CIDH se invalida como observador

Durante la Asamblea de la OEA en que se
conoció la sentencia 168/13 del TC, el país
solicitó la visita “in loco” que inicia esta semana
la Comisión Internamericana de Derechos Humanos

Esa Comisión emitió juicios que descalifican una observación imparcial cuando condenó a priori la sentencia 168/13 del TC y la juzgó como violatoria de los derechos humanos, "porque despoja de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas" 

César Medina 

La “visita in loco” que hace desde mañana al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —cuyos resultados no son vinculantes al Estado Dominicano y ni siquiera al organismo multilateral que la dispone, en este caso la OEA— cuestiona seriamente aspectos de soberanía siempre innegociables por los estados miembros.

De entrada, este procedimiento pone bajo seria sospecha el respeto a los derechos humanos, y por sus graves implicaciones políticas la mayoría de los países se niegan a conceder autorización— hacer una invitación, que es el eufemismo técnico— para semejante experticia foránea, una condición imprescindible para hacerla posible.

Danilo Medina

Más aún porque esa comisión emitió juicios que descalifican una observación imparcial cuando condenó a priori la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional y la juzgó como violatoria de los derechos humanos “porque despoja de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas” nacidas en el territorio nacional.

El equipo que inicia mañana sus pesquisas lo componen los nueve integrantes de la Comisión, más el

personal de apoyo secretarial, relatores, testigos y observadores. Entre sus principales actividades tienen programada una conferencia de prensa el próximo viernes para anunciar sus hallazgos. Será a las 11:00 de la mañana, en el hotel Crowne Plaza.

Es la única actividad de su programación que desde hace semanas tenía preestablecido lugar, día y hora… todo bajo riguroso cronómetro. Lo que dirán ahí pudiera adelantarse desde ahora.

Integrantes y programa…
La delegación que llegó al país este fin de semana la integran el presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez; las vicepresidentas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz; los comisionados Felipe González, Dinah Shel- ton y Rose Marie Antoine, y los secretarios Emilio Álvarez Icaza Longoria, Elizabeth Abi Mershed; la relatora Catalina Botero, y personal de apoyo secretarial.

Michel Martelly

En su primera declaración a la prensa mucho antes de su llegada al país, la CIDH dice que el motivo de su visita es “analizar la situación de los derechos humanos en República Dominicana en lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, así como otros derechos y problemáticas relacionadas”.

También adelanta que la comisión se entrevistará con funcionarios oficiales “de los tres poderes del Estado” y con representantes de sectores de la sociedad civil tanto en la capital como en provincias del interior “con el interés de conocer con mayor profundidad los desafíos y avances en materia de derechos humanos y de recibir denuncias”.

La CIDH establecerá su sede en la capital dominicana a partir de mañana lunes hasta el próximo jueves, en horario de 9:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

El miércoles la comisión se propone “recibir denuncias” —así lo específica el programa, no hacer investigaciones— en las provincias de Dajabón, Valverde, San Pedro de Macorís y La Romana.

Origen de esta “visita” a la RD La sentencia 168/13 del Constitucional se produjo el 23 de septiembre. Una semana

José Miguel Insulza

después, Haití inició un lobbismo silencioso a nivel diplomático que minó la imagen del país y en cuestión de días provocó un aluvión de protestas y condenas de personalidades y organismos internacionales.

Una de las primeras voces críticas surgió precisamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al señalar— aún sin conocimiento de causa porque la sentencia no se había hecho pública— que se trataba de una “flagrante violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

En esta situación viajó a Washington una comisión del más alto nivel del gobierno y expuso en la Asamblea de la OEA la posición dominicana y los alcances de la sentencia, reiterando que se trata de aplicar un plan nacional de regularización de la inmigración extranjera pendiente desde hacía muchos años. Además, insistió en que la sentencia del Constitucional tiene carácter irreversible.

José de Jesús Orozco Rodríguez

Previo a la Asamblea de la OEA, la comisión encabezada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, fue recibida en audiencia privada por el secretario general del organismos multilateral, el chileno José Miguel Insulza, y fue en ese escenario donde se le pidió al gobierno que solicitara la “visita in loco” de la CIDH.

El propósito era, según la argumentación de Insulza, reafirmar la buena voluntad del gobierno dominicano y demostrar la falsedad de la denuncia haitiana. La comisión, sin embargo, viene prejuiciada “a confirmar la denuncia de Haití…”.

Los funcionarios dominicanos tenían la opción de rechazar la propuesta de Insulza. La mayoría de los países lo hacen cuando estiman que se trata de una injerencia en sus asuntos internos si los temas cuestionan su soberanía, como es el caso de la sentencia 168 del TC.

La prudencia del momento, no obstante, recomendaba aceptar la visita de la CIDH sin mayores cuestionamientos.

Fue justo lo que hicieron Montalvo y los demás comisionados del Presidente Danilo Medina una vez hechas las consultas de rigor.

Una “invitación coercitiva”
La “invitación” a la comisión de la CIDH fue casi forzada por Insulza, quien desde un principio dio

Gustavo Montalvo

muestras de su apoyo a los intereses haitianos. Sus declaraciones imprudentes tuvieron que ser corregidas luego admitiendo que no había leído la sentencia del Tribunal Constitucional. La realidad de todo esto es que ese órgano no tiene competencia para actuar en el país.

En abril de este mismo año la OEA emitió “el documento básico en materia de derechos humanos en el sistema interamericano de justicia”, donde se consigna que la República Dominicana no ha aceptado la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Por tanto, cualquier decisión u opinión que emitan esos comisionados no es institucionalmente vinculante con la República Dominicana y consecuentemente el Estado no está obligado a aceptar sus sugerencias y menos sus decisiones.

A lo sumo, las conclusiones a que puedan arribar esos “visitantes in loco” de la CIDH servirían tal vez para engrosar los voluminosos archivos —la mayoría pendientes de digitalización— de un organismo devenido en infuncional y obsoleto cuyo peso carece de significación en la diplomacia internacional. 

Rafael Correa

CUESTIÓN DE PROCEDIMIENTO

Uno de los objetivos de la “visita in loco” es determinar la veracidad de una denuncia fundamentalmente si es violatoria de los derechos humanos, y constituye un mecanismo generalmente utilizado por los orga-nismos internacionales como la ONU y la OEA. Tiene que hacerse siempre con la anuencia del país afectado con la denuncia.

Cualquier país tiene la facultad de negarse a tal fiscalización siempre y cuando la considere improcedente y violatoria de su soberanía.

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció a la CIDH el año pasado por vicios de imparcialidad acusándola de interferir en los asuntos internos de su país. Correa solicitó “cambios profundos” en la composición de la CIDH y advirtió que esperará hasta el próximo año 2014 y si para entonces esa transformación no se ha producido su país abandonará la OEA.

Esta es la “visita in loco” número 79 que hace la CIDH a diversos países del hemisferio desde que fue establecida hace más de medio siglo. Es la quinta a la República Dominicana, la primera de ellas a raíz de la muerte del dictador Trujillo.

Once de esas “visitas” han sido a Haití, todas por denuncias de violaciones a los derechos humanos confirmadas en el terreno… Y Nada ha pasado nunca después de los informes de la CIDH.

Igual en Guatemala, donde se han hecho diez “visitas in loco”. Le sigue Perú, con cuatro en las últimas décadas.