Sin salida segura
DEBILIDADES DE LA JUSTICIA FRENAN LOS AVANCES EN SALUD Y GESTIÓN AMBIENTAL
En la Vocacional ya empezó el operativo médico
organizado por el Ministerio sin Muros de IBI (Iglesia Bautista
Internacional). Es un sábado de febrero. Una pizarra a la entrada de la
dirección anunciaba hace unos días la fecha y el destinatario de la
jornada: “Internos de esta escuela con problemas de salud”. Están en
lista 87 hombres con necesidades reales. Al frente del operativo está
Enrique Crespo, director de Misiones de IBI, y seis médicos: tres
generales, un oftalmólogo y una odontóloga, todos integrantes de la
iglesia. La misión de hoy, dice Crespo, “mostrarles el amor de Dios,
predicando el Evangelio y llevando también sanidad al cuerpo”.
Misiones como ésta se realizan una o dos veces por año, coordinados
con la autoridad del penal. En la sala de informática habilitada para
las consultas, la doctora Sharmine Disla, especialista en traumatología,
dice que en tres horas de trabajo ha visto “mucha necesidad”. La
mayoría llega por problemas tópicos debido seguramente al agua,
respiratorios (con mayor incidencia en los internos dedicados a la
ebanistería) y de riñones. Disla dice que los internos deberían ser
llevados a un hospital una vez por semana, y que la mayoría requiere ser
auscultado por un especialista. Por lo menos óagregaó debiera haber en
el penal: un neumólogo, un cardiólogo, un urólogo, un traumatólogo, un
nefrólogo y un endocrinólogo.
A Miguel Minaya, a quien atiende ahora, le da algo de Profired para
los riñones (ha tenido sangrado hace unas semanas); Terbix para que se
trate un hongo en el pie y antialérgicos para la sinusitis. “Complejo B y
desparasitantes se lo estamos dando a todos”, afirma la voluntaria de
la IBI.
El “colaborador” del área de salud, lista en mano, dice que del 1 de
enero al 15 de noviembre del 2015 se hicieron 13,405 consultas en La
Victoria: 1,500 atendidos por tuberculosis: baciloscopías (pruebas);
entre 50 y 60 pacientes semanales en consultas psicológicas, un promedio
de entre 60 y 70 pacientes atendidos cada semana. También se logró que
vengan al penal 10 médicos y 5 enfermeras pasantes (de estas últimas hay
tres fijas) y un Plan Médico Integral iniciado en agosto del 2014
consiguió lo que no se hacía hasta entonces: la elaboración y registro
de récords médicos.
Además, se reorganizó el equipo de apoyo en el área de salud y ahora
en cada área hay un interno encargado y se logró el mantenimiento de
consultas con médicos especialistas (urólogo, dermatólogo, cardiólogo,
gastroenterólogo, neurólogo, psicólogo). “Sacar a tiempo a pacientes que
deben ir a hospitales, antes era un caos; ahora se atiende 24/7”, dice
Minaya, que destaca además la disponibilidad de una ambulancia, de más
custodios, referimientos médicos que antes duraban hasta un mes y
consultas fijas gratuitas todas las mañanas, igual que, si hay, la
entrega de medicamentos.
Este mes, en el “área médica”, están en reclusión 54 portadores de
TBC en tratamiento. También hay 18 enfermos mentales. Son 118 en total,
incluyendo a heridos y portadores de VIH. En tiempos del cólera hubo más
de cien enfermos en el patio y en los pasillos, donde se sentaban en
cubetas para defecar; nada más tomaban agua (cuatro más morirán en marzo
de este año por la misma enfermedad).
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Salubridad. Un grupo de personas se asea con gran precariedad en uno de los pabellones al despertar el día. |
“Las condiciones que uno puede tener no son cien por ciento óptimas,
pero se hace lo que se puede”, dice el doctor Francisco Zarzuela Nova,
55 años, médico general condenado a 8 años por mala práctica. El galeno
ha cumplido dos y siete meses y desde que llegó colabora con el penal
luego de que, conocido de un coronel, habló con la encargada y logró que
le hicieran un lugar. “Hoy yo me he ganado el puesto”, dice el único
doctor, con 25 años de experiencia afuera, que atiende en el área médica
todos los días.
De hecho vive aquí; duerme en el mismo lugar que el “representante”
del área. Su horario va de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y a
veces más tarde. Zarzuela dice que la medicina general es la de mayor
demanda y que la mayoría de asistencias tienen que ver con pacientes que
hacen crisis asmáticas. Los heridos reciben atención inmediata y luego
son transferidos a los hospitales.
