El 22 de enero de este año la nación fue testigo
de una movilización sin precedentes que sacudió las estructuras del país
cuando, con el apoyo de las gente de clase media y media alta, del
empresariado privado y de la colectividad política, millares de personas
marcharon por la capital en demanda de acciones concretas del Estado
para cerrar el paso a la corrupción y revertir la de impunidad que
denuncian.
Pero nueve meses después, la denominada ‘marcha verde’ va en picada franca tras haber fracasado en convertirse en ese movimiento de presión política con el cual el Gobierno habría de sentarse a discutir fórmulas para ‘cambiar de rumbo’, principalmente en la lucha contra la corrupción y la impunidad, estandarte del variopinto grupo de protesta.
La opaca y díscola oposición política nacional vio un filón en las grandes movilizaciones que se expandían por el país y que tenía como blanco duras críticas contra el actual gobierno y su partido. Pero los que se atribuían la coordinación del movimiento popular procuraron rápidamente sacar distancia de los partidos y al tiempo de hacer pronunciamientos contra su participación en las caminatas, algunos llegaron al punto de exhibir fotografías alusivas a líderes opositores que relacionaban con acciones de corrupción administrativa.
Odebrecht fue la excusa
La ‘marcha verde’ surgió bajo el pretexto de ‘representar a la sociedad’ en el tema del escándalo internacional de corrupción de la gigante de la construcción Odebrecht. Pero cual Torre de Babel, los ‘cabezas’ del movimiento de protesta han ido de tumbos en tumbos ante la falta de liderazgo, en el fallido intento de consolidar una fuerza capaz de ocupar el timorato rol dejado vacante por la oposición política frente al gobierno y su partido, ambos muy fuertes y organizados.
Los partidos de la oposición, apalastrados por la aplastante derrota electoral del 2016 y la imposibilidad de lograr un gran frente para combatir al Gobierno peledeísta, trataron de ganar los frutos que sembraba el movimiento ‘marcha verde’ -donde confluyó mucha gente tradicionalmente alejada de la política partidista- pero fueron rechazados por los marchantes de verde y por los ‘cabezas’ convocantes, quienes creyeron que se abrían camino a conformar una gran fuerza, al estilo de lo ocurrido en España con ‘Podemos’, organización que, incluso, va también en picada.
El escándalo Odebrecht quedó relegado a la vocinglería mediática luego que las autoridades judiciales, con la Procuraduría General de la República al frente, abriera un proceso ante los tribunales encartando a 14 personas bajo acusaciones de soborno, corrupción y lavado de activos, principalmente. A esto se suma que el Estado, a través de la Procuraduría y avalado por un juez, lograra un acuerdo mediante el cual la empresa constructora asumió su responsabilidad sobre las denuncias de soborno y asumió el pago del duplo del monto admitido. Asimismo, el hecho de que Odebrecht haya iniciado un proceso de compromiso con la transparencia, cambio de imagen e inspecciones contantes de grandes núcleos de expertos y compañías multinacionales y multilaterales de todas sus operaciones --lo que ha avalado su continuidad en la construcción de grandes obras en varias partes del mundo, significativamente en su nativa Brasil y en Estados Unidos, eje del inicio del escándalo que ha sacudido a la empresaó ha desmontado las presiones de la ‘marcha verde’ en República Dominicana, donde la constructora avanza en la construcción de obras trascendentes, como las plantas termoeléctricas de Punta Catalina, ejecutadas en un 83% y con fecha de entrega y entrada en operación para finales del 2018.
O sea, los ‘marchantes’ y otras entidades han reclamado acción de la justicia y sanciones a Odebrecht, y ambas direcciones ha actuado el Estado: hay un proceso judicial abierto, con 14 acusados con medidas de coerción y a la espera de juicio de fondo, y la empresa comenzó a pagar la sanción que les obliga a erogar $184 millones de dólares, el duplo de los $92 millones de dólares que admite haber repartido en el país a lo largo de 13 años, entre 2001 y el 2014.
Pero nueve meses después, la denominada ‘marcha verde’ va en picada franca tras haber fracasado en convertirse en ese movimiento de presión política con el cual el Gobierno habría de sentarse a discutir fórmulas para ‘cambiar de rumbo’, principalmente en la lucha contra la corrupción y la impunidad, estandarte del variopinto grupo de protesta.
La opaca y díscola oposición política nacional vio un filón en las grandes movilizaciones que se expandían por el país y que tenía como blanco duras críticas contra el actual gobierno y su partido. Pero los que se atribuían la coordinación del movimiento popular procuraron rápidamente sacar distancia de los partidos y al tiempo de hacer pronunciamientos contra su participación en las caminatas, algunos llegaron al punto de exhibir fotografías alusivas a líderes opositores que relacionaban con acciones de corrupción administrativa.
Odebrecht fue la excusa
La ‘marcha verde’ surgió bajo el pretexto de ‘representar a la sociedad’ en el tema del escándalo internacional de corrupción de la gigante de la construcción Odebrecht. Pero cual Torre de Babel, los ‘cabezas’ del movimiento de protesta han ido de tumbos en tumbos ante la falta de liderazgo, en el fallido intento de consolidar una fuerza capaz de ocupar el timorato rol dejado vacante por la oposición política frente al gobierno y su partido, ambos muy fuertes y organizados.
Los partidos de la oposición, apalastrados por la aplastante derrota electoral del 2016 y la imposibilidad de lograr un gran frente para combatir al Gobierno peledeísta, trataron de ganar los frutos que sembraba el movimiento ‘marcha verde’ -donde confluyó mucha gente tradicionalmente alejada de la política partidista- pero fueron rechazados por los marchantes de verde y por los ‘cabezas’ convocantes, quienes creyeron que se abrían camino a conformar una gran fuerza, al estilo de lo ocurrido en España con ‘Podemos’, organización que, incluso, va también en picada.
