Un caso insólito, que solo pudiera ser admisible
si se llevara a una historia de ficción, se produjo en estos días: un
traficante de drogas de la zona Norte dijo públicamente a través de las
redes sociales que quería salir del negocio, pero que las autoridades no
lo dejaban.
La razón que dio fue esta: los policías y los antidrogas de la zona se lucran del trabajo que realiza el traficante, pues semana tras semana paga un peaje de 30,000 pesos para que nadie lo perturbe en su ilícito negocio.
Esta revelación no causó una sorpresa mayor porque la gente parece estar acostumbrada a ver y escuchar testimonios casi semejantes de individuos que, libres o presos, han admitido pagar regularmente fuertes sumas de dinero a las autoridades para poder vender drogas sin ser molestados.
Este tipo de contubernio es catastrófico en una sociedad que sufre en carne propia las secuelas del tráfico y consumo de drogas, porque recluta niños y jóvenes en ambas actividades, porque engendra pandillas barriales o episodios de violencia callejera o intrafamiliar y porque envilece a la autoridad llamada a hacer cumplir la ley, captándola en complicidad y contubernio.
Pese a esas infames conductas y tratativas de unos cuantos, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional, a través de su unidad antinarcóticos, han propinado fuertes golpes al crimen organizado, tanto por el volumen de drogas confiscadas como por el sometimiento a la justicia, en estos siete meses, de 3,753 expedientes por distribución de drogas, 2,635 por tráfico y 2,117 por simple posesión.
Pero todo este esfuerzo y esta sistematicidad en la lucha se ven afectados por aquellos agentes que han descubierto que pueden ganar más dinero que el salario policial aceptando los “peajes” de los narcotraficantes, sin pensar que se hacen culpables de alimentar un flagelo que corroe a la sociedad y que puede alcanzar hasta sus propias familias.
Tomado del editorial de
de la fecha
La razón que dio fue esta: los policías y los antidrogas de la zona se lucran del trabajo que realiza el traficante, pues semana tras semana paga un peaje de 30,000 pesos para que nadie lo perturbe en su ilícito negocio.
Esta revelación no causó una sorpresa mayor porque la gente parece estar acostumbrada a ver y escuchar testimonios casi semejantes de individuos que, libres o presos, han admitido pagar regularmente fuertes sumas de dinero a las autoridades para poder vender drogas sin ser molestados.
Este tipo de contubernio es catastrófico en una sociedad que sufre en carne propia las secuelas del tráfico y consumo de drogas, porque recluta niños y jóvenes en ambas actividades, porque engendra pandillas barriales o episodios de violencia callejera o intrafamiliar y porque envilece a la autoridad llamada a hacer cumplir la ley, captándola en complicidad y contubernio.
Pese a esas infames conductas y tratativas de unos cuantos, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional, a través de su unidad antinarcóticos, han propinado fuertes golpes al crimen organizado, tanto por el volumen de drogas confiscadas como por el sometimiento a la justicia, en estos siete meses, de 3,753 expedientes por distribución de drogas, 2,635 por tráfico y 2,117 por simple posesión.
Pero todo este esfuerzo y esta sistematicidad en la lucha se ven afectados por aquellos agentes que han descubierto que pueden ganar más dinero que el salario policial aceptando los “peajes” de los narcotraficantes, sin pensar que se hacen culpables de alimentar un flagelo que corroe a la sociedad y que puede alcanzar hasta sus propias familias.
Tomado del editorial de
de la fecha
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