Las
partes enfrentadas en el conflicto, el Ministerio de Educación y la
Asociación Dominicana de Profesores (ADP), decidieron dejar en manos del
TSA la solución del diferendo, prometiendo ambos que acatarían el
resultado final.
Este resultado se ha producido, por lo que no ha lugar
ya para entorpecer el trabajo de los nuevos directores designados y
juramentados ni para alentar otras situaciones que interrumpan
innecesariamente el año escolar.
El TSA le ha dado la razón, en buen derecho, al Consejo Nacional de
Educación, órgano rector del sistema, al considerar que su Ordenanza
24-2017, que estableció el reglamento para la selección de los
directores regionales y distritales, no violenta los textos legales.
La razón básica, no oculta, de la insurrección declarada por la ADP
contra el mecanismo de la selección de competencias, era la de maniatar
al Ministerio de Educación e impedirle que eligiera a los candidatos a
partir de sus calidades profesionales, no como se hacía siempre, por
amiguismo o clientelismo político, cuyo monopolio tenía la cúpula del
gremio.
Quitarle ese poder de selección provocó una fuerte reacción de la
dirigencia gremial que la materializó con boicots al proceso, boicot a
la juramentación de los escogidos, paralización de la docencia, marchas
de protesta y, finalmente, la recurrencia al TSA para que dispusiera una
medida cautelar que echara para atrás la decisión del Consejo Nacional
de Educación.
El conflicto entró en un compás de espera hasta que el TSA emitiera
su veredicto. Las partes se comprometieron a acatar la decisión que
fuese.
Lo que se impone ahora es que las partes, responsables del orden y
la normalidad del sistema educativo pre-universitario, hagan los mayores
esfuerzos por restablecer la armonía y la regularidad de las clases en
nuestras escuelas públicas.
Tomado del editorial de
de la fecha
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