El escándalo Odebrecht quedó relegado a la vocinglería mediática luego que las autoridades judiciales, con la Procuraduría General de la República al frente, abriera un proceso ante los tribunales encartando a 14 personas bajo acusaciones de soborno, corrupción y lavado de activos, principalmente. A esto se suma que el Estado, a través de la Procuraduría y avalado por un juez, lograra un acuerdo mediante el cual la empresa constructora asumió su responsabilidad sobre las denuncias de soborno y asumió el pago del duplo del monto admitido. Asimismo, el hecho de que Odebrecht haya iniciado un proceso de compromiso con la transparencia, cambio de imagen e inspecciones contantes de grandes núcleos de expertos y compañías multinacionales y multilaterales de todas sus operaciones --lo que ha avalado su continuidad en la construcción de grandes obras en varias partes del mundo, significativamente en su nativa Brasil y en Estados Unidos, eje del inicio del escándalo que ha sacudido a la empresaó ha desmontado las presiones de la ‘marcha verde’ en República Dominicana, donde la constructora avanza en la construcción de obras trascendentes, como las plantas termoeléctricas de Punta Catalina, ejecutadas en un 83% y con fecha de entrega y entrada en operación para finales del 2018.
O sea, los ‘marchantes’ y otras entidades han reclamado acción de la justicia y sanciones a Odebrecht, y ambas direcciones ha actuado el Estado: hay un proceso judicial abierto, con 14 acusados con medidas de coerción y a la espera de juicio de fondo, y la empresa comenzó a pagar la sanción que les obliga a erogar $184 millones de dólares, el duplo de los $92 millones de dólares que admite haber repartido en el país a lo largo de 13 años, entre 2001 y el 2014.
De
ahí que ante la acción del Estado -en la misma línea de lo que era la
demanda inicial de los caminantes de la ‘marcha verde’- el tema
Odebrecht fue quedando relegado y, por tanto, el principal punto de
apoyo del movimiento de protesta, que ha tratado de ‘girar’ hacia otros
temas de denuncias de corrupción -como el escándalo de la OMSA- pero con
poco éxito.
Disolución del Estado
Pero fue la dicotomía de los intereses políticos y sociales de los
principales cabecillas de la ‘marcha verde’ lo que ha llevado al proceso
paulatino de disolución del movimiento de protestas. De las cabezas
visibles de la marcha verde --la mayoría de los cuales vienen de los
movimientos de la izquierda y muchos de fallidos proyectos electorales a
cargos congresuales, municipales y hasta con ambiciones
presidenciales-- unos insisten en mantener la presión callejera contra
el gobierno y el partido oficial, pero otros han dado el paso hacia
tratar de consolidar organizaciones políticas con escenarios
electorales, como fue el caso de los que el pasado domingo 19 de
noviembre lanzaron el proyecto “El país que queremos”, bajo la consigna
de ‘es hora de actuar por un nuevo orden democrático’. Este grupo tiene
como vocero a Bartolomé Pujals, quien fuera uno de los líderes de la
‘marcha verde’, que conformó el segmento denominado ‘la patada’ y quien
leyera el último y explosivo manifiesto, en el parque La Lira, de la
capital, que dio el ‘tiro de gracia’ a los marchantes dominicales.
La emisión de tres ‘manifiestos’, principalmente los dos últimos en
que se ‘demanda’ la disolución del Estado dominicano, fueron el ‘tiro de
gracia’ de la ‘marcha verde’, cuando el liderazgo político de oposición
-que apuesta a llegar al poder mediante las elecciones-, los líderes
del empresariado privado y de núcleos de profesionales y la gente común,
principalmente los enquistados en la clase media, media alta y alta,
voltearon la cara al movimiento, aunque mantienen sus consideraciones
contra la corrupción, un tema que ha ganado peldaños en las últimas
encuestas que enfocan los principales problemas que la sociedad
denuncia.
El último de esos ‘manifiestos’ planteaba la disolución del Estado al
pretender impulsar la siguiente agenda: sometimiento judicial del
presidente Danilo Medina; promover un nuevo régimen electoral mediante
la remoción completa de los jueces de las altas cortes, el Tribunal
Superior Electoral, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas,
para ser sustituidos ‘por jueces y árbitros imparciales’; rescindir los
contratos y expulsar a Odebrecht del país; liderar la aprobación de los
proyectos de las leyes de Partidos Políticos y Electoral y su
promulgación en un término de seis meses; promover una Asamblea
Constituyente para votar una nueva Constitución ‘que desarme la
maquinaria del régimen de impunidad’; suprimir el período constitucional
actual y llamar a elecciones presidenciales y congresuales
‘inmediatamente entre en vigencia la Constitución’; reformular la
composición del Consejo Nacional de la Magistratura incluyendo
representantes de la sociedad civil y de las universidades; establecer
una nueva ley del Ministerio Público otorgándole autonomía e
independencia administrativa y financiera del Poder Ejecutivo.
En ese escenario, la ‘marcha verde’ busca desesperadamente oxígeno
para sobrevivir relegando sus acciones a ‘foros regionales’, ‘conversaos
verdes’ y a tratar de capitalizar espacios de desahogos comunitarios
sobre demandas locales, mientras la propaganda mediática la proveen
influyentes periodistas, ‘comunicadores’ y medios comprometidos con las
campañas contra el gobierno y su partido, a cuyos espacios acuden los
‘cabecillas’ de los marchantes a hacer sus anuncios y a ponderar sus
acciones.
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