El Poder Judicial da pasos firmes para sanearse

Mariano Germán.

 

 

Los traslados y cancelaciones de jueces y funcionarios del Ministerio Público sugieren que en el Poder Judicial existe una voluntad aparente de limpiar ese poder del Estado. Tal proceder se compadece con la comprensión de que la Justicia es garante de la seguridad ciudadana sólo en la medida en que los criminales reciben justas condenas y el Ministerio Público actúa con transparencia frente a la criminalidad.

El cuestionamiento a la Justicia tiene una base en la creciente criminalidad en la sociedad dominicana. A veces los agentes represivos detienen y presentan cargos contra ciudadanos identificados como delincuentes, que suelen recobrar su libertad con facilidad. Recientemente, algunos criminales detenidos en acciones directas tenían penas que cumplir y no siempre se explica cómo lograran la libertad.

Señales de cambios 

Las primeras señales de cambios fueron dadas por el Consejo del Poder Judicial en fecha 29 de marzo del presente año, cuando este apoderó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de una lista de 117 jueces propuestos como candidatos a ser promovidos, provocando, tras la aprobación por parte del Pleno de más de 94% de las candidaturas, un movimiento masivo de jueces en todo el país.

Tras esta medida, cortes como la de San Cristóbal, cuyos jueces siempre fueron criticados por sus decisiones, fueron remozadas. A esta demarcación pertenecía el magistrado Francisco Mejía Angomás, quien fue destituido del Poder Judicial por sus reiteradas faltas en el de-sempeño de sus funciones. 

La lista de los destituidos este año la encabezan los magistrados Altagracia Sánchez Molina y Adolfo Oscar Caraballo Meriño. Otras destituciones que motivaron incluso la sublevación de algunos jueces son la de los magistrados Luisa Rosa García Polanco y Gabriel Marchena Adames, ambos de Santiago.
Desde 1998, al menos 80 jueces han sido juzgados por presuntas faltas. 

Destitución 

El Consejo del Poder Judicial está apoderado de una solicitud de juicio disciplinario y una denuncia en contra del juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, José Ignacio Medrano Quéliz, quien fue suspendido para que no pudiera intervenir en la etapa de investigación que se sigue en su contra. El juez es investigado por manejo torpe en sus funciones y faltas en el ejercicio.

Entretanto, la secretaria de Quéliz fue suspendida porque según la comisión de Inspectoría de la Suprema, ésta había indicado a los empleados del lugar cómo debían contestar a los inspectores cuando se presentaran para investigar determinadas situaciones. 

Medrano Quéliz ingresó al sistema judicial el 23 de septiembre de 1992, hace 20 años, y devenga un salario bruto de RD$92 mil 400 pesos. 

Magistrada se defiende 

El juez de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, Ramón Báez, aplazó para el próximo lunes a las 10 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra los fiscales acusados de recibir 500 mil pesos como soborno para favorecer a un imputado. Esta es la segunda vez que se reenvía la audiencia contra los fiscales Soreiny Vargas y Pedro Adael García, pero en esta ocasión para que los abogados de la defensa conozcan los medios de prueba que harían valer las acusaciones que hace Ministerio Público.

Vargas, al hablar para elCaribe, se desvinculó de todo lo que se le imputa y dijo que el dinero que le iban a llevar a su casa pertenecía a un decomiso realizado a Sterling Villalón.

Solicitan la destitución de fiscal adjunta

La Procuraduría General de la República no se queda atrás, en solo una solicitud, el Departamento de Inspectoría General del Ministerio Público pidió, en agosto pasado, la suspensión sin disfrute de sueldo de doce fiscales acusados de la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Algunos de los suspendidos fueron enviados a juicio disciplinario como es el caso de Leiny Rosario Solís, contra quien las autoridades del Ministerio Público solicitaron ante el Consejo Disciplinario de esa institución que sea destituida, inhabilitada para ejercer para toda la vida en la entidad y la inhabilitación por cinco años ante cualquier institución pública de la procuradora fiscal de La Vega, Leiny Rosario Solís, quien fue sometida a juicio disciplinario por presuntamente haber protegido a un narcotraficante. Tras terminar los debates los miembros del Consejo se reservaron el fallo que será dado este próximo 17 de enero.