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viernes, octubre 27, 2017

▶️ Cataluña declara la independencia

En una votación muy controvertida por su falta de garantías legales y por la gravedad de sus consecuencias, el 'Parlament' ha proclamado la república independiente de Cataluña. 
Tal como estaba previsto, y a pesar de los clarísimos obstáculos legales que existen, el Parlamento catalán ha llevado a cabo la votación necesaria para proclamar la independencia de Cataluña. Con 70 votos a favor, 2 en blanco y 10 en contra, el resultado fue claramente favorable al SI, y quedó proclamada la "República catalana, como Estado independiente y soberano". 
Ha ocurrido, como también era previsible, en el contexto de un pleno parlamentario estrambótico, tenso y accidentado, y se ha celebrado con un procedimiento excepcional votado y aceptado sobre la marcha, frente el rechazo manifiesto de los diputados de la oposición, que abandonaron el hemiciclo entre gritos de '¡Viva Cataluña!': la resolución de Junts Pel Sí, que propone la declaración de la independencia de Cataluña, se votó en una urna, para garantizar el voto secreto de los diputados y limitar así las consecuencias penales individuales que pueden derivarse de este acto.
Mientras tanto, en las calles, el clamor y la celebración han comenzado en cuanto se ha sabido la noticia:
El texto de la resolución recién aprobada recoge la propuesta de una "constitución de la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social". 
El choque con el Estado español, cuyo Senado aprueba hoy las medidas con las se aplicará el artículo 155 de la Constitución, es ya inevitable. El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha manifestado en el pleno del Senado de este viernes que su intención es "que las elecciones [autonómicas en Cataluña] se convoquen en el menor plazo posible", y ha recordado a ese respecto que "la facultad de disolver el Parlament pasará el presidente del Gobierno", si el Senado procede, como es más que previsible, a aprobar por votación las medidas propuestas por el Ejecutivo español para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

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