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| Mariano Germán. |
Los traslados y cancelaciones de jueces y funcionarios del
Ministerio Público sugieren que en el Poder Judicial existe una voluntad
aparente de limpiar ese poder del Estado. Tal proceder se compadece con
la comprensión de que la Justicia es garante de la seguridad ciudadana
sólo en la medida en que los criminales reciben justas condenas y el
Ministerio Público actúa con transparencia frente a la criminalidad.
El
cuestionamiento a la Justicia tiene una base en la creciente
criminalidad en la sociedad dominicana. A veces los agentes represivos
detienen y presentan cargos contra ciudadanos identificados como
delincuentes, que suelen recobrar su libertad con facilidad.
Recientemente, algunos criminales detenidos en acciones directas tenían
penas que cumplir y no siempre se explica cómo lograran la libertad.
Señales de cambios
Las
primeras señales de cambios fueron dadas por el Consejo del Poder
Judicial en fecha 29 de marzo del presente año, cuando este apoderó al
Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de una lista de 117 jueces
propuestos como candidatos a ser promovidos, provocando, tras la
aprobación por parte del Pleno de más de 94% de las candidaturas, un
movimiento masivo de jueces en todo el país.
Tras esta medida,
cortes como la de San Cristóbal, cuyos jueces siempre fueron criticados
por sus decisiones, fueron remozadas. A esta demarcación pertenecía el
magistrado Francisco Mejía Angomás, quien fue destituido del Poder
Judicial por sus reiteradas faltas en el de-sempeño de sus funciones.
La
lista de los destituidos este año la encabezan los magistrados
Altagracia Sánchez Molina y Adolfo Oscar Caraballo Meriño. Otras
destituciones que motivaron incluso la sublevación de algunos jueces son
la de los magistrados Luisa Rosa García Polanco y Gabriel Marchena
Adames, ambos de Santiago.
Desde 1998, al menos 80 jueces han sido juzgados por presuntas faltas.
Desde 1998, al menos 80 jueces han sido juzgados por presuntas faltas.
Destitución
El
Consejo del Poder Judicial está apoderado de una solicitud de juicio
disciplinario y una denuncia en contra del juez de Ejecución de la Pena
de San Cristóbal, José Ignacio Medrano Quéliz, quien fue suspendido para
que no pudiera intervenir en la etapa de investigación que se sigue en
su contra. El juez es investigado por manejo torpe en sus funciones y
faltas en el ejercicio.
Entretanto, la secretaria de Quéliz fue
suspendida porque según la comisión de Inspectoría de la Suprema, ésta
había indicado a los empleados del lugar cómo debían contestar a los
inspectores cuando se presentaran para investigar determinadas
situaciones.
Medrano Quéliz ingresó al sistema judicial el 23 de
septiembre de 1992, hace 20 años, y devenga un salario bruto de RD$92
mil 400 pesos.
Magistrada se defiende
El
juez de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, Ramón Báez,
aplazó para el próximo lunes a las 10 de la mañana el conocimiento de la
medida de coerción contra los fiscales acusados de recibir 500 mil
pesos como soborno para favorecer a un imputado. Esta es la segunda vez
que se reenvía la audiencia contra los fiscales Soreiny Vargas y Pedro
Adael García, pero en esta ocasión para que los abogados de la defensa
conozcan los medios de prueba que harían valer las acusaciones que hace
Ministerio Público.
Vargas, al hablar para elCaribe, se
desvinculó de todo lo que se le imputa y dijo que el dinero que le iban a
llevar a su casa pertenecía a un decomiso realizado a Sterling
Villalón.
Solicitan la destitución de fiscal adjunta
La Procuraduría General de la República no se queda atrás, en solo
una solicitud, el Departamento de Inspectoría General del Ministerio
Público pidió, en agosto pasado, la suspensión sin disfrute de sueldo de
doce fiscales acusados de la comisión de faltas graves en el ejercicio
de sus funciones.
Algunos de los suspendidos fueron enviados a
juicio disciplinario como es el caso de Leiny Rosario Solís, contra
quien las autoridades del Ministerio Público solicitaron ante el Consejo
Disciplinario de esa institución que sea destituida, inhabilitada para
ejercer para toda la vida en la entidad y la inhabilitación por cinco
años ante cualquier institución pública de la procuradora fiscal de La
Vega, Leiny Rosario Solís, quien fue sometida a juicio disciplinario por
presuntamente haber protegido a un narcotraficante. Tras terminar los
debates los miembros del Consejo se reservaron el fallo que será dado
este próximo 17 de enero.
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