Una de las situaciones más difíciles que le tocó al doctor fue el
motín de octubre del año pasado, cuando hubo un muerto y varios heridos.
Uno de ellos, el que finalmente murió, “tenía una bomba lacrimógena
metida en un costado”. En otros casos, ha atendido luxaciones de
hombros, heridas en el cuello (cortadas muy comunes) pero ningún muerto
visto en todo su haber, salvo el que trajeron del “Patio”, asesinado;
uno que tenía VIH, y a los que murieron (cuatro o cinco) fuera del
penal, durante la crisis del cólera pese a toda la atención que pudo
darles dentro. “He tratado de demostrar lo que yo sé, y respetar a los
demás. No le he fallado a nadie”, asegura Zarzuela.
Grace Butter, administradora de empresas de profesión, trabaja en la
fundación Génesis, que se ocupa sólo de VIH y TBC en La Victoria,
“problemas con los que nadie quiere trabajar”. Están desde el 2001 en
coordinación con la fundación Health Through Walls, fundada por John May
en Florida, en 1983, y lograron que se instalara la unidad de salud.
“En La Victoria está todo el mundo mezcladoÖ Algunos llegan sanos y
se van enfermos”, dice Butter. Lo organización aportó una hoja de
registro que ahora usa el Ministerio de Salud con algunas variantes
(hicieron un estudio con 100 internos, con ocho preguntas básicas).
Génesis trabaja esencialmente en “gerencia de salud” y con 25 promotores
de salud, 15 de los cuales reciben entrenamiento. La voluntaria asegura
que la necesidad actual es el trabajo con los transexuales, uno de los
tres grupos focales de mayor preocupación junto con los haitianos y la
pobreza extrema. “A la cárcel se le da un privilegio que otros no tienen
(con respecto a la analítica de casos)”, dice Butter, pero sólo porque
el dentista aún se niega a intervenir si no se confirma el estado del
paciente.
Génesis tiene 1,157 portadores “activos” de VIH; el grueso de los
afectados son heterosexuales. El mes pasado se “testearon” a 57 internos
y dos dieron positivo. Entre enero y julio del 2015 hubo 1,430 testeos:
33 dieron positivo. La experta, que advierte que hay mucha sífilis en
el penal, dice que los hijos de los internos no deberían entrar por
todas las enfermedades que hay, y que también debería prohibirse el
ingreso de productos comestibles crudos.
(13)
Hace seis años, en un día de aguacero, Roberto Antonio Jiménez le hizo
notar al alcaide de entonces, Nicolás Fortunato, el gran charco que se
formaba en un lugar, y la necesidad de solucionar el asunto,
posiblemente provocado por la capacidad del desagüe. El asunto fue
solucionado en una semana y llevó a Jiménez, de 45 años, condenado a 20
años por homicidio, de los cuales ya cumplió siete, a enfocarse en cómo
mejorar la salud ambiental de los ocho mil internos de La Victoria.
“El problema básico es que quedaba basura en la calle (los pasillos
de la cárcel). Al principio hubo rechazo hasta oficial”, recuerda ahora
el ex profesor de literatura e inglés en la Vocacional; afuera llegó a
ser dirigente del PLD, militante en Estados Unidos, que luego se
incorporó al proyecto del presidente Danilo Medina, a quien una vez le
entregó una propuesta energética para ser aplicado en el país.
“Yo estoy aquí buscando mi redención”, dice Jiménez, que hace mucho
tuvo problemas con un coronel por su proyecto, cuando empezó a ser visto
como un personaje incómodo que estaba amenazando los intereses de
grupos dedicados al contrabando que lo hacían a través de los camiones
de basura. “Cuando empezamos no fuimos bienvenidos, rompimos ese esquema
de corrupción”, dice Jiménez. “En la basura se entraba todo”.
El programa de salud ambiental de La Victoria se basa en un informe
que “Anthony”, como se le conoce en el penal, presentó a las
autoridades. Se llama oficialmente Programa de Gestión Ambiental y
Reciclaje Penitenciario (cada mes debe presentar un informe a Prisiones)
y se institucionalizó el 15 de agosto del 2011, aunque Jiménez
trabajaba en la idea desde el 2010, después de algunos meses asimilando
el internamiento. En el programa, único en todo el país y de los pocos,
si es que hay, en América Latina, participan 25 personas.
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Soledad. Un interno espera la orden de volver a la celda (arriba). Otro descansa en el área de la basura (abajo). |
Oficialmente, más de cien personas están involucradas directamente en
la limpieza del penal (a los diez recolectores de basura se les da un
incentivo). En las celdas, la limpieza se hace cada día, dos y hasta
tres veces, dependiendo de sus ocupantes. El sábado es día de limpieza
general. Muchos pagan a otros internos entre 500 y 700 pesos para que
hagan la limpieza (por litera pagan hasta 150 pesos), les llaman
“síndicos”.
