Para qué sirve el Defensor del Pueblo

Zoila Martínez

Por JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS ;-

Por mucho tiempo en nuestro país se estuvo planificando instituir el “Ombudsman” cuya equivalente es “Defensor del Pueblo”. Se pensó que esta institución una vez votada por el Congreso, se acabarían las injusticias de todos los que a él acudieren. Si bien es cierto que en los países nórdicos el ombudsman funciona correctamente, en nuestro país imitante, esta dependencia gubernamental se ha convertido en una más, sin que sus decisiones sean tomadas en cuenta, lo que constituye un dispendio más del tren administrativo.

En nuestro país, la designación de Defensor del Pueblo recayó sobre la doctora Zoila Martínez, una persona de larga data como digna representante de la profesión de abogado, que se manifestó en vista de los desmanes y abusos cometidos por la Policía Nacional (P.N.) cumpliendo órdenes superiores del Ministerio de Interior y Policía, solicitó, tanto al ministro de Interior y Policía, como al Jefe de la P.N., que impartieran instrucciones para que cesaran los maltratos a personas del Poder Ciudadano, cuyo único “delito” es formar pacífica y ordenadamente, cadenas humanas frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), solicitando que el Poder Ejecutivo, de la cual depende, que emita un Decreto disolviendo ese antro de corrupción, extorsión y prevaricación.

La Defensora del Pueblo se reunió con los miembros prominentes de Poder Ciudadano y les manifestó que no estaba de acuerdo con el proceder del cuerpo del orden, en el sentido de maltratar, arrastrar y echarle gas pimienta a los que protestaron, repetimos, pacíficamente frente a la oficina de la OISOE, reclamando el cese del desacato a la sentencia de amparo del Tribunal Superior Administrativo, otra institución endeble, cuyas decisiones no son acatadas.

Queda demostrado, por las dos solicitudes que la doctora Martínez ha hecho al ministro de Interior y Policía, las cuales éste, ni se ha dignado contestarle. Al parecer, este omnímodo y prepotente funcionario se cree en posición de desacatar cualquier disposición judicial vigente, que le obligue a su cumplimiento, emitidas por organismos del tren judicial, que por sentencia desautorizó, tanto al Ministerio del Interior como a la P.N., a continuar con los excesos cometidos contra pacíficos ciudadanos, y respetar el artículo 49 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y de reunión pacífica de todas las personas.

En nuestro país se ha instaurado un Tribunal Constitucional que se entiende debe remediar todas las violaciones que a la Carta Magna se realicen, pero al parecer, este alto Tribunal, o no se ha percatado o no quiere conocer para dictar una sentencia que obligue al acatamiento de principios establecidos en la Constitución, el cual está obligado al cumplimiento de sus preceptos.

Para nosotros, el Defensor del Pueblo no es sino una carga onerosa para el Presupuesto Nacional, ya que sus decisiones son olímpicamente desacatadas y los organismos destinados al cumplimiento, se hacen de oídos sordos. En tal virtud, el famoso “Ombudsman” no califica para ser introducido en un país en donde como se ha establecido, la justicia es implantada como en un mercado público, dándole ganancia de causa, a aquel que pague más.

En el caso de Poder Ciudadano, se impone la sensatez y el respeto a sus componentes, que pacífica y ordenadamente protestan por un derecho que les asiste y que se resume en: Cierre de la OISOE. Pero ahora, es que esta oficina está tratando de demostrar su valía. Ej. La casa donde nació el Padre de la Patria tenía tres años paralizadas en su remodelación y ahora después de todos estos eventos, es que se han dado cuenta que deben terminar su restauración. ¡Pobre país y más pobres sus instituciones!.