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viernes, junio 28, 2019

Influyente economista dominicano defendió a Odebrecht, que le pagó millones en secreto

A medida que comenzaron a surgir interrogantes sobre el precio cada vez mayor de una planta eléctrica a carbón de $2,000 millones en República Dominicana, uno de sus principales defensores fue el destacado economista dominicano Andrés Dauhajre Hijo.
Dauhajre escribió en el diario El Caribe en febrero de 2017 "
Catalina: ¿Sobrevaluada o subvaluada?" y que las críticas a los costos del proyecto en Punta Cana era “la mentira mejor mercadeada en los últimos años”.
Pero Dauhajre no mencionó un detalle importante.
No reveló que Odebrecht S.A., el gigante brasileño de la construcción que ganó un contrato en 2013 para construir la planta, le pagó más de $3 millones. Ese dinero se agregaba a lo que su firma de asesoría había cobrado previamente al gobierno para evaluar las ofertas de Odebrecht y otras firmas.
Esos pagos están entre las revelaciones en una partida de información y documentos filtrados obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos que muestra el contenido del sistema Drousys de Odebrecht, un sistema de contabilidad alterno que la compañía usó para llevar la cuenta de $788 millones en sobornos y pagos no oficiales a políticos y funcionarios de gobiernos en 12 países de América Latina y África.
Reporteros de McClatchy, el Miami Herald y el Nuevo Herald son parte del equipo de más de 50 periodistas en 10 países que analizaron los documentos filtrados durante más de cuatro meses.
El sistema Drousys mostró pagos relacionados con varios proyectos en República Dominicana, incluidos más de $3.3 millones pagados en 2014 a una compañía pantalla relacionada con Dauhajre, llamada Baker Street Financial Inc.

Esa misma compañía —en que Dauhajre aparecía como el único director— compró un apartamento de $2 millones en Manhattan en diciembre de 2015.
Al mostrársele los registros de los pagos y de propiedad que lo vinculaban con la compañía pantalla, Dauhajre reconoció que Odebrecht le había pagado por “servicios de asesoría financiera” para ayudar a la empresa en el financiamiento de la planta electrogeneradora cuando el plan de financiamiento original fracasó.
“Baker Street Financial Inc. entregó exitosa y efectivamente el servicio de asesoría solicitado por Odebrecht durante 2014 y 2015”, expresó Dauhajre en la declaración. “Varias de las opciones financieras propuestas por Baker Street Financial Inc. a Odebrecht fueron aceptadas al final por el estado dominicano, lo que permitió que el proyecto se materializara”.
Solamente en República Dominicana, Odebrecht entregó $92 millones a funcionarios de gobierno y sus intermediarios, parte de un patrón mucho más amplio de corrupción que involucraba a una docena de compañías, según la negociación de cargos de Odebrecht en 2016 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Odebrecht S.A. acordó pagar una multa récord de $2,600 millones en el caso.
Hasta el momento, la Procuraduría General de República Dominicana ha determinado que muchos de los 17 proyectos de Odebrecht en el país estaban asociados con malos manejos.