En la Penitenciaría Nacional de La Victoria se recogen 20 toneladas
de basura al día en promedio. En días de visita aumenta un poco más (un
tercio aproximadamente) y dependiendo de la fecha. En diciembre se
produce más cantidad, hasta 30 toneladas, porque viene el doble de
gente. “Este diciembre se rompieron todos los récords. Y cuando hay
problemas, se quiebra la parte más débil de la cadena: se para la
recolección de basura”, apunta Jiménez.
La gente de la iglesia barre los patios y el equipo de reciclaje la
recoge. Cada camioncito se lleva 2 toneladas. Cada día salen 5. De los
“Galpones” 4. En la tarde también. El equipo divide los plásticos según
su denominación: galones plásticos No. 2, plástico duro No. 5, botellas
PET No. 1, que son las que más se recogen, la de los refrescos.
El equipo sólo puede reciclar el 30% de la capacidad de lo que se
podría reciclar. El tiempo para el trabajo es limitado; “si el camión
(que es del Ayuntamiento) llega tarde nos afecta a todos”, afirma
Jiménez.
La recolección se produce mañana y tarde. Hoy se recoge lo que no
entró ayer en el contenedor. Afuera del penal está el “Transfer”, el
lugar donde se reúnen los desperdicios para que se los lleve el camión y
donde el programa piensa construir una nueva estación mucho más
moderna.
La iniciativa fue ideada hace un año, en base a la necesidad de La
Victoria. El “Transfer” actual es pequeño y cuando hay días pico no da
abasto. El nuevo “Transfer” estará herméticamente sellado e incluye un
incinerador para el desecho biomédico. Sólo en material el proyecto
demanda una inversión de 300 mil pesos, y cuentan con el apoyo de las
autoridades, además de la mano de obra gratuita de los propios internos;
y se solucionarán algunos problemas del penal, como la presencia de
basura en sus instalaciones.
El programa también trabaja con la Fundación Atabey en un proyecto de
plantas medicinales, apoya a la comunidad de Ferregú, en coordinación
con la Fundación de Desarrollo Comunal del Río Dajao (Fudecoda), en el
mismo poblado replicando sus éxitos en algunos niveles en ese lugar
(este mes un equipo salió de La Victoria para una jornada de fumigación
en un hecho inédito además) y contempla levantar un vivero en los
“Galpones” ya que hasta ahora solo hay uno, en el ala centro-norte de la
Fortaleza.
Hay otro proyecto de cloración para mejorar la calidad de agua a
través de una planta de tratamiento que funciona en teoría, pero que no
ha sido probado (y en el que Prisiones y la Procuraduría invirtieron un
buen dinero). El agua actualmente es tratada; llega de un pozo y del
sistema de abastecimiento. La idea es que se pueda distribuir el agua
mejor tratada a la población que tiene menos capacidad; para internos
que no pueden pagar botellones y para la cocina y el comedor. La gran
mayoría de la prisión bebe agua de la llave.
En el penal, el grupo de salud ambiental realiza labores de
fumigación en coordinación con el Ministerio de Salud, que abastece al
programa de insumos. La fumigación se realiza cada semana en todas las
áreas y lo hacen hombres entrenados y certificados por el Infotep en la
aplicación de pesticidas. En la cárcel, además del que se compra afuera,
también se usa el cloro que se elabora en el programa a través de dos
máquinas donadas por la OMS en el 2003, a raíz del paso de la tormenta
“Sandy”. El cloro se distribuye dos veces por semana por áreas a los
encargados de limpieza. Cuando la crisis del cólera, todas las paredes
fueron “pintadas” de cloro en un operativo lanzado para evitar el
contagio de la enfermedad.
“Y pensamos abrir el abanico en la medida en que se vayan abriendo
plazas. Vamos a integrar a una mayor cantidad de gente”, dice “Anthony”,
“A la gente que trabaja aquí se le da un seguimiento periódico”,
mientras un oficial está a cargo de la seguridad del área y se les dan
vitaminas a los colaboradores. “El siguiente paso es que el proyecto
tenga un impacto nacional, en todas las prisiones del sistema”, asegura
Jiménez, que destaca el crecimiento del programa gracias al apoyo de las
autoridades, hasta por el tema de su permanencia. “Antes no había
estabilidad”, dice. Y lo más importante: “Tenemos en el grupo una tasa
de retorno cero de reincidencia”.

