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sábado, 11 de febrero de 2017

Atención a esa denuncia

El alcalde del municipio de Santiago, Abel Martínez, ha hecho una denuncia que tiene todo los ribetes de un asunto importante que los organismos del Estado están en la obligación de atender y dar una respuesta inmediata y efectiva.
Según Martínez, cientos de ciudadanos haitianos están siendo provistos de carnés falsificados de residencia de los otorgados en el marco del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros y de cédulas de identidad, lo que les estaría permitiendo penetrar al país e inundar la ciudad de Santiago.
El mismo alcalde mostró a la prensa decenas de carnés falsificados de haitianos que acuden a la Alcaldía a solicitar licencias para operar puestos de venta en vías públicas.
Las autoridades ya han arrestado a decenas de ilegales con estos “documentos” que tras ser interrogados sobre su procedencia, sostienen que los compraron en Haití por precios que oscilan entre los 100 y 200 dólares.
Peor aun, cuando los haitianos interesados en penetrar a territorio dominicano se despojan de hasta 200 dólares para comprar uno de estos carnés, reciben la “garantía” de que pueden llegar sin problemas y tampoco se exponen a una deportación.
Ya la Junta Central Electoral (JCE), por voz de su presidente, el doctor Julio César Castaños Guzmán, ha ordenado una investigación e integrado una comisión para realizarla, que deberá determinar en los próximos días, si hay falsificación de cédulas.
Dos entidades oficiales -la Alcaldía de Santiago y la JCE- han tomado iniciativas para detener ese flujo irregular de inmigrantes.
Falta que ahora la Dirección General de Migración y los organismos de vigilancia fronteriza se coordinen con la Policía Nacional para determinar si realmente hay una mafia fabricando documentos y facilitando el tráfico de ilegales.
De ser cierta la denuncia, eso debe cortarse de inmediato y buscar y detener a los falsificadores porque están cometiendo un doble delito: falsificación de documentos de escritura pública y tráfico de personas, los cuales deben ser sancionados y, sobre todo, neutralizados para que no sigan llenando el país de indocumentados.
Esperamos, pues, más que palabras y promesas, acciones para que nuestras ciudades no se rellenen de ilegales que a su vez se convierten en trabajadores informales o pedigüeños habituales.
Tomado del editorial de
Atención a esa denuncia
de la fecha