La operación Falcón, llevada a cabo por el Ministerio Público (MP) contra una alegada red de narcotraficantes y por la cual acusa a por lo menos 21 imputados, muestra una serie de lecturas preocupantes donde la impunidad y la complicidad nueva vez se anidan en perjuicio de la sociedad que ya ha perdido la capacidad de asombro.
Lamentablemente la clase política ha salido embarrada en este expediente, donde según el MP los encartados financiaban campañas de algunos candidatos a los fines de tener protección y privilegios. Según la acusación, el grupo traficaba un volumen de dos mil 500 kilos de cocaína a la semana, que eran enviados a Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, llegando a acumular inversiones por lavado de activos cercanas a los 10 mil millones de pesos.
Lo mas grave del caso es que, pese a que en los 80 allanamientos realizados por el MP se incautaron bienes muebles e inmuebles que pudieran superar los cincuenta mil millones de pesos, nadie se había dado cuenta de lo que según los fiscales estaba ocurriendo desde hacía 9 años con responsables, padrinos y testaferros.
Se habla de que algunos congresistas pudieran estar vinculados en este caso los que por tener jurisdicción privilegiada podrían ser en las próximas horas acusados ante la Suprema Corte de Justicia. El país debe respaldar esta valiente cruzada profiláctica que ha iniciado un MP que, hoy sin los frenos ni las vinculaciones del Poder Ejecutivo, tiene luz verde para actuar conforme a los méritos penales que tengan los expedientes, para que, y como ha dicho el presidente de la República Luis Abinader, el que la hizo la pague, caiga quien caiga.
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