El país está consternado por el brutal asesinato del abogado Yuniol
Ramírez, un episodio que desnuda con toda su crudeza el estado de
inseguridad de que se queja la gente, los niveles de corrupción que
percibe la sociedad, las versiones de chantajes y extorsión contra
funcionarios, empresarios y personalidades de la nación.
Un asesinato que deja muchas lecciones:
ï Pone en debate versiones socorridas de extorsiones, chantaje,
soborno en estamentos gubernamentales señalado por denuncias y/o
especulaciones sobre alegados actos de corrupción;
ï Indica la ‘facilidad’ con que una persona puede ser secuestrada, a
plena luz del día, en este caso en un campus universitario, transportado
por la ciudad, asesinado y su cuerpo abandonado;
ï Revela la mentalidad criminal, con poco respeto a la vida, sin
miramiento de sus autores para fraguar y ejecutar un asesinato,
abandonar el cuerpo en un arroyuelo, atado con una cadena y dos blocks,
como para que se hundiera y su cuerpo no apareciera, por lo menos por
mucho tiempo o, como creen algunos, para ‘mandar un mensaje’;
ï
Detona un caso de corrupción en una institución de segunda instancia en
la Administración Pública, similares a los episodios en OISOE, el CEA,
Corde;
ï Atiza críticas contra el Gobierno en torno a la lucha contra la
corrupción, toda vez que se recrea que en el 2013 y 2014 fueron
publicados amplios reportajes sobre alegados casos de irregularidades en
las operaciones de la OMSA y no se tienen registros de que esas
denuncias fueran investigadas y/o que se tomaran medidas para revertir
los casos;
ï Pone al desnudo las debilidades de seguridad que acusa la UASD,
debido a las presiones de los grupos de presión de la institución, como
son los estudiantes, que no aceptan ser sometidos a ningún mecanismo de
control o regulación para sentirse en libertad de hacer y deshacer en el
interior de un campus donde la gran mayoría acude en busca de
conocimiento y profesionalización para enfrentar los retos de la vida,
pero donde otros, los menos por suerte, pululan como ‘chivos sin ley’,
apoyados en las debilidades, la falta de carácter y de decisiones de sus
temerosas y complacientes autoridades;
ï Un episodio que afecta, más que a nadie, al Gobierno y al PLD, toda
vez que destapa denuncias de corrupción en la Administración, la
principal figura involucrada, sea cual sea el grado de su
responsabilidad, Manuel Rivas, era funcionario, miembro del Comité
Central del partido y aspirante a una posición electiva nacional.
ï Un respiro para la Policía, que reaccionó como se espera, descubrió
rápidamente la trama, identificó a los autores, arrestó y puso en manos
de la justicia a los responsables, lo que eleva sus niveles de
eficiencia investigativa.
ï Una Fiscalía, la de la provincia de Santo Domingo, hoy blanco de
cuestionamientos por ‘huecos’ y ‘puntos oscuros’ que entiende la gente,
como en cualquier caso criminal complejo, que por demás rodea al
Gobierno, funcionarios y/o dirigentes del partido oficial, lo que abre
conjeturas de una sociedad altamente crítica y hasta incrédula de todo
lo que provenga del estamento oficial.
Por Ruddy L. González ;-
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