(14)
Pero mientras se ejercen cambios dramáticos, otras cosas siguen igual en La Victoria. Luis Guridi González, de 20 años, llegó con una orden de prisión preventiva por agresión y lleva un año y tres meses y “nunca ha bajado a la justicia”, como se dice aquí. Ya se sabe, es una historia que se repite hasta convertirse en un número concreto: las tres cuartas partes del penal son internos “preventivos”. Como Jael de Jesús Mercedes, de 24 años, que llegó por sólo 90 días, según el juez que le dictó la coerción, y ya lleva tres años y cinco meses, acusado de robo de automóviles. Hace dos años, inclusive, el querellante desestimó la acusación, dice, pero la fiscalía, inexplicablemente mantiene el proceso. De Jesús, que vive en el “Consulado”, sí ha sido llevado ante un juez: veinte veces, pero entre reenvíos y desestimaciones, nada ha valido para que lo condenen o lo liberen.
Pero mientras se ejercen cambios dramáticos, otras cosas siguen igual en La Victoria. Luis Guridi González, de 20 años, llegó con una orden de prisión preventiva por agresión y lleva un año y tres meses y “nunca ha bajado a la justicia”, como se dice aquí. Ya se sabe, es una historia que se repite hasta convertirse en un número concreto: las tres cuartas partes del penal son internos “preventivos”. Como Jael de Jesús Mercedes, de 24 años, que llegó por sólo 90 días, según el juez que le dictó la coerción, y ya lleva tres años y cinco meses, acusado de robo de automóviles. Hace dos años, inclusive, el querellante desestimó la acusación, dice, pero la fiscalía, inexplicablemente mantiene el proceso. De Jesús, que vive en el “Consulado”, sí ha sido llevado ante un juez: veinte veces, pero entre reenvíos y desestimaciones, nada ha valido para que lo condenen o lo liberen.
A Manuel de Jesús Marte. que fue a la justicia en estos días, pero su
caso fue reenviado para el 5 de abril (muchos casos son reenviados
porque el interno no llega a tiempo al tribunal). Acusado de acoso
sexual a una menor de edad el 18 de mayo del 2015 y enviado a La
Victoria por tres meses de coerción, lo que Marte espera es que se
presente el certificado que sostiene su alegato, que se pase a juicio
para ser condenado o liberado, y recomponer a la familia que perdió con
la madre de la muchacha que según él lo ama y está dispuesta a seguirlo a
través del perdón. “No entiendo. Pienso que nunca debió haber pasadoÖ”,
dice Marte. “Hay cosas que no sucedieron, hay cosas que sí”.
A Augusto Luciano Familia, de 36 años, que era sargento mayor de la
policía, lo acusaron de un crimen que supuestamente cometió el 24 de
octubre del 2010 y está aquí justo desde dos días después de aquella
fecha ingrata. A Luciano lo acusan de matar a una fiscal con la que
tenía una relación. La condena fue por 20 años, de las cuales ya cumplió
cinco y medio. El hecho se produjo en Invivienda: salió con su pareja
cuando dos sujetos intentaron un atraco y se fue a los tiros con uno de
ellos. El ex policía difiere de la acusación por la forma en que fue
manejado el proceso. Sarita Valdez, el patólogo, dijo inclusive que el
disparo que le dio a la víctima impactó primero en una superficie dura y
luego le dio a ella. Otra patóloga dijo que nunca había participado en
una investigación en la que estuvieron presentes tantas autoridades
juntas que no tenían que ver con el caso.
Entre otras irregularidades, dice Luciano, desaparecieron un
casquillo que no era de su pistola y no se tomó en cuenta el testimonio
de una testigo que habló a su favor. Lo acusaron de asociación de
malhechores, complicidad, porte ilegal de arma (cuando él es policía) y
asesinato. “El caso fue entorpecido por el sistema”, dice Luciano, que
hace un año y ocho meses espera un fallo del Tribunal Constitucional, al
que elevó su causa. La policía le dio la espalda, agrega:
desnaturalizaron el atraco, recogieron las evidencias, le encontraron al
cadáver otro plomo (sustancia en la bala) y dijeron que sólo él estaba
allí, cuando después detuvieron a los dos atracadores. Encima, una de
las autoridades vinculadas al caso le dijo a la madre de la víctima: “No
se preocupe, le vamos a buscar un culpable”.
