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miércoles, enero 31, 2018

¿Qué es lo que pasa?

No hay sector de la sociedad que se encuentre hoy libre de inquietudes por el incontenible paso de inmigrantes ilegales haitianos hacia nuestro territorio, en gran medida producto de un tráfico aparentemente organizado que deja lucrativos beneficios a las mafias que lo promueven, mas no al país.
Aún cuando contamos con una ley de migración, fuerzas armadas equipadas para la protección de la seguridad nacional y un plan de regularización de extranjeros en el que el gobierno hizo una altísima inversión; aún cuando se ha hecho patente la preocupación de las iglesias, diversos partidos políticos y grupos e instituciones civiles, el trasiego de los ilegales persiste, aumenta y luce inmune a todo control o freno.
Con un consenso nacional favorable a que se apliquen rigurosamente las normativas de migración, tal realidad nos obliga a preguntarnos ¿qué es lo que pasa?
Por qué no hemos sido capaces, como Estado, de hacer valer nuestras propias leyes, primariamente en lo que concierne a la frontera terrestre con Haití, y por qué tampoco hemos sido eficaces para evitar que el plan de regularización de extranjeros, que puede tomarse de modelo en cualquier país, sea desnaturalizado por las masivas falsificaciones de los carnets de residencia temporal y por su propia inutilidad.
Mientras el problema del tráfico humano por la frontera se agudiza y los “coyotes” y autoridades cómplices actúan impunemente en un crimen de lesa humanidad como ese, las respuestas del Estado dominicano a semejante y descarada violación de la soberanía han sido hasta ahora ineficaces, lo que ha dado lugar que el país literalmente esté inundado de inmigrantes ilegales haitianos que desafían, inclusive, otras leyes adjetivas.
Porque participan en horripilantes crímenes, ignoran las normativas de higiene y salubridad urbanas, se involucran en negocios ilícitos, incuban nuevos ghettos en zonas suburbanas, especialmente las turísticas, y aparte de eso fuerzan al gobierno a subsidiar sus atenciones médicas y miles de partos de mujeres haitianas, un amparo que ni siquiera lo reconocen los organismos internacionales que, insensibles al drama de la pobreza haitiana, viven culpando a nuestro país de xenófobo y discriminador.
Algún nudo fuerte, difícil de deshacer, es el causante de la incapacidad del Estado dominicano para prevalerse de su legítima autoridad e imponer las reglas del juego que mandan la Constitución y la ley de migración, pero por encima de ellas la auténtica e irremplazable voz de la opinión pública que cada día clama porque esta situación del tráfico y asentamiento ilícitos de haitianos sea encarada y resuelta de la manera más firme posible, sin atropellos ni desafueros, si es que queremos preservar nuestra soberanía por encima de todo.
Tomado del editorial de
¿Qué es lo que pasa?
de la fecha
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