viernes, 5 de agosto de 2016

Los filipinos siguen el llamado del presidente y matan masivamente a narcotraficantes

Organizaciones de derechos humanos instan a la ONU a denunciar los homicidios de presuntos drogadictos y narcotraficantes incitados por el presidente Rodrigo Duterte. Más de 700 supuestos drogadictos o narcotraficantes fueron asesinados por la Policía o grupos de vigilancia en Filipinas en menos de tres meses, dicen los defensores de los derechos humanos, que piden a la ONU que denuncie la violencia, reporta el periódico 'The Guardian'.
Human Rights Watch, Stop Aids y la Alianza Internacional contra el VIH/SIDA están entre los más de 300 grupos de la sociedad civil que han firmado cartas conjuntas para enviar a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), pidiéndoles que rompan su silencio sobre la matanza en Filipinas.
"Hacemos un llamado a los organismos de control de drogas de la ONU para condenar públicamente estas atrocidades que tienen lugar en las Filipinas. Estos asesinatos a sangre fría no pueden ser justificados como una medida de control de las drogas", ha dicho Ann Fordham, la directora ejecutiva del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (CIPD), que coordinó la carta.
Rodrigo Duterte, el presidente de las Filipinas, obtuvo una mayoría aplastante electoral en las elecciones en mayo, después de prometer llenar las funerarias de traficantes de drogas. El día de su investidura el mes pasado, Duterte hizo un violento llamado a los filipinos: "Si conocen a algún drogadicto, mátenlo ustedes mismos, ya que sería demasiado doloroso pedir que lo hagan sus padres".
Leila de Lima, exministra de Justicia y que también encabezó el organismo nacional de derechos humanos de Filipinas, dijo que la Policía mató a personas inocentes aprovechando la excusa de la campaña contra la droga.
Las cartas del CIPD piden a la ONUDD y la JIFE que exhorten a Duterte a poner fin inmediatamente a sus incitaciones a matar a personas sospechosas de tráfico de drogas y actuar para cumplir con todas las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la integridad física y a un juicio imparcial.