A Miguel Alberto Minaya Gómez, en cambio, tres días antes de llegar a
La Victoria, una mujer le dijo leyendo la borra del café que caería en
el penal, pero no le contó lo duro que sería estar en un lugar donde
tres palabras principales condensan el vocabulario de ocho mil personas:
la primera es impronunciable, la segunda es “infierno” y la tercera es
“Dios”, al que Minaya confió su vida mucho antes de que el día en que la
mujer le predijo el futuro, y en otras ocasiones como cuando estuvo en
la “Plancha” y violaron a un muchacho que llegó con él. A Minaya sólo le
robaron 2,300 pesos que los agresores se fumaron en marihuana esa misma
noche.
Minaya, de 44 años, lleva aquí desde el 2 de enero del 2009. Se fue
bajo fianza el 16 de marzo del mismo año y volvió luego de que el juez
Víctor Mejía Lebrón, ahora suspendido y bajo investigación por
corrupción lo condenó por violación el 10 de mayo del 2010 a 15 años de
prisión, de los cuales ya cumplió casi siete. Entre una cantidad
inimaginable de pruebas a favor de Minaya, la principal es una copia del
certificado médico que le practicaron a la querellante y que está
fechado al 24 de noviembre del 2008, cuando según la denuncia, el hecho
por el que se le condenó ocurrió el 8 de diciembre, dieciséis días
después, y que el juez desechó inexplicablemente.
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Celda. Hombres duermen en el pasillo. |
La justicia, dice, pasó por alto que sufrió un accidente que le
partió la pelvis, menos de un mes de la supuesta violación, que
compañeros de la “víctima” firmaron una carta a favor del acusado, que
50 cartas certificando su buena conducta engrosaron su defensa, y que el
hecho se produjo en un lapso de media hora, luego de que el acusado,
explica él, recorrió 5 kilómetros, secuestró a la muchacha y la durmió
con algún somnífero, la llevó a su casa (donde había una fiesta y veinte
testigos), la violó y luego la víctima escapó del residencial,
atontada, sin que nadie se diera cuenta, ni siquiera el vigilante del
único acceso al lugar. A las 3:00 de la tarde.
“En un momento llegué a pensar que todo era una broma y que había una
cámara escondida”, dice Minaya, que guarda cada fotocopiada en un
expediente. En un primer encuentro con un tribunal, la jueza Isis Muñoz
lo exoneró de culpa, y según el interno, asegurando que por casos como
el suyo “no se creía en la justicia”. Pero el padre de la querellante,
un mayor de la Policía ya fallecido (lo mataron de un balazo en el pecho
en circunstancias poco claras hace cinco años), entonces jefe del
destacamento de Las Caobas, insistió en la denuncia y se aseguró hasta
el final de ver al acusado metido en La Victoria.
“Mi papá me enseñó que con la verdad se debe llegar hasta el final,
incluso hasta la muerte”, dice Minaya, afuera veterinario y agente
aduanal; adentro colaborador en el área de salud y de la Vocacional, a
quien la propia fiscal del caso y una psicóloga le pidieron 50,000 pesos
para “sacarlo” de él, cuenta, en una increíble cadena de corrupción que
no paró en todo lo largo del proceso y que siguieron acumulándose a lo
largo de los años. Poco después de la sentencia, un testigo asegura
haber escuchado al padre de la querellante jactarse, borracho en un
colmado, el precio que Minaya paga en prisión: “Yo le di seiscientos
(mil pesos) al juez” para que lo condene.
NOTA DEL EDITOR
Los autores de este trabajo, el reportero Javier Valdivia y el reportero gráfico Jorge Cruz, ingresaron durante un mes a la Penitenciaría Nacional de La Victoria para conocer de cerca la situación que viven poco más de ocho mil internos, y los cambios que la administración del penal, pese a la resistencia de un sistema violento y corrupto, viene introduciendo en los últimos años.
Los autores de este trabajo, el reportero Javier Valdivia y el reportero gráfico Jorge Cruz, ingresaron durante un mes a la Penitenciaría Nacional de La Victoria para conocer de cerca la situación que viven poco más de ocho mil internos, y los cambios que la administración del penal, pese a la resistencia de un sistema violento y corrupto, viene introduciendo en los últimos años.
Durante todo el mes de febrero, ambos periodistas del LISTÍN DIARIO,
bajo la iniciativa del procurador general de la República, Francisco
Domínguez Brito, y la plena colaboración del director de Prisiones,
Tomás Holguín; del alcaide de La Victoria, Gilberto Nolasco, del jefe de
seguridad de la prisión, coronel Marino Carrasco, de su personal y de
un grupo de internos, Valdivia y Cruz pudieron recoger de primera mano
—y sin censura de las autoridades— testimonios, escenas y situaciones
que han traducido en este reportaje de siete entregas.
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