¡Arrancó el asalto!

Por Óscar Medina;-
oscarmedina1974@gmail.com

Cuando el presidente Medina presentó la Ley Especial de Naturalización, una de las debilidades que advertimos fue que dentro de sus alcances incluyó beneficios para las personas nacidas en República Dominicana hijas de padres extranjeros irregulares que no se encuentran inscritas en el Registro Civil.

Eso resultaba a todas luces innecesario porque la sentencia TC-168-13 “que creó el drama humano” que esa ley está llamada a resolver, no afecta a las personas no inscritas en el Registro Civil, pues su efecto intercomunis alcanza solo a aquellos que se encontraban en la misma situación de Juliana Deguis Pierre. Es decir, a los hijos de extranjeros ilegales a quienes no corresponde la nacionalidad dominicana, pero que habían sido irregularmente inscritos en el Registro y habían obtenido actas de nacimiento y/o cédulas de identidad con anterioridad a la Resolución 12 de la Junta Central Electoral.

Pero las presiones locales y externas y el sentido humanista conque el Presidente de la República ha obrado en este caso, determinaron la inclusión de estos ciudadanos en el beneficio de la ley que posteriormente adquirió el número 169-14.

Muchos advertimos el riesgo que se asumía al abrir una vía para que cualquier extranjero pudiera acceder a la nacionalidad dominicana sin que le correspondiese de acuerdo a las leyes y la Constitución. Y que ello se prestaba para crear una especie de “fabrica de identidad y nacionalizar a miles de haitianos”, algo que se encuentra dentro de la carpeta de acciones de ese segmento de la comunidad internacional que pretende resolver el problema haitiano vía la República Dominicana.

He reiterado que con la cantidad de dinero que tienen las ONG’s que atentan contra la identidad nacional, les resulta muy fácil acarrear a miles de haitianos ---nacidos aquí o recién llegados--- para llevarlos a inscribir y beneficiarse de la ley para adquirir un estatus migratorio y posteriormente la nacionalidad. Por tanto, ante las evidentes dificultades para diferenciar “fehacientemente” a quienes nacieron en territorio nacional de los que acaban de cruzar el paso fronterizo, lo razonable era que el reglamento de la ley estableciera que solo podía ser válida para esos fines una partida de nacimiento de una clínica u hospital debidamente registrado.

Pero tal como fue aprobado, ese reglamento abre la posibilidad de falsear identidades con cierta facilidad. Y esa es su principal debilidad, peor incluso que la falta de documentos de identidad de los padres de los solicitantes.

Resulta elemental que ante las dificultades que se les presentan a los haitianos para que su gobierno les facilite la documentación necesaria para acceder a un estatus migratorio a través del Plan de Regularización, tomarán el camino más sencillo: agenciarse un acto de notoriedad o una declaración jurada de una partera declarando falsamente su nacimiento en territorio dominicano.

De entrada se podría alegar que ese camino resulta muy costoso, pero ese es un argumento infantil ante la evidencia de que para montar estas “fabricas de identidades” a las ONG’s les sobra el dinero. Tienen muchos recursos aportados por las mismas agencias de cooperación y organismos multilaterales que no son capaces de colaborar con Haití para que organice un registro civil confiable y garantizarles a sus ciudadanos por lo menos el derecho a la identidad.

Una muestra la acabamos de ver a inicios de esta misma semana. En un importante periódico de circulación nacional se publicó en página escogida, a todo color, un espacio pagado por una agencia de Naciones Unidas informándoles a los extranjeros que residen en el país sobre los beneficios de acceder a la ley 169-14. Algo que no han hecho ninguna de esas ONG’s ni organismos multilaterales con el Plan de RegularizaciónÖ Del cual ni siquiera han hablado y mucho menos promovido en la comunidad haitiana. Y si eso fue a solo horas del decreto del reglamento, hay que imaginarse la ofensiva que vendrá cuando el mismo entre en vigor en el transcurso de las próximas horas. La información que nos llega es que se trata de una campaña bestial, por lo alto y por lo bajo, por las vías legales y también por las fraudulentas. Montarán oficinas para falsear documentos, actos de notoriedad, certificados de parteras y llenar los expedientes completos con toda la información necesaria.

Por eso es importante la más escrupulosa depuración de los expedientes de los potenciales beneficiarios de la ley 169. Y el reglamento deja eso a la discrecionalidad del funcionario o del equipo evaluador.

Es necesario crear las bases de datos para contrastar datos y cruzar información. Y si se repiten muchos testigos, declarantes, parteras y notarios, que el sistema se ocupe de rechazarlos. Hasta el momento no se sabe si el rigor del procedimiento existe, si se están creando o si han sido contemplados por las autoridades.

Cuando expresamos aprensiones por la fragilidad del reglamento, amigos y personas vinculadas a ese proceso nos alegaron que, como la responsabilidad de la aplicación de ese proceso recae básicamente en el Ministerio de Interior y Policía, deberíamos confiar en la firmeza y el apego a la defensa de la soberanía nacional del actual ministro José Ramón Fadul.

Alegan que bajo la dirección de Monchy esos expedientes serán debidamente depurados y no se permitirá que las facilidades de la ley 169 sean abusadas por esas ONG’s antinacionales y por personas inescrupulosas.

El reto está planteado... El proyecto de destrucción de la identidad nacional entró en su fase definitiva. Falta ver si Monchy y su equipo están preparados para proteger la frontera jurídica de la dominicanidad y encabezar la última línea de defensa de la identidad nacional.

Esperemos que sí... ¡Porque el asalto arrancó!