En su acuerdo con el Departamento de Justicia de
los Estados Unidos, la Constructora Odebrecht admitió haber pagado en la
República Dominicana 92 millones de dólares en sobornos entre los años
2001 y 2014, y ante esa confesión el Gobierno no puede quedarse de
brazos cruzados.
Las autoridades están en el deber de actuar para determinar con exactitud cómo y en cuáles montos exactos fuimos afectados y quiénes se benefi ciaron de ese reparto, pero sin festinar el proceso…
El Ministerio Público no puede actuar bajo presión de la vocinglería mediática ni del morbo politiquero, ni ceder ante esos grupos desaprensivos.
Sucedió en Brasil con la operación Lava Jato, que no sólo ha significado una purga en ciertas estructuras del poder brasileño, sino que más allá de la crisis política que ha provocado afecta la economía por las pérdidas que han sufrido las empresas involucradas, calculadas en términos conservadores en más de 45,000 millones de dólares y la destrucción de unos cien mil empleos directos y la suspensión de decenas de proyectos de desarrollo.
Y ese es, precisamente, el error en el que no debe incurrir el Estado Dominicano: iniciar una cacería de brujas contra todo aquel que señale el estercolero en que han devenido las redes sociales en la llamada “era de la post-verdad”… O, menos aún, partir de cálculos alegres para procurar indemnizaciones y rescindir contratos en ejecución sin importar las consecuencias… Como sería el caso, por ejemplo, de la construcción de la Central de Punta Catalina, cuya detención sería catastrófi - ca para la economía dominicana.
Odebrecht se encuentra ahora en el candelero… Pero hasta ahora, ni en Brasil ni en República Dominicana ni en ninguna otra parte, esa empresa ha sido cuestionada por la calidad ni por el costo de sus obras.
Y no necesariamente el pago de coimas está asociado a sobreprecios.
De hecho, esa es precisamente la razón ---al margen de la doble moral y la agenda geopolítica--- por la cual los Estados Unidos aprobó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero… porque empresas de economías emergentes, fundamentalmente las del grupo BRICS, competían con empresas estadounidenses y europeas a nivel de calidad a mucho menor costo. Son competitivas aún pagando esas coimas.
Hay que recordar que Odebrecht no sólo construyó muchas obras en el país -todas en alianza con las principales empresas constructoras dominicanas y ejecutadas con altos estándares de calidad y altos niveles de efi ciencia- sino que también es la encargada de importantes obras de infraestructura en los mismos EEUU, como la ampliación del aeropuerto y el puerto de la ciudad de Miami y algunas de las principales carreteras del estado de Florida… Y en ese país, que fue donde la empresa fi rmó el acuerdo, a nadie le ha pasado por la cabeza pedir la rescisión de esos contratos y la suspensión de las obras.
Las autoridades están en el deber de actuar para determinar con exactitud cómo y en cuáles montos exactos fuimos afectados y quiénes se benefi ciaron de ese reparto, pero sin festinar el proceso…
El Ministerio Público no puede actuar bajo presión de la vocinglería mediática ni del morbo politiquero, ni ceder ante esos grupos desaprensivos.
Sucedió en Brasil con la operación Lava Jato, que no sólo ha significado una purga en ciertas estructuras del poder brasileño, sino que más allá de la crisis política que ha provocado afecta la economía por las pérdidas que han sufrido las empresas involucradas, calculadas en términos conservadores en más de 45,000 millones de dólares y la destrucción de unos cien mil empleos directos y la suspensión de decenas de proyectos de desarrollo.
Y ese es, precisamente, el error en el que no debe incurrir el Estado Dominicano: iniciar una cacería de brujas contra todo aquel que señale el estercolero en que han devenido las redes sociales en la llamada “era de la post-verdad”… O, menos aún, partir de cálculos alegres para procurar indemnizaciones y rescindir contratos en ejecución sin importar las consecuencias… Como sería el caso, por ejemplo, de la construcción de la Central de Punta Catalina, cuya detención sería catastrófi - ca para la economía dominicana.
Odebrecht se encuentra ahora en el candelero… Pero hasta ahora, ni en Brasil ni en República Dominicana ni en ninguna otra parte, esa empresa ha sido cuestionada por la calidad ni por el costo de sus obras.
Y no necesariamente el pago de coimas está asociado a sobreprecios.
De hecho, esa es precisamente la razón ---al margen de la doble moral y la agenda geopolítica--- por la cual los Estados Unidos aprobó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero… porque empresas de economías emergentes, fundamentalmente las del grupo BRICS, competían con empresas estadounidenses y europeas a nivel de calidad a mucho menor costo. Son competitivas aún pagando esas coimas.
Hay que recordar que Odebrecht no sólo construyó muchas obras en el país -todas en alianza con las principales empresas constructoras dominicanas y ejecutadas con altos estándares de calidad y altos niveles de efi ciencia- sino que también es la encargada de importantes obras de infraestructura en los mismos EEUU, como la ampliación del aeropuerto y el puerto de la ciudad de Miami y algunas de las principales carreteras del estado de Florida… Y en ese país, que fue donde la empresa fi rmó el acuerdo, a nadie le ha pasado por la cabeza pedir la rescisión de esos contratos y la suspensión de las obras.
Porque
con esas cosas los estadounidenses “se saben manejar”… No hacen bulto,
cobran su dinero y defi enden sus intereses… La sanción a Odebrecht es
la más alta jamás impuesta por sus organismos reguladores a empresa
alguna… Y eso incluye fraudes como el de Enron y la crisis ocasionada
por la avaricia de Wall Street… ¡Ejercicio de doble moral! En nuestro
caso, la Procuraduría General de la República está haciendo las cosas
bien. Recibió de las instituciones públicas toda la documentación sobre
las obras que Odebrecht construyó y construye en el país, y en los
próximos días será entrevistado el principal ejecutivo de esa fi rma en
la República Dominicana, que siempre ha mostrado disposición a
colaborar.
Ahora toca analizar toda esa información y esperar la asistencia de
los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, preparar un buen caso y buscar
la reparación de cualquier daño económico y la condena de todos los que
se demuestren implicados o hayan recibido o repartido esos sobornos.
Pero con prudencia, y sin festinar el proceso ni ceder a las
presiones de la vocinglería mediática ni de los grupos sociales y
políticos.
A esa gente, al igual que al segmento irresponsable y corrupto de la
clase política y empresarial brasileña que se encuentra a la sombra de
todos los desmanes del juez Moro, le importa muy poco meter a este país
en un lío de imprevisibles consecuencias económicas, políticas y
sociales.
Por Óscar Medina ;-
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