El pasado 17 de junio finalizó el “Plan Nacional de Regularización de Extranjeros”, un ambicioso proceso, único en el mundo, donde el gobierno dominicano ofreció la oportunidad de normalizar su estatus a todo inmigrante residente de manera irregular en el país, sin importar su origen, idioma, religión o color de su piel, de manera gratuita, y cumpliendo cabalmente con la jurisprudencia para tales fines.
Durante los 18 meses del desarrollo de este plan regulatorio, muchos apostaron al fracaso de nuestra política de migración y naturalización -locales y foráneos- y de manera particular el gobierno haitiano, cuyos funcionarios, asumiendo una actitud poco cooperativa, elevaron los costos de los documentos requeridos para que sus nacionales optarán por una residencia legal, no obstante haberse comprometido como gobierno a documentar a sus ciudadanos residentes de manera irregular en el país.
Como siempre, nuevamente se exteriorizó el incumplimiento de sus promesas, al no facilitar la documentación requerida por sus nacionales, y así poder acogerse al Plan Regulatorio. Ante este hecho, es indudable que cualquier otro Estado hubiese aprovechado esta coyuntura para ayudar a sus ciudadanos a legalizarse en el país receptor.
Entiendo que el gobierno haitiano, por múltiples razones debió explotar estas facilidades otorgadas por el gobierno dominicano -una especie de amnistía migratoria- para poder así descomprimir su agobiante situación demográfica, que presiona y estrangula su economía, que se traduce en inestabilidad e ingobernabilidad, realidad que no es secreto para nadie.
Con transparencia y detalles concretos del plan, el propio presidente Danilo Medina, junto al Canciller y sus funcionarios, han explicado sobre las bondades y alcance del plan regulatorio, ante organizaciones y conclaves internacionales. Ellos han puntualizando siempre el respeto a los derechos humanos y, haciendo uso de nuestra condición de nación libre y soberana, la necesidad de alcanzar el objetivo de poner coto al problema migratorio, que es parte del gran propósito de alcanzar el bienestar común del pueblo dominicano, tarea primaria que nuestros vecinos no han podido lograr.
El gobierno dominicano ha reiterado que las repatriaciones de extranjeros que no pudieron acogerse al plan, se harán respetando sus derechos y condición humana. Como prueba de ello, hasta el día de hoy, solo se han registrado “retornos voluntarios” de nacionales haitianos, a quienes las autoridades migratorias les han prestado ayuda y soporte logístico, para que puedan regresar a su terruño con dignidad y todas sus pertenencias.
A pesar de todo esto, el 3 de julio, en Barbados, durante la 36ava. Cumbre del CARICOM, el presidente Martelly, inició lo que sería toda una aviesa campaña de descrédito en contra la República Dominicana.
Allí, sin presentar pruebas reales, denunció las supuestas deportaciones “masivas e indiscriminadas” de ciudadanos haitianos desde el país, planteando además la necesidad y urgencia de negociar un “Memorándum de Entendimiento” para el proceso de repatriación, con el único objetivo de respetar los derechos de los migrantes.
Señaló además, que esas deportaciones masivas e indiscriminadas de haitianos amenazan socavar el proceso y la fragilidad política de Haití, y que en el plano económico y social, los escasos recursos de que dispone el Estado no permitirán hacer frente a estas deportaciones masivas que pueden poner en peligro la paz y la seguridad regional.
En ese escenario, llego al extremo de advertir que “como la República de Haití no tiene fuerzas armadas, es que la diplomacia es su primera línea de defensa, que busca resolver el conflicto de manera pacífica, de conformidad con el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas”.
Nunca se refirió ni admitió que el gobierno dominicano facilitó la regularización de más de 300 mil indocumentados, en su mayoría haitianos.
Pero tal es la hipocresía diplomática haitiana, que como parte de esa campaña, su primer ministro, Evans Paul también acusó a República Dominicana de apresar a 21 haitianos en sus viviendas para repatriarlos a su país, a pesar de tener sus documentos que avalan su inscripción en el Plan de Regularización, información divulgada por la página Web del Gobierno de Haití.
Después de estos ataques perversos, parece que nuestras autoridades han “aprendido de las lecciones pasadas”, siendo el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, quien las rechazó, advirtiendo claramente que el gobierno dominicano no se mantendrá impasible ante las acusaciones sin fundamento, y que ya “era hora de frenar estas ofensivas injustificables basadas en especulaciones e informaciones falsas”.
Pero la cosa no termina ahí. El 8 de julio, el canciller haitiano, Lener Renauld, acudió ante la OEA para pedirle a la comunidad internacional intervenir ante República Dominicana, por la aplicación de sus políticas migratorias. Para sorpresa, escuchamos al canciller Renauld, pronunciar un discurso plagado nueva vez de mentiras y malintencionadas acusaciones.
Sin embargo, en esta ocasión, estos agravios contra el pueblo dominicano, tuvieron su mejor defensa en nuestro embajador ante la OEA, Pedro Vergés, quien sustentó el legítimo derecho del Estado dominicano de regularizar la presencia de extranjeros e imponer controles migratorios sobre su territorio.
