A medida que comenzaron a surgir interrogantes sobre el precio cada
vez mayor de una planta eléctrica a carbón de $2,000 millones en
República Dominicana, uno de sus principales defensores fue el destacado
economista dominicano Andrés Dauhajre Hijo.
Dauhajre escribió en el diario El Caribe en febrero de 2017 "
Catalina: ¿Sobrevaluada o subvaluada?" y que las críticas a los costos del proyecto en Punta Cana era “la mentira mejor mercadeada en los últimos años”.
Pero Dauhajre no mencionó un detalle importante.
No reveló que Odebrecht S.A., el gigante
brasileño de la construcción que ganó un contrato en 2013 para construir
la planta, le pagó más de $3 millones. Ese dinero se agregaba a lo que
su firma de asesoría había cobrado previamente al gobierno para evaluar
las ofertas de Odebrecht y otras firmas.
Esos pagos están entre las revelaciones en una partida de información
y documentos filtrados obtenidos por el Consorcio Internacional de
Periodistas Investigativos que muestra el contenido del sistema Drousys
de Odebrecht, un sistema de contabilidad alterno que la compañía usó
para llevar la cuenta de $788 millones en sobornos y pagos no oficiales a
políticos y funcionarios de gobiernos en 12 países de América Latina y
África.
Reporteros de McClatchy, el Miami Herald y el
Nuevo Herald son parte del equipo de más de 50 periodistas en 10 países
que analizaron los documentos filtrados durante más de cuatro meses.
El sistema Drousys mostró pagos relacionados con
varios proyectos en República Dominicana, incluidos más de $3.3 millones
pagados en 2014 a una compañía pantalla relacionada con Dauhajre,
llamada Baker Street Financial Inc.
Deed for Manhattan apartmen... by on Scribd
Esa misma compañía —en que Dauhajre aparecía como el único director— compró un apartamento de $2 millones en Manhattan en diciembre de 2015.
Al mostrársele los registros de los pagos y de propiedad que lo
vinculaban con la compañía pantalla, Dauhajre reconoció que Odebrecht le
había pagado por “servicios de asesoría financiera” para ayudar a la
empresa en el financiamiento de la planta electrogeneradora cuando el
plan de financiamiento original fracasó.
“Baker Street Financial Inc. entregó exitosa y
efectivamente el servicio de asesoría solicitado por Odebrecht durante
2014 y 2015”, expresó Dauhajre en la declaración. “Varias de las
opciones financieras propuestas por Baker Street Financial Inc. a
Odebrecht fueron aceptadas al final por el estado dominicano, lo que
permitió que el proyecto se materializara”.
Solamente en República Dominicana, Odebrecht
entregó $92 millones a funcionarios de gobierno y sus intermediarios,
parte de un patrón mucho más amplio de corrupción que involucraba a una
docena de compañías, según la negociación de cargos de Odebrecht en 2016 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Odebrecht S.A. acordó pagar una multa récord de $2,600 millones en el caso.
Hasta el momento, la Procuraduría General de
República Dominicana ha determinado que muchos de los 17 proyectos de
Odebrecht en el país estaban asociados con malos manejos.
Con una excepción. El proyecto de la planta termoeléctrica de Punta
Catalina, que según el procurador general escribió en junio de 2018, “no
mostraba evidencias de beneficios especiales o intercambios indebidos”.
Pero los documentos filtrados muestran pagos por
un total superior a los $39 millones en relación con la planta
termoeléctrica, incluidos pagos a la compañía de Dauhajre.
El principal cabildero de Odebrecht en República Dominicana, Ángel Rondón Rijo, fue acusado de corrupción en ese país y colocado en la lista de sanciones de Estados Unidos en diciembre de 2017.
Rondón Rijo es una de seis personas que enfrentan juicio ante la
Corte Suprema dominicana en relación con el caso de Odebrecht S.A.,
junto con Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, el senador
Tommy Galán Grullón y un ex presidente del Senado, Andrés Bautista
García, entre otros.
Hasta el momento, ninguno ha sido condenado por
delito alguno, un fuerte contraste con otros países en la región. El
escándalo de Odebrecht llevó a cambios de gobierno en Brasil y Perú,
mientras que el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas está cumpliendo
seis años de prisión por aceptar sobornos.
“Pienso que algunos países han hecho una mejor
labor a la hora de pedir cuentas”, dijo James “Wally” Brewster, ex
embajador de Estados Unidos. “Creo que todavía hay oportunidades de que
los países en cuestión pidan cuentas a esas personas y que la confianza
en esos gobiernos mejore con acusaciones y condenas de los culpables. De
otra manera, la corrupción continