Menu

siguenos en facebook siguenos en Twitter siguenos en Google+ Canal de youtube siguenos en facebook sígueme en Instagram siguenos en facebook

martes, 6 de junio de 2017

¿Qué locura es esta?

Este es uno de los tantos anacronismos presentes en la vida dominicana: un agente de AMET detiene un vehículo, le sentencia una infracción a la ley, le pone una multa al conductor. Y luego se desentiende del caso.
El conductor, acusado y condenado, llega entonces estigmatizado al tribunal de tránsito y allí tiene que pelear su caso. Lo raro es que el agente que lo detuvo, lo acusó y lo multó, no comparece a la audiencia a defender su “sentencia previa”, dejándosela al criterio del juez.
Parece insólito que, en un caso de violación a la ley, en este caso la de tránsito, exista un procedimiento de esta naturaleza, cuando para el resto de las leyes rige un mecanismo procesal en el que acusado e imputado, con sus respectivas defensas jurídicas, discuten la validez o no de la acusación.
Como consecuencia de este anacrónico procedimiento que se da en el ámbito de las infracciones menos graves en el tránsito, a diario se originan en el tribunal de tránsito quejas y disgustos en la dilucidación de los casos, sobre todo cuando los afectados se sienten víctimas de un abuso o una acusación sin base.
El juez está pre-condicionado, de alguna manera, porque el documento de la multa que firma el agente de la AMET señala infracción, pero este jamás acude al tribunal a sostener la acusación o a demostrarla fehacientemente.
Aparte de esta anormalidad de orden jurídico predomina otra: la existencia de multas cuestionables a conductores que nunca han tenido un vehículo o una licencia de conducir o que no han cometido ninguna de las infracciones del catálogo de la AMET.
Una relación de casos de este tipo, que publicamos en la edición de hoy, refleja la situación de desorden que se origina en estas multas cuestionables y, más que nada, en las desagradables consecuencias que pueden tener en los actos del servicio civil ya que al existir multas que el ciudadano no sabe que existen queda privado de obtener una certificación de “buena conducta”, sin la cual no puede gestionar empleos ni salir del país, entre otras molestias.
Esta locura tiene que ser remediada. Se necesita rápidamente que venga un psiquiatra a resolverla.
Tomado del editorial de
 ¿Qué locura es esta?
de la fecha