obedientemente”.
En ese sentido mostró una comunicación del 5 de marzo de este año enviada por el entonces superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Fernando Caamaño, al actual director del Senasa, Chanel Rosa Chupani, en la que le advierte que para la ARS estatal proceder a afiliar a los agentes policiales y dependientes antes la Policía Nacional debe solicitar la deshabilitación de la ARS-PN.
Igualmente, la Policía Nacional debe registrar la nómina de sus empleados en la Tesorería de la Seguridad Social con el objeto de que éstos coticen para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, así como el Seguro de Riesgos Laborales, por lo que deben afiliarse al Régimen Contributivo.
“Si los miembros de la Policía Nacional se afiliaran a la seguridad social a través del Régimen Subsidiado se incurriría en la violación del artículo 7 de la Ley No. 87-01”, subraya la carta de Caamaño.
Igualmente, la carta de Caamaño precisa que “esto representaría un grave perjuicio para los miembros de la Policía Nacional, toda vez que los afiliados del Régimen Subsidiado no tienen derecho a los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia y a los beneficios del Seguro de Riesgos Laborales”.
¿Por qué a la Policía?
Al hacer la denuncia, los directivos del Igrepol se preguntaron por qué pretender desmantelar el Sistema Integral de Seguridad Social de la Policía Nacional en momento en que la delincuencia y la criminalidad van en aumento y los agentes policiales ganan salarios de miseria. Agüero Encarnación observó que mientras esos planes contra la Policía se ponen en marcha, no se tocan otros sistemas como son los que rigen en el Senado y la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral y el Ministerio de Defensa. “Ellos deben saber que nosotros no vamos a permitir que por una voluntad política se perjudique la vida de más de trescientos cincuenta mil personas, que son los miles y miles de policías activos y retirados, sus padres, sus esposas y esposas y sus hijos, eso no lo vamos a permitir”, advirtió.
Buscarán que los policías ejerzan el derecho al voto
Los directivos del Igrepol anunciaron que tienen en carpeta un proyecto de ley mediante el cual se busca la colegiación de la carrera policial, que se le otorgue a los agentes policiales la calidad jurídica de poder deliberar en cuanto a los aspectos inherentes al trabajo policial y cuestiones sociales, así como que se les permita ejercer el derecho al voto. Los directivos del Igrepol vindicaron el derecho que tienen los agentes policiales a decidir en las urnas su destino. “El policía abogado vota en el Colegio de Abogado, el periodista en el Colegio de Periodista y el médico lo hace en el Colegio Médico, entonces, por qué si arriesgamos y perdemos la vida por la seguridad de los ciudadanos no podemos ejercer el voto en las elecciones”, apuntó el general retirado Agüero Encarnación.
Instituto, tras bienestar de los policías en retiro
El Igrepol es un organismo colegiado que tiene como principio básico el promover actividades que tiendan a la integración efectiva de sus miembros, tales como conferencias, charlas, seminarios, y cualquier evento social y cultural que ayude al crecimiento personal de todos, además prohíbe la discriminación por militancia política, religión, raza, sexo. Respeta el credo político de sus miembros, pero prohíbe a lo interno el promover intereses partidarios. Se rige por Estatutos y reglamentaciones internas que norman su funcionalidad, apegados a las leyes de la República y los principios constitucionales. Su herramienta guía es una directiva compuesta por 11 miembros electos cada dos años por el voto secreto y libre, en elecciones que se llevan a cabo en una Asamblea General Extraordinaria.