El mundo político ha quedado estremecido por un
sorpresivo y extraño híbrido que ha creado la Junta Central Electoral
(JCE) al autorizar dos sistemas diferentes de votación en las próximas
elecciones legislativas de 2020.
Se ha generado un repudio a la resolución que permite que se les
computen a los candidatos a senadores los votos obtenidos por sus pares
diputados del mismo partido en cinco provincias y el Distrito Nacional,
mientras en cambio prohíbe este mecanismo de arrastre en el resto de las
26 provincias del país.
En virtud de que la Constitución de la República establece con
absoluta claridad el derecho fundamental del ciudadano a elegir y ser
elegido, este mandato tiene que ser obligatoriamente garantizado por la
JCE sin fórmulas duales.
Bajo ningún subterfugio o disposición administrativa puede aceptarse
que los más de 7 millones de ciudadanos con derecho a elegir y ser
elegidos, queden segregados en sistemas o modalidades diferentes.
En los hechos, este inesperado y extraño híbrido electoral de la JCE
parece conculcar el derecho de los ciudadanos de seleccionar a un
senador de un partido y un diputado de otro en todas las jurisdicciones
electorales, como debería ser en una democracia que se precie de
auténtica y sana.
Al eliminar el arrastre del senador por el voto emitido para un
diputado en 26 provincias, en apego a la Ley Electoral, la JCE está
garantizando justamente el derecho que les corresponde a todos los
ciudadanos en capacidad de votar.
Si en este país todos los ciudadanos son iguales ante la ley -y sobre
todo ante la Constitución- queda sobreentendido que para elegir a seis
senadores no se puede disponer un método diferente al que se va a
emplear para escoger a los otros 26.
Tomado del editorial de
de la fecha;- 
No hay comentarios:
Publicar un comentario