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Con una excepción. El proyecto de la planta termoeléctrica de Punta Catalina, que según el procurador general escribió en junio de 2018, “no mostraba evidencias de beneficios especiales o intercambios indebidos”.
Pero los documentos filtrados muestran pagos por un total superior a los $39 millones en relación con la planta termoeléctrica, incluidos pagos a la compañía de Dauhajre.
El principal cabildero de Odebrecht en República Dominicana, Ángel Rondón Rijo, fue acusado de corrupción en ese país y colocado en la lista de sanciones de Estados Unidos en diciembre de 2017.
Rondón Rijo es una de seis personas que enfrentan juicio ante la Corte Suprema dominicana en relación con el caso de Odebrecht S.A., junto con Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, el senador Tommy Galán Grullón y un ex presidente del Senado, Andrés Bautista García, entre otros.
Hasta el momento, ninguno ha sido condenado por delito alguno, un fuerte contraste con otros países en la región. El escándalo de Odebrecht llevó a cambios de gobierno en Brasil y Perú, mientras que el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas está cumpliendo seis años de prisión por aceptar sobornos.
“Pienso que algunos países han hecho una mejor labor a la hora de pedir cuentas”, dijo James “Wally” Brewster, ex embajador de Estados Unidos. “Creo que todavía hay oportunidades de que los países en cuestión pidan cuentas a esas personas y que la confianza en esos gobiernos mejore con acusaciones y condenas de los culpables. De otra manera, la corrupción continuará”.
El procurador general dominicano declinó hacer declaraciones sobre los pagos que Dauhajre recibió a través del sistema Drousys, y en su lugar solicitó al consorcio internacional de periodistas que entregara a su despacho el material filtrado. El procurador citó exenciones a compartir información pública porque pudiera “comprometer la estrategia procesal” del caso o infringir el “deber de secreto”.
La Fundación Economía y Desarrollo, de Dauhajre, fue una de tres firmas contratadas para hacer un análisis económico de las licitaciones por el contrato de Punta Catalina.
Según el informe, Odebrecht posteriormente cobró de más por su trabajo, incluidos sueldos que en algunos casos superaron el 1,000% del salario mínimo estipulado por el gobierno para esas profesiones.
Días antes de escribir su defensa del proyecto en febrero de 2017 en el diario El Caribe, Dauhajre defendió su análisis en 2013 de la oferta de Odebrecht en el proyecto ante una comisión que investigaba si el contrato se había otorgado debidamente. Pero Dauhajre no reveló que para ese momento Odebrecht ya le había pagado millones de dólares a través de Baker Street Financial.
Varios años antes, la misma compañía pantalla compró un apartamento en una de las torres Icon Brickell de Miami. El apartamento fue puesto a la venta por $1.15 millones en 2014 por una agente de bienes raíces que tiene el mismo apellido que el economista.

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Contactada por teléfono, la agente, Ana Dauhajre, confirmó que es familia de Andrés Dauhajre pero declinó ofrecer detalles sobre la naturaleza exacta del parentesco ni confirmar que el economista es el dueño del condo.
Dauhajre pertenece a una prominente familia dominicana y es común que los dominicanos de medios tengan propiedades en Miami. El condo sigue sin venderse y todavía es propiedad de Baker Street Financial.
Con al respaldo del plan financiero de Dauharje, el gobierno dominicano, Odebrecht S.A. y otros socios en el proyecto de la planta termoeléctrica buscaban garantías de préstamos del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos. Pero la idea aparentemente trastabilló cuando la administración del entonces presidente Barack Obama desalentó el uso del carbón como fuente de energía en su esfuerzo por limitar las emisiones mundiales de carbono.
Dauhajre dijo que fue contratado en parte porque el plan de Odebrecht de obtener un préstamos a través del banco estadounidense falló después que la agencia federal cambió sus políticas sobre el respaldo a plantas eléctricas a carbón en diciembre de 2013 para alinearse mejor con el gobierno de Obama.
En febrero de 2011, Odebrecht consiguió garantías del banco estadounidense para otro proyecto controversial en República Dominicana, la Autopista del Coral, que figuró de manera prominente en la investigación de corrupción. Los registros de Drousys están repletos de referencias a la carretera de 44 millas, que conecta la capital Santo Domingo con localidades de playa en el este de la isla, como Punta Cana, que sugieren pagos ilegales porque eso fue exactamente para lo que se creó el sistema paralelo de contabilidad.
La garantía de préstamo cubría $36.5 millones en financiamiento para la carretera con peaje que se construía con la ayuda de Odebrecht Global Solutions, con sede en Miami y filial de la matriz brasileña. Ese fue el primer uso de Odebrecht de garantías de préstamos estadounidenses. Un alto funcionario de la agencia dijo que no ha habido problemas con las garantías y que en este momento la exposición del Ex-Im Bank —la parte aún no pagada de las garantías de préstamo— es de alrededor de $12.8 millones.
La parte de las obras financiada con ayuda del Ex-Im Bank ya se completó. En 2015, un empleado del Ex-Im Bank llamado Johnny Gutiérrez se declaró culpable de aceptar $78,900 en sobornos para aprobar proyectos en República Dominicana, pero el banco confirmó que no jugó ningún papel en el préstamo para la Autopista del Coral.
Alicia Ortega Hasbún reporta para el Grupo Sin en República Dominicana.

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