La Suprema Corte de Justicia (SCJ) apoderó
al Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional del
expediente en contra de cinco agentes de la Policía acusados de
participar en la muerte a tiros de un taxista y un mecánico en Baní, el
11 de diciembre del 2016.
El pleno del Alto Tribunal acogió el
pedimento de los abogados de la defensa de los ex miembros de la
Dirección de Investigaciones Criminales (DICRIM) por alegada “seguridad
pública” y “sospecha legítima” contra los magistrados que conocieron el
proceso y que le impusieron prisión preventiva a los cincos agentes
envueltos en la muerte del taxista Rubén Darío Díaz Pimentel y del
mecánico Tirson Báez Mejía.
Pese a que son cinco los acusados en dicho
caso, el pedimento de declinatoria, que cayó en el juzgado de
instrucción del magistrado Bernardo Coplin García, los rubrican solo
los tres encartados Robinson Antonio Ovalle Geraldino, Alejandro Bidó
Encarnación y Jesús Sarita Vásquez, representados por sus abogados
Ernesto Félix Santos, Adolfo Salasier Sánchez, Rafael Vásquez Santana y
Josías Benjamín Durán, indica una nota de prensa.
“En el expediente también figuran los
agentes Fanny Mercedes Mejía y Samuel Herrera Peguero, quienes guardan
prisión en la cárcel de Operaciones Especiales, en la Capital, luego de
que el pasado el 8 de marzo del pasado año se le conociera medida de
coerción, en el Tribunal de Atención Permanente de Baní”, aduce.
Agrega que entre los argumentos que
señalaron los abogados de la barra de la defensa de los ex militares,
para solicitar la declinatoria que fue acogida por la SCJ, está el hecho
de que a cada audiencia del juicio preliminar que se le siguió a los
imputados, se presentaban los familiares de los occisos acompañados de
más de un centenar de personas como forma de presionar al juez Bartolomé
Castillo, que conocía el caso.
Aduce que Kenia Peña, viuda del mecánico, y
Arabellys Díaz, hermana del taxista, se constituyeron en parte civil
ante la Fiscalía de la provincia y lograron el apresamiento de los
agentes involucrados en el confuso incidente que dio al traste con la
muerte de Díaz Pimentel y Báez Mejía.
“El hecho de sangre ocurrió, en la
carretera Bani-Sombrero, cuando más de veinte miembros élites del
Dicrim, daban seguimiento a un grupo de delincuentes que supuestamente
planificaban secuestrar al comerciante Roy Peña, empresario banilejo
ligado al sector ferretero, e iniciaron una balacera con los presuntos
atracadores, momentos en que los hoy occisos se desplazaban con sus
vehículos por el lugar, y fueron víctimas del fuego cruzado”, dice el
documento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario