Leopoldo López, dirigente opositor al que el
gobierno venezolano busca apresar porque le atribuye la organización de
los disturbios que estremecen a esta nación sudamericana desde el
pasado miércoles, colgó un video en su cuenta de Twitter en el que
convoca a una manifestación el próximo martes que le acompañe a
entregarse en el ministerio de Interior y Justicia, en Caracas.
“Como es natural, me he tomado algunos días para reflexionar”, admite
en la grabación, divulgada desde la clandestinidad. “Daré la cara”,
asegura, e instruye a los potenciales manifestantes a acompañarlo en el
recorrido “hasta cierto punto”, para evitar episodios de violencia.
Poco después, el presidente Nicolás Maduro
respondió con una advertencia: “El fascismo no volverá a entrar a
Caracas”, asomó lo que será la postura oficial de orden público ante la
eventual marcha. Instó además a López a aceptar las gestiones “de buena
fe” que estaría haciendo el ministerio público para facilitar su entrega
antes del martes, “sin show”, afirmó.
La noche anterior, de sábado, fuerzas de seguridad habían allanado
las residencias de López y de su padre. Maduro denunció que fuerzas de
la oposición se habrían propuesto asesinar a López para achacar el
atentado al gobierno y provocar “una crisis política”.
Maduro hizo sus declaraciones en una cadena nacional de radio y TV
transmitida desde el palacio presidencial de Miraflores. El público en
el estudio estaba conformado por “mi ejército de tuiteros”, como llamó
el mandatario venezolano a los empleados que operan las cuentas
oficiales en las redes sociales, y por personal del tren subterráneo
(metro) de Caracas, que prestaron testimonio sobre las agresiones de las
que habrían sido objeto por parte de los manifestantes. Esos
episodios fueron los que motivaron a Maduro a suspender el servicio de
metro y metrobús para los municipios capitalinos gobernados por la
oposición. Sin embargo, informó el propio presidente, luego de
intercambiar sobre el tema con el ministro de Transporte, decidió
levantar la medida y restituir los servicios.
El sucesor de Hugo Chávez a la cabeza de la Revolución Bolivariana
introdujo en sus “reflexiones domingueras” -como las llamó- un golpe de
efecto de carácter nacionalista para amalgamar a sus seguidores. Según
relató, este domingo el subsecretario de Estado adjunto para América
Latina, Edward Alex Lee, habría convocado en Washington al embajador de
Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) –Caracas no
tiene embajador ante el gobierno norteamericano-, Roy Chaderton, para
comunicarle algunas exigencias. Entre ellas, según Maduro, estaba la de
suspender la orden judicial de captura contra López so pena de enfrentar
graves consecuencias “con ramificaciones internacionales”.
Ante lo que consideró una presión indebida de Washington, Maduro
ordenó la expulsión de tres funcionarios consulares de la Embajada de
Estados Unidos en Caracas. El presidente venezolano aseguró que sus
servicios de inteligencia venían siguiéndole los pasos a los
diplomáticos, a quienes acusó de incentivar la subversión en
universidades privadas.
El relato presidencial busca darle fundamento a la versión oficial,
según la cual los disturbios de los últimos días forman parte de una
trama conspirativa mayor guiada desde Washington. Este domingo dos
funcionarias de alto nivel, la Fiscal General de la República, Luisa
Ortega Díaz, y la ministra de Información y Comunicación, Delcy
Rodríguez, dieron declaraciones en el mismo sentido, con la novedad de
que la ministro Rodríguez agregó una nueva figura al elenco de la
conspiración, el “narcoparaco” –así lo denominó- Álvaro Uribe Vélez,
expresidente de Colombia.
El excandidato presidencial y gobernador del estado de Miranda,
Henrique Capriles Radonski, dio un giro irónico a esas afirmaciones
oficialistas, durante una rueda de prensa ofrecida en Caracas y que no contó con cobertura de medios radioeléctricos venezolanos.
“Los civiles no damos golpes de Estado”, le devolvió la pelota al
oficialismo, “así que le exigimos al Gobierno que muestre las evidencias
de los militares que pueden estar actuando contra la Constitución”.
La aparición de Capriles pareció devolverle algo de la iniciativa
política capitalizada, luego de los hechos de calle de la última semana,
por los dirigentes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
que, como Leopoldo López y María Corina Machado, favorecen opciones más
allá de las electorales para desalojar al Gobierno de Nicolás Maduro.
Capriles exigió al primer mandatario el desarme de los grupos
paramilitares adeptos a la revolución y, si bien rechazó la violencia,
pidió que no se criminalice a los estudiantes “que tienen razones para
protestar”. Anunció además que pronto convocará a una concentración
pública “contra la violencia”.
El domingo fue el quinto día seguido de protestas y disturbios,
aunque de menor intensidad y constreñidos a puntos casi emblemáticos de
la oposición, como la Plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas.
Manifestantes volvieron a levantar barricadas frente a la sede del
principal canal de televisión del Estado, Venezolana de Televisión,
enclavada en el corazón de un barrio de clase media caraqueña. Fuerzas
antidisturbios actuaron para levantar el cerco mediante el empleo de
gases lacrimógenos.
La jornada dominical prometía abrir una tregua después de cuatro días
de protestas protagonizadas por grupos estudiantiles contrarios al
Gobierno chavista. En horas de la mañana, cientos de estudiantes
marcharon sin incidentes por la avenida Francisco de Miranda de la
capital. Los dirigentes universitarios dijeron que este lunes anunciarán
las nuevas acciones de protesta que van a emprender.
En su edición dominical el diario Últimas Noticias
de Caracas puso en entredicho la versión oficial sobre los disturbios
del miércoles, los más graves de la semana, que en la capital tuvieron
un saldo de tres muertes y decenas de heridos. Haciendo un análisis de
fotos y vídeos aficionados, el diario demuestra que funcionarios de la
policía política reprimieron a los manifestantes con disparos, y que
podrían haber causado dos de los decesos. También el domingo, abogados y
activistas de derechos humanos formularon denuncias sobre supuestos
abuso sexuales que habrían cometido integrantes de cuerpos de seguridad
contra algunos de los casi 200 detenidos tras las manifestaciones.
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