LA COALICIÓN PARA LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA DEMOCRACIA EMPLAZA
AL PRESIDENTE DANILO MEDINA A ORDENAR EL CESE INMEDIATO DE LA OCUPACIÓN
MILITAR DEL CONGRESO, ASÍ COMO A INVESTIGAR AL DIPUTADO MANUEL DÍAZ
La Coalición para la Defensa de la Constitución y la Democracia denuncia y condena, de manera firme y categórica, la abusiva e inconstitucional ocupación militar a que ha sido
sometido el Congreso Nacional, lo cual demuestra que nuestra Nación está, lamentablemente, en presencia de una suerte de golpe de estado institucional en perjuicio de la independencia de su Poder Legislativo y del sagrado
imperio de su Constitución.
El artículo 252
inciso b) de la Constitución dispone que las Fuerzas Armadas de la Nación sólo podrán ser llamadas en auxilio de la Policía Nacional, cuando esta no tiene los
recursos o es sobrepasada, en situaciones excepcionales y siempre por orden expresa del Presidente de la
república.
Es de ahí que la sociedad dominicana jamás
comprenderá las razones por las cuales el Congreso Nacional empezó a ser cercado y ocupado por tropas militares en la noche del domingo 23 junio, aún antes de que se produjera la más mínima asistencia o manifestación
de ciudadanos en sus inmediaciones.
Resulta alarmante que el contingente de tropas militares que
ocuparon el Congreso se aumentara, según reportes de prensa, vertiginosamente, a miles de efectivos, armados con
los más sofisticados y letales, armamentos de guerra,
mostrados pública y amenazadoramente.
Más alarmante aún es que, tal y como fuera denunciado en
rueda de prensa celebrada desde el mismo Congreso por el presidente del principal partido de oposición, Senador José Paliza, decenas de militares, con armas largas, fueran apostados en el interior del Edificio, en pasillos y hasta baños, en una evidente maniobra para tratar de amedrentar a los legisladores que se oponen al
proyecto de reforma que estaba planeado para ser
depositado al día siguiente al que se inició la ocupación militar. Es por demás preocupante el hecho de que esta medida crea una muy difícil e injusta situación
para toda la Nación y también para los propios
militares, al querer imponérseles una tarea abiertamente
inconstitucional, sobre todo, cuando incluye la represión de manifestaciones cívicas que lo que abogan es, precisamente, porque se respete la Constitución.
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