jueves, 17 de marzo de 2016

El bajo mundo municipal

Uno de los procedimientos que engrosan los bolsillos de los funcionarios municipales es la extorsión contra personas y empresas que requieren de aprobación de proyectos en la Sala Capitular o departamentos en la jurisdicción de cada municipio.
Lo que denuncia la empresa Claro, en Puerto Plata, aunque no sea así podría tomarse como uno de esos casos. La coincidencia en el estilo pone a pensar. Los legisladores municipales en algunos puntos del país pasan por encima de las legislaciones para imponer sus gravámenes ilegales.
Los tributos municipales son obligatorios. Hay que diferenciar cuando un impuesto es para la demarcación municipal o nacional, o reclamo de soborno. No se debe tener una doble tributación por el mismo proyecto.
No es seguro que el caso de extorsión sea siempre lo que pongan en uso los regidores y alcaldes, pero para los fines de lugar, surte los mismos efectos porque las empresas se ven trabadas en el cumplimiento de sus programas de crecimiento.
Las empresas de telecomunicaciones, por citar un renglón, tienen por obligación que estar en continuo crecimiento. La demanda de tecnología tiene un ritmo insospechado. La industria, el comercio, el gobierno, los ciudadanos, presionan por la lentitud que perciben muchas veces en el uso de los servicios. Pero no siempre la culpa es de las empresas.
El chantaje que se ejerce contra los requirentes de permisos o autorizaciones ralentiza las labores y tiende a poner a las empresas como blanco de ineficiencia. Al no poder satisfacer la demanda al ritmo que esta se produce brotan las críticas por un mal servicio cuyo punto de origen son las trabas municipales.
Obstáculos seudolegales de algunos cabildos, así como los altos impuestos a las telecomunicaciones, son retrancas para la inversión financiera, el desarrollo de la tecnología y la satisfacción de los servicios.
En muchos cabildos, cuando no pueden extorsionar de forma directa, recurren al paso de la hicotea. Reciben los proyectos pero los ponen a dormir el sueño eterno. Solicitan mil y un papeles. Elaboran nuevos requisitos. Incumplen con su misión de legislar en favor de la comunidad.
En muchas ocasiones la supuesta defensa del interés colectivo o el patrimonio cultural son artimañas de algunos legisladores municipales para ordeñar. Ser regidor es un poder. Es una candidatura de dinero. Esas personas han convertido las alcaldías en un bajo mundo político.
Pur Alfredo Freites ;-
afreites.listin@gmail.com