Domínguez Brito califica desastroso el fallo; fiscal recurrirá en casación
Santo Domingo;-La jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito
Nacional, Gisselle Méndez, declaró este martes extinción de la acción
penal en el proceso del expediente que involucra a los imputados del ex
director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), de Jaime Rodríguez
Guzmán que solicito declarar la extinción de la acción penal en el caso
de Bahía de las Águilas.
La magistrada Méndez adoptó su decisión de ordenar el archivo del caso
de la estafa contra el Estado dominicano en Bahía de las Águilas,
En ese sentido, la jueza emitió su decisión, luego de acoger el
pedimento del abogado Francisco Taveras encabeza la defensa del ex
director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), su esposa Margarita
Martínez y su hermano Rafael Rodríguez.
La magistrada Méndez se había reservado el fallo del pedimento hecho el
abogado Taveras de los prevenidos acusados de expropiación de cientos
de miles de metros en Bahías de las Águilas, mediante los alegatos que
transcurrieron más de tres años en el proceso, previsto y sancionado en
el control de la duración de cada proceso judicial.
En tanto, el ministerio publico pidió que le rechazarán dicho pedimento.
Se recuerda que los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia (SCJ), Mirian Germán Brito e integrado por los jueces Alejandro
Moscoso Segarra, Frank Soto Sánchez y Juan Hirohito Reyes, anularan la
sentencia que declaraba extinguida la acción penal contra los imputados.
Luego, que el tribunal acogiera un recurso de casación interpuesto por
la fiscal del Distrito Nacional, Reynoso contra de la sentencia del
Segundo Tribunal Colegiado, que ordenaron un nuevo juicio.
Domínguez Brito califica desastroso y vergonzante el fallo
El Procurador General, Francisco Domínguez Brito calificó de desastrosa
y vergonzante” la decisión emitida por los jueces del Primer Tribunal
Colegiado del Distrito Nacional, que declara extinta la acción penal en
el caso de Bahía de Las Águilas, tras reaccionar de fallo.
El procurador señaló que se trata del uno de los casos de corrupción
más grande que ha vivido el país y en el cual se ha pretendido despojar
de uno de los mayores patrimonios que tiene la República Dominicana.
“Estamos hablando de miles de millones de pesos que se le pretende robar
al pueblo y que un sistema de justicia no puede apoyar con la impunidad
este tipo de acciones”, manifestó Domínguez Brito.
Domínguez Brito, se expresó a través de un comunicado de prensa donde
aseguró que “decisiones como estas y de algunas otras precedentes, son
las que generan la desconfianza de la ciudadanía, en quienes
administramos la justicia”.
Además, calificó de intolerable el hecho de que un reclamo de la nación
completa y de un pueblo, se deje de lado por atender intereses que no
son para el de la verdad y la justicia.
Aseguró que el Ministerio Público seguirá luchando y agotando todos los
procesos hasta lograr que los imputados sean sancionados.
Fiscal recurrirá en casación
La
Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, informó este
martes que recurrirá en casación la decisión de la jueza Gisselle
Méndez, del Primer Tribunal Colegiado, que declara la extinción de la
acción penal en el caso seguido contra de los coacusados Jaime Rodríguez
Guzmán, Rafael Antonio Rodríguez y Reyna Margarita Martínez, en el
caso Bahía de las Águilas.
La Fiscalía acusa a
los implicados los delitos asociación de malhechores, falsedad, desfalco
y estafa en contra del Estado Dominicano.
¨El
Ministerio Público va a recurrir en casación por entender que es una
decisión que violenta el principio de contradicción, por lo que es
sorprendente que se valoraron documentos que la Fiscalía no tenía
conocimiento y eso está expresamente prohibido, porque solo un juez
puede fallar su decisión sobre las cuestiones que están sometidas al
debate¨ expresó la magistrada Reynoso al salir del tribunal.
La
jueza Gisselle Méndez, presidenta del tribunal, ordenó además el
archivo definitivo de las actuaciones levantadas en ocasión de este
proceso y el cese de cualquier medida de coerción que haya sido impuesta
a los imputados.
En tanto, la abogada Laura
Acosta, defensa del Estado, manifestó que este fallo implica que un
tribunal inferior decidió contrario a la decisión de la Suprema Corte de
Justicia. ¨Nunca pensamos que el proceso sería fácil, estamos
preparados¨ agregó la Acosta.
La decisión
adoptada por el tribunal es susceptible de recurso de casación, por
efecto de las disposiciones contenidas en los artículos 425 y siguientes
del Código Procesal Penal.
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