Juristas valoran el pacto suscrito con Odebrecht

PRATS DIJO QUE ES EL MEJOR ACUERDO ALCANZADO EN EL PAÍS EN MATERIA PENAL

Varios juristas calificaron ayer de positivo el acuerdo arribado por la Procuraduría General de la República y la empresa constructora Odebrecht sobre los sobornos por US$92 millones que la constructora brasileña admitió haber pagado en República Dominicana.

Los expertos en Derecho Constitucional, Eduardo Jorge Prats, Julio Cury, Miguel Valerio y Olivo Rodríguez Huertas valoraron como un importante paso de avance en la lucha contra la corrupción administrativa, el acuerdo que contempla un bono de 30 millones de dólares ya pagado y el resto para ser honrado en un plazo de ocho años hasta el 2025, sumando un total de 192 millones de dólares.

Tribunal tiene que homologar

Jorge Prats destacó que el pacto entre la Procuraduría y Odebrecht es el mejor que se ha firmado en la República Dominicana en materia penal, tras señalar que en los casos bancarios el Estado perdió miles de millones de dólares. Sostiene que lo bueno del acuerdo es que hay una indemnización, pero sobre todo una obligación de colaboración para entregar todas la informaciones que necesite el Ministerio Público para seguir persiguiendo a las personas que estuvieron involucradas en el soborno.

El jurista dijo que lo pactado ahora tiene que ser homologado por un tribunal dominicano y que lo ya estipulado protege de la acción penal a esa empresa y sus funcionarios.

Expresó que el acuerdo no incluye a otras personas que pudiesen ser denunciadas de haber recibido sobornos o estar implicada en actos delictivos realizados por la empresa brasileña.

Manifestó que Odebrecht está obligada a entregar a las autoridades dominicanas toda la información que esta requiera, ya que la empresa brasileña está obligada a colaborar con el Ministerio Público en las investigaciones, pues de lo contrario lo pactado quedaría sin efecto.

El acuerdo arribado entre la Procuraduría General de la República y la constructora Odebrecht, en torno a  los sobornos que la empresa brasileña admitió haber pagado en República Dominicana, contempla un bono de 30 millones de dólares ya pagado y el resto en un plazo de ocho años hasta el 2025.

De su lado, Cury destacó que la Ley No. 448/06 establece dos sanciones para las personas jurídicas que incurran en soborno: su cierre por un período de 2 a 5 años y a una multa de hasta el duplo de las recompensas otorgadas. Agregó que el Ministerio Público, dentro de la libertad que le reconoce el artículo 363 del Código Procesal Penal, puede concertar con el imputado en torno al monto y tipo de pena, siempre y cuando admite el hecho punible, como ocurrió en este caso.

Indicó que podrá decirse que la ley también contempla el cierre, pero cabría señalar que ni en Estados Unidos ni en ninguna parte en las que sobornantes como Rolls Royce, Siemens, Teva, Alcoa, Glaxosmithklie, entre otras, han suscrito acuerdos con las autoridades públicas, se les ha impuesto el cierre de sus operaciones.

Dijo que el documento elaborado por la Procuraduría no prevé la exoneración de la responsabilidad penal que habrían comprometido los representantes, intermediarios y agentes de Odebrecht, sino que esta asumió el compromiso de entregar copias certificadas de los acuerdos de delación celebrados en Brasil.

Manifestó que lejos de sumarse a las críticas de este notable esfuerzo del procurador Jean Alain Rodríguez, lo valora como un avance en la lucha contra la corrupción.

OTRAS OPINIONES SOBRE EL ACUERDO

VALIDAN PACTO: De su lado, Valerio dijo que es positivo el acuerdo porque en caso de que la empresa constructora brasileña fuera imputada penalmente, la condena sería exactamente la misma que se está obteniendo con el acuerdo.

Asimismo, Rodríguez Huertas expuso que el Procurador merece el reconocimiento de la sociedad dominicana por la manera eficaz y responsable con que ha actuado en el caso Odebrecht, al obtener resultado inmediato en lo que respecta al confesado soborno realizado por esa empresa transnacional ante las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos de América, lo que le permite a la República Dominicana obtener un resarcimiento económico por el orden de los ciento ochenta millones de dólares.