Entre los defectos y debilidades de los gobiernos del Partido de la
Liberación Dominicana -que son muchas y están a la vista de todo el
mundo-, no están la represión política ni la violación de las libertades
públicas, fundamentales en un régimen de derechos. En lo atinente al
presidente Danilo Medina, sus allegados más bien le critican su exceso
de tolerancia frente a insultos y desconsideraciones contra él y su
familia. Tal vez por eso entre los métodos de quienes buscan colocar la
administración del presidente Danilo Medina contra la pared, la
provocación se ha evidenciado como uno de los favoritos.
Se pretende
forzar a las autoridades a que cometan exabruptos y luego -en un alarde
mediático-, pregonar a los cuatro vientos que la represión es la
respuesta oficial a los “reclamos populares”. En ese afán, las torpezas
están a la orden del día, como quedó claro con el protagonismo
cantinflesco de dos diputados que intentaron ingresar por las malas a la
Procuraduría General de la República. Que un legislador quiera
comunicarse con el procurador, al igual cualquier ciudadano común, está
fuera de toda discusión. Pero la función pública obliga a un mínimo de
respeto, a la observación de un protocolo, si se quiere. La cita previa
es la manera civilizada de concretar una conversación, un intercambio de
impresiones o, simplemente, pareceres. No se le puede pedir a un
funcionario medianamente ocupado que cumpla sus tareas sin apegarse a la
dictadura de la agenda. Porque de lo contrario, su rendimiento será muy
pobre. En la misma ola provocadora se montó el grupo de estudiantes que
bajo pretexto de cumplir obligaciones académicas se colaron hasta la
oficina del procurador y montaron allí todo un espectáculo. Claro, se
les olvidó que el escenario más apropiado para los shows está en los
teatros.
... Cortejando la desgracia
Cortejando la desgracia con una conducta desaprensiva que ha merecido
rechazo generalizado, esos grupos han llegado al colmo de pretender
instalar campamentos frente a la Procuraduría, en violación a la
seguridad habitual en un recinto que brega con cuestiones sensitivas y
donde la autoridad pudo reaccionar en forma violenta. No ocurrió así por
prudencia, sobre todo.
Y esa prudencia la ha ordenado personalmente el presidente Medina. De
lo contrario, la fuerza pública habría actuado como suele hacerse en
esos casos. Porque incitar a la violencia no es un derecho. Tampoco
colarse subrepticiamente en una oficina de alta seguridad e instalarse
allí bajo el argumento de una pretendida lucha contra la corrupción. Las
marchas verdes, de dudosa orfandad política, se han desarrollado sin
cortapisas. Los medios de comunicación están cargados de los embistes de
la oposición y los grupos sediciosos que presionan la salida del poder
de Danilo Medina. Como a todas esas presiones se ha respondido como
corresponde en una sociedad democrática, sobrevienen los intentos de
provocar a las autoridades y soliviantar los ánimos.
...Carencia de argumentos
El terreno de los hechos no es el más adecuado para la lucha política:
evidencia una carencia absoluta de argumentos y de apoyo. Lamentable que
sean jóvenes emparentados con el futuro -a los que se les supone
discernimiento-, quienes sirvan de carne de cañón. Con su actuación
enlodan una causa en sí misma procedente, tal es la lucha contra la
corrupción. La ilegalidad no conduce a la legalidad, como bien lo saben
quiénes agazapados en las sombras y el silencio promueven la agitación y
el desorden. Doblemente penoso es que haya legisladores, miembros de
uno de los poderes del Estado, enrolados en el partido de la
provocación... Tarea para Reinaldo Pared y Lucía Medina.
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