Candidatos que cierran los ojos y se extienden las manos, sin importar de dónde provenga el dinero, y luego contratos, leyes, designaciones que afectan a los ciudadanos y lastran el desarrollo nacional.
Personas y grupos que reciben o se apoderan de áreas de gobierno en correspondencia con el dinero aportado en el proceso electoral, ausentes competencias y vocación para los altos cargos usurpados.
“El mecanismo” no se lo inventó Odebrecht, sino que se instaló a pocos años del nacimiento de la República y pese a discursos sobre transparencia y leyes y decretos, esa hidra de la corrupción pervive.
Balaguer, desde su primera “elección” en l966 prefirió a los ingenieros, aunque sin exclusividad, para procurar recursos de campaña, además de las amplias “licencias” a funcionarios. En un momento gritó que “la corrupción se para a la puerta de mi despacho”.
Los gobiernos perredeistas replicaron el modelo con torpeza fruto de la inexperiencia, mientras que los peledeistas, pese a que auspiciaron numerosas leyes y normas de controles, tuvieron “iniciativas ingeniosas” para la acumulación económica, transformándose el PLD en un partido-Estado. En su último tramo, clanes de allegados y familiares del entonces presidente Danilo Medina disputaron espacio a sectores económicos y en la actualidad él está bajo investigación y cercanos colaboradores y parientes imputados por corrupción.
Los perremeistas, en prolongada “sequía” desde el 2004, y con un partido en construcción, abrieron desde 2016 puertas y ventanas a postulaciones y financiamientos, con débiles filtros, que le han generado serias dificultades locales e internacionales.
Eran relativamente tímidos los recursos privados para las candidaturas del PRM, con denuncias de veladas amenazas oficialistas a empresarios, hasta que se desbordó la ola anticorrupción, se dividió el PLD y Medina escogió al peor de los candidatos para enfrentarlo a Luis Abinader. Todo cambió, pero ya había muchos compromisos.
Desde que asomaron las primeras denuncias de corrupción, vinculándose a dirigentes perremeistas o allegados que podrían estar relacionados a financiamientos, Abinader fue contundente en el sentido de que no apañaría irregularidades ni protegería a compañeros partidarios.
El mandatario ha dispuesto cancelaciones y suspensiones de funcionarios que han sido mencionados o sometidos a la justicia por alegadas irregularidades administrativas.
Empero, han persistido denuncias de cobro de “peajes” para facilitar algún permiso o servicio en instituciones públicas.
Hay personas que bajo protección de sus nombres cuentan a periodistas situaciones de corrupción en ministerios y direcciones generales del gobierno, sin que necesariamente alcancen a los funcionarios cabezas de esas instituciones.
El ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido mencionado consistentemente como un lugar donde se cobra para determinados permisos.
En el caso de Miguel Cruz, acusado de asesinar a Orlando Jorge Mera por su negativa a firmarle un permiso para la exportación de unas 5 mil toneladas de baterías usadas, el imputado habría reivindicado sus aportes a la campaña para justificar que merecía concesiones en el ministerio.
¿Qué otros funcionarios estarían bajo presión de personas que se creen con derecho a favores extraordinarios por su contribución en campaña? Peor aún: ¿cuántos complacen de forma ventajosa a esos financiadores o compañeros “meritorios”, en detrimento de una sana administración pública.
En agosto, supongo, se relanzará el gobierno con miras a validar la repostulación del presidente Abinader y habrá que identificar a sustentadores económicos de las candidaturas.
¿Cuál será el criterio para la reestructuración y relanzamiento? Son muchos los “quemados”
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