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jueves, octubre 23, 2014

El fallo de la CIDH ¡Inaceptable, oprobioso.!

El fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dado a conocer ayer contra nuestro país está lleno de ofensas, de mentiras y de ultrajes a la dignidad dominicana que resultan inaceptables y merecen una respuesta contundente del Estado dominicano.
Y no digo sólo del Gobierno Central, que debería emitir la primera nota de protesta a través de la Cancillería, sino de todas las instituciones que componen el Estado Nacional, al que se ha herido de forma muy grave con una sentencia afrentosa que pretende vulnerar su soberanía y su derecho a establecer políticas migratorias.
Escuchen esto de cerca: “La CIDH halló culpable a República Dominicana por violaciones a los derechos de identidad, igualdad ante la ley, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, a la familia, a la dignidad...”.
Las insólitas valoraciones de la sentencia para justificar las mentirosas violaciones de los dominicanos contra los haitianos, lo deja todo en evidencia.
¿Cuáles derechos de identidad se le violan aquí a los haitianos...? ¿Cuál derecho de igualdad ante la ley se le vulnera? ¿Cuál libertad personal? ¿Cuáles garantías y protección judiciales? ¿Cómo que se les violan sus derechos a la familia? 
Más oprobioso aún resulta decir por sentencia que aquí conculcamos a los haitianos ¿sus derechos a la dignidad?
¿Perdiendo el juicio...?
Parecería que ciertamente hay muy pocas personas juiciosas entre los llamados “jueces” de la CIDH, porque los delitos internacionales que le atribuyen a nuestro país son de tal dimensión que mereceríamos ser proscriptos de la comunidad internacional o acusarnos formalmente de crímenes contra la humanidad:
ñQue el Estado dominicano adoptó un patrón sistemático de expulsiones, inclusive a través de acciones colectivas, en contra de ciudadanos de ascendencia haitiana obedeciendo a una concepción discriminatoria;
ñQue entre 1999 y el año 2000 el Estado dominicano detuvo y expulsó a Haití de manera arbitraria a 27 personas, 22 de las cuales eran dominicanas y cinco haitianas, entre los que había niños que residían en la República Dominicana;
ñQue los documentos oficiales de identidad de algunas de las “víctimas” fueron destruidos o desconocidos por las autoridades estatales al momento de la expulsión:
ñQue a los haitianos más pobres e indocumentados que viven aquí, se les maltrata, se les trata de forma peyorativa, discriminatoria, inclusive de parte de las autoridades nacionales...
¡....Y entonces el colmo!
La parte dispositiva de la sentencia es donde el CIDH comete su mayor atrevimiento al agredir de forma artera la soberanía nacional y el derecho que tiene el Estado para establecer la política migratoria que juzgue conveniente al interés nacional.
Oigan esto: “La Corte ordena a la República Dominicana a que en un plazo no mayor de seis meses documente como ciudadanos dominicanos a los señores William Medina, Awilda Medina y Luis Ney Medina...
Ese señor, William Medina, fue la persona que depuso como testigo en la asamblea de la CIDH celebrada en México, y que ni siquiera pudo probar en qué lugar del país nació y mucho menos sus orígenes familiares.
La sentencia también “ordena al Estado Dominicano” realizar los trámites para que sean ciudadanos dominicanos los señores Víctor Jean, Miguel Jean, Victoria Jean y Nathalie Jean... Y fue entonces cuando la CIDH la botó por los 411:
“Además el Estado dominicanoñ, debe garantizar que Marlene Mesidor una haitiana supuestamente deportada, pueda permanecer en forma regular en el territorio dominicano...”.
Por muchísimo menos de eso, a esa misma Corte la echó Correa de Ecuador.
Por César Medina;-
lobarnechea1@hotmail.com

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