SERÁN INSTALADOS EN JUANA MÉNDEZ Y MALPASSE
EL GOBIERNO HAITIANO DA FORMA A UN PLAN DE CONTINGENCIA
El gobierno de Haití anunció ayer que instalará
dos centros en la frontera con República Dominicana para recibir a los
haitianos que viven de manera irregular en este país y que serán
deportados cuando venza el plazo del Plan Nacional de Regularización de
Extranjeros que ejecuta el gobierno dominicano.
El ministro de
Comunicación, Rotchild François Jr., dijo en una rueda de prensa que los
centros de hospedaje estarán ubicados en las localidades de Juana
Méndez y Malpasse, considerados puntos estratégicos para el tránsito de
inmigrantes entre ambos países.
El gobierno dominicano ha
insistido en las últimas semanas que deportará a los indocumentados que
residan en este país y que no se hayan acogido al plan de regularización
que vence el próximo 17 de junio.
François también dijo ayer en
Puerto Príncipe que alrededor de 60,000 pasaportes ya están disponibles
para ser entregados a la Oficina de Inmigración, que debe cubrir parte
de la demanda del documento por parte de inmigrantes haitianos
indocumentados que lo requieren en República Dominicana para poder
acogerse al programa de regularización.
Haití llevó a cabo la se-
mana pasada su primera reunión multisectorial convocada por el
Ministerio de Asuntos de Haitianos Residentes en el Extranjero (MHAVE en
francés), para fijar un plan de contingencia y permitir deportaciones
coordinadas y en condiciones humanas de los repatriados, según destacó
la prensa local.
Las autoridades haitianas desarrollan actualmente
un Programa de Identificación de Inmigrantes de Haití (PIDIH) desde
julio del año pasado, con el fin de proporcionar documentos (certificado
de nacimiento, carné de identidad, pasaporte) a descendientes de
haitianos que viven ilegalmente en República Dominicana.
Pero el
nuevo embajador de Haití en República Dominicana, Daniel Supplice, dijo a
principios de este mes que estaba seguro del fracaso del PIDIH, proceso
que empeoró por la escasez de libretas de pasaportes en el Servicio de
Inmigración, la ineficacia de las estrategias de comunicación y el hecho
de “que la gente (los inmigrantes indocumentados) no iba a aparecer”.
“El programa fue mal estructurado”, dijo Supplice.
Debido
a presiones de inmigrantes haitianos y a fallas en su aplicación, el
gobierno de Haití quitó el manejo del plan al MHAVE y lo pasó a la
Cancillería de su país, redujo el costo de la dotación del documento de
identidad de 2,500 a 1,000, y abrió el mes pasado dos oficinas en
Santiago y Barahona para reforzar la que funciona en Santo Domingo.
Haití
se había fijado la meta de identificar a 200,000 personas, pero según
Supplice sólo 52.000 haitianos indocumentados que viven en República
Dominicana figuran en la actualidad inscritos en el programa, de los que
apenas 2,000 han recibido su pasaporte y otros 15,000 su tarjeta de
identificación nacional.
El canciller Andrés Navarro dijo esta
semana que el país no realizará “deportaciones masivas” tras concluir el
plazo del plan de regularización de extranjeros, y señaló que las
preocupaciones con respecto a ese asunto “son infundadas”.
Navarro
reiteró que el proceso se realizará sin violar los derechos humanos y
lamentó que pese a una prórroga de dieciocho meses, el gobierno del
vecino Haití no logró entregar la documentación necesaria a sus
compatriotas radicados en República Dominicana.
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