Mientras que el Gobierno haitiano promueve con mentiras e infamias el chantaje basado en inexistentes repatriaciones masivas, que ponen en peligro la paz regional y la estabilidad interna de Haití.
El embajador Vergés reiteró que el gobierno dominicano rechazaba cualquier intento de obstaculizar su soberanía y autodeterminación, y advirtió que nadie en el mundo pone en negociaciones los términos de sus leyes, a propósito de las peticiones de Haití de sentarse a negociar un protocolo de repatriaciones.
Señalando, que “Ningún Estado miembro de esta comunidad interamericana, ni de ninguna otra parte del mundo, negocia con otro los términos de sus leyes migratorias, simplemente porque esa es una potestad soberana de los Estados”.
El embajador dominicano, fue más directo y acusó a Haití, de generar una campaña de desinformación con el solo propósito de ocultar su realidad, que aseguró se corresponde con el completo abandono al que ha sometido a sus ciudadanos en territorio dominicano, y aclaró al canciller Renauld, la diferencia entre deportados o repatriados y los retornos voluntarios.
Allí se dejó claro que quienes se han acogido al programa de retorno voluntario son ciudadanos haitianos, y no dominicanos desnacionalizados, como había afirmado el canciller haitiano en la sesión, señalándole que, “es la primera vez que escuchamos de un país que un ciudadano suyo sobra en su territorio”, tras indicar que los retornos se producen porque los migrantes tienen la posibilidad de regresar a República Dominicana sin impedimentos legales.
Para poner la tapa al pomo, el 15 de julio, el secretario General de la OEA, Luis Almagro, en una entrevista realizada por CNN-Español, formula unas desafortunadas y desacertadas declaraciones con relación al problema migratorio entre República Dominicana y Haití, aun sin que la “Misión Técnica” enviada a ambos países haya rendido el informe correspondiente.
Todos oímos a un cínico y atrevido Almagro, que parecería desconocer la historia y el contexto geopolítico de ambas naciones, cuando pronuncio su nefasta declaración: “Es una isla, y cuando es una isla no hay dos países, hay un solo país, aunque sea una isla grande como Australia, esta es una isla pequeña con dos países”
Con prontitud y firmeza, el 17 de julio, el Canciller Andrés Navarro respondió al Secretario General de la OEA, en nombre del gobierno dominicano, y lo acusó de trascender los límites de sus competencias en el organismo y de intentar trazar pautas en las políticas migratorias “de países soberanos e independientes”.
Señalando que “Si Luis Almagro no cambia su actitud y retira su cuestionamiento a la existencia de dos países en nuestra isla, la República Dominicana no tiene nada que dialogar con la Secretaria General de la OEA”.
Al parecer estamos dispuestos a librar la batalla, el 20 de julio recién pasado, el Canciller Navarro, se reunió con los embajadores permanentes ante el Grupo Latinoamericano y Caribeño en la sede de ONU, para explicar y defender la nueva política migratoria que incluye el Plan Nacional de Regularización, demandando el cese de la campaña internacional de descrédito con “acusaciones infundadas” en contra de la reforma migratoria que desarrolla el Gobierno dominicano, apegada estrictamente a la Constitución y al respeto de los derechos humanos, y le pidió a las autoridades de Haití que asuman con responsabilidad la demanda de sus ciudadanos haitianos, y cesen la promoción de la campaña negativa contra la República Dominicana.
Pero como Dios obra para bien, ese mismo día, la embajadora de los EE.UU en Haití, Pamela Ann White junto a la embajadora de Canadá, Paula Caldwell St-Onge, en visita al poblado de Juana Méndez, para evaluar la situación de los inmigrantes haitianos en su regreso desde República Dominicana, declaró a AlterPresse, que al día de hoy no tiene evidencias de que exista “la crisis humanitaria, de la que mucha gente habla, no se ha registrado” en ese país y que, contrario a eso, está observando “cosas que funcionan bien hasta ahora” en los puntos fronterizos que sirve de cruce a gente que opta por su salida voluntaria de territorio dominicano.
Todo indica que ante el tinglado de una diplomacia tramoyista, nuestro pueblo está obligado a respaldar todas las acciones del gobierno ante los despropósitos de presentar al país como una nación que promueve xenofobia y que violenta los derechos humanos de los inmigrantes. En este sentido, respaldamos la aptitud del gobierno de enfrentar las mentiras, calumnias e informaciones distorsiones en contra el país.
Estoy convencido que nuestras autoridades contarán con el respaldo absoluto del pueblo dominicano, si decidiesen empoderarse a usar las “acciones diplomáticas”, que están estipuladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, entre estas, maniobras como el llamado a consulta al embajador acreditado ante Haití o una carta de “no adhesión” al CARICOM, las cuales son armas diplomáticas que pueden ser usadas ante tanta falacia, infamia e hipocresía en contra la República Dominicana. ¡Aún hay Patria!
Por Carlos R. Altuna Tezanos ;-
El autor es miembro fundador del Círculo Delta.
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