Yuniol Ramírez murió y las autoridades destacan más lo que presuntamente hacía, que su asesinato.
La causa del hecho de sangre está en la corrupción que enchumba la oficina de transporte, eso debía ser el interés mayor de las autoridades. La destitución temprana de quien fungía como director, por estar supuestamente involucrado en la trama, no rescata la imagen del gobierno.
Desde hace años se afirma que la OMSA es un centro de corrupción. Que es un filón para sus directivos que van y vienen sin que se le ponga coto a la extracción de dólares y pesos que terminan en bolsillos de políticos. También se involucran en esas operaciones empresarios de corta moral y largas ambiciones.
Dañar
los vehículos es un negocio redondo. No hay nada más rentable para un
empresario político con cargo ejecutivo que reponer el inventario y
reparar lo dañado.
La gente debe estar cansada de ver los autobuses de la OMSA varados
en la vía pública, a cualquier hora y día. No necesariamente son
vehículos viejos, están estropeados en sus mecanismos porque son el
retrato del mal mantenimiento y una pobre imagen de gestión o quizá
malos manejos adrede para buscar utilidades marginales.
El abogado Yuniol Ramírez fue asesinado porque presionaba a la
dirección de la OMSA con denuncias de la corrupción que impera en esa
institución. Supuestamente el exdirector, Manuel Rivas, usó los
servicios de Eddy Rafael Santana Zorrilla, un empresario amigo, para que
tasara el silencio del jurista. Según informa la fiscalía, se montó en
cuatro millones el soborno y un millón se había pagado antes de que
fuera asesinado.
Las autoridades están atenazadas para la recolección de las pruebas que condenen a los autores.
La sociedad está estupefacta porque con esta muerte se desacredita a
los denunciantes contra la corrupción. El abogado Ramírez era uno de
esos portavoces, y lo presentan como chantajista.
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