PRATS DIJO QUE ES EL MEJOR ACUERDO ALCANZADO EN EL PAÍS EN MATERIA PENAL
Varios juristas calificaron ayer de positivo el acuerdo arribado por
la Procuraduría General de la República y la empresa constructora
Odebrecht sobre los sobornos por US$92 millones que la constructora
brasileña admitió haber pagado en República Dominicana.
Los expertos en Derecho Constitucional, Eduardo Jorge Prats, Julio
Cury, Miguel Valerio y Olivo Rodríguez Huertas valoraron como un
importante paso de avance en la lucha contra la corrupción
administrativa, el acuerdo que contempla un bono de 30 millones de
dólares ya pagado y el resto para ser honrado en un plazo de ocho años
hasta el 2025, sumando un total de 192 millones de dólares.
Tribunal tiene que homologar
Jorge Prats destacó que el pacto entre la Procuraduría y Odebrecht es
el mejor que se ha firmado en la República Dominicana en materia penal,
tras señalar que en los casos bancarios el Estado perdió miles de
millones de dólares. Sostiene que lo bueno del acuerdo es que hay una
indemnización, pero sobre todo una obligación de colaboración para
entregar todas la informaciones que necesite el Ministerio Público para
seguir persiguiendo a las personas que estuvieron involucradas en el
soborno.
El jurista dijo que lo pactado ahora tiene que ser homologado por un
tribunal dominicano y que lo ya estipulado protege de la acción penal a
esa empresa y sus funcionarios.
Expresó que el acuerdo no incluye a otras personas que pudiesen ser
denunciadas de haber recibido sobornos o estar implicada en actos
delictivos realizados por la empresa brasileña.
Manifestó que Odebrecht está obligada a entregar a las autoridades
dominicanas toda la información que esta requiera, ya que la empresa
brasileña está obligada a colaborar con el Ministerio Público en las
investigaciones, pues de lo contrario lo pactado quedaría sin efecto.
El acuerdo arribado entre la Procuraduría General de la República y
la constructora Odebrecht, en torno a los sobornos que la empresa
brasileña admitió haber pagado en República Dominicana, contempla un
bono de 30 millones de dólares ya pagado y el resto en un plazo de ocho
años hasta el 2025.
De su lado, Cury destacó que la Ley No. 448/06 establece dos
sanciones para las personas jurídicas que incurran en soborno: su cierre
por un período de 2 a 5 años y a una multa de hasta el duplo de las
recompensas otorgadas. Agregó que el Ministerio Público, dentro de la
libertad que le reconoce el artículo 363 del Código Procesal Penal,
puede concertar con el imputado en torno al monto y tipo de pena,
siempre y cuando admite el hecho punible, como ocurrió en este caso.
Indicó que podrá decirse que la ley también contempla el cierre, pero
cabría señalar que ni en Estados Unidos ni en ninguna parte en las que
sobornantes como Rolls Royce, Siemens, Teva, Alcoa, Glaxosmithklie,
entre otras, han suscrito acuerdos con las autoridades públicas, se les
ha impuesto el cierre de sus operaciones.
Dijo que el documento elaborado por la Procuraduría no prevé la
exoneración de la responsabilidad penal que habrían comprometido los
representantes, intermediarios y agentes de Odebrecht, sino que esta
asumió el compromiso de entregar copias certificadas de los acuerdos de
delación celebrados en Brasil.
Manifestó que lejos de sumarse a las críticas de este notable
esfuerzo del procurador Jean Alain Rodríguez, lo valora como un avance
en la lucha contra la corrupción.
OTRAS OPINIONES SOBRE EL ACUERDO
VALIDAN PACTO: De su lado, Valerio dijo que es
positivo el acuerdo porque en caso de que la empresa constructora
brasileña fuera imputada penalmente, la condena sería exactamente la
misma que se está obteniendo con el acuerdo.
Asimismo, Rodríguez Huertas expuso que el Procurador merece el
reconocimiento de la sociedad dominicana por la manera eficaz y
responsable con que ha actuado en el caso Odebrecht, al obtener
resultado inmediato en lo que respecta al confesado soborno realizado
por esa empresa transnacional ante las autoridades del Gobierno de los
Estados Unidos de América, lo que le permite a la República Dominicana
obtener un resarcimiento económico por el orden de los ciento ochenta
millones de dólares.
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