Hace apenas tres semanas escribí sobre la infame acusación contra
nuestro país que se había originado ante el subcomité de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Representante del Congreso de los Estados
Unidos por parte del Centro Robert Kennedy, alegando falsamente que el
Estado dominicano había desnacionalizado a cientos de miles de supuestos
dominicanos de origen haitiano, convirtiéndolos en apátridas.
En la semana pasada el Director del ACNUR Gonzalo Vargas Llosa anunció
la realización el próximo día 17 de septiembre de un conclave
internacional de apatridia en La Haya, patrocinado por ese organismo de
Naciones Unidas, al cual será llevada como una especie de heroína, la
señora Juliana Deguis Pierre, para lo cual se está gestionando el
pasaporte correspondiente.
Una conjura de grandes proporciones contra la Nación está en marcha.
Según nuestras informaciones está todo preparado para convertir a la
señora Juliana Deguis en un símbolo mundial contra el racismo y la
xenofobia, que salió victoriosa gracias a la presión internacional,
frente al supuesto estado de Apartheid del Caribe que representa
República Dominicana, como diabólicamente idearon mentes retorcidas del
patio, conjuntamente con el gobierno haitiano y la comunidad
internacional.
El plan está meridianamente claro. La comunidad internacional que ha
mantenido a Haití intervenido durante décadas y que no le ha interesado
para nada resolver el problema de la documentación de su población,
pretende usar esa falta de documentación para justificar la acusación
apatridia contra la República Dominicana, desconociendo que los hijos de
haitianos ilegales nacidos en nuestro territorio son haitianos por el
Jus Sanguini ordenado por la Constitución haitiana, por lo que jamás se
podría alegar apatridia. Es bueno precisar que el apátrida es aquella
persona que carece de nacionalidad. ¿Por qué le interesa tanto a la
comunidad internacional y a la cuadrilla de traidores del patio que le
sirven, alegar apatridia para cientos de miles de haitianos, hijos de
ilegales que digan haber nacido en el territorio dominicano? Porque
conforme a los tratados internacionales la apatridia es el único caso en
que se puede obligar a un estado a otorgarle su nacionalidad a una
persona.
Resulta clave para los planes de fusión de República Dominicana y Haití
convertir a cientos de miles de haitianos ilegales en ciudadanos
dominicanos en corto plazo; abriendo paso a la creación de un poder
político-electoral determinante, en capacidad de trazar políticas
públicas de nuestro país.
El plan macabro de alegar apatridia en el extranjero coincide con las
quejas externadas por el Centro Bonó y la llamada Plataforma 169,
quejándose amargamente de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Interior
y Policía encargada de llevar a cabo el proceso en virtud de la Ley
169-14 y su Reglamento 250. Las ONGs pagadas y los reconocidos traidores
del patio, han quedado al descubierto, cuando entre sus quejas
fundamentales contra el Ministerio de Interior y Policía y la Unidad
Ejecutora del proceso está que la misma requiere r a los solicitantes
documentos de identificación de por lo menos unos de sus padres
extranjeros, lo que resulta imprescindible por lo dispuesto en el
Artículo 1 literal b de la Ley 169-14 referente al objeto mismo de dicha
norma legal.
Dicha disposición establece que para acogerse a la Ley 169-14 no sólo
hay que probar el nacimiento en la República Dominicana, sino también
que se es hijo de extranjero en condición migratoria irregular no
inscrito en el Registro Civil.
El plan de ACNUR, Centro Bonó y demás ONGs es lograr la inscripción en
el Libro de Extranjería de la Junta Central Electoral sin tener que
aportar ninguna documentación probatoria que certifique que el
solicitante es hijo de un extranjero en condición migratoria irregular
y, más importante aún, sin establecer cual es su identidad real, que no
puede ser probada sin la filiación e identificación de al menos uno de
sus padres.
El móvil perverso de todas estas maquinaciones ha sido que el Estado
dominicano y sobre todo la Junta Central Electoral caiga de manera
ilegal e inconstitucional en la trampa histórica de fabricar un libro de
identidades inventadas y de apátridas, ya que a Haití le bastaría con
negar que las personas mencionadas en la solicitudes como padres
extranjeros sean ciudadanos de su país. De esa forma el libro de
Extranjería de la JCE quedaría como una prueba perfecta para intentar
validar las acusaciones infames de apatridia contra la República
Dominicana.
Ante la existencia de esta poderosa conjura anuncio que en la tarde de
hoy como Diputado de la Fuerza Nacional Progresista estaré depositando
en la Junta Central Electoral una instancia formal denunciando la misma y
requiriendo de este organismo, como guardián supremo de la identidad
civil en la República Dominicana, verificar de forma estricta el
cumplimiento de la Constitución y las Leyes dominicanas y la necesidad
imperiosa de salvaguardar la seguridad de la identidad nacional, antes
de proceder a cualquier inscripción de ciudadano extranjero en virtud de
la Ley 169-14 y su Reglamento 250.
¡La conjura contra República Dominicana no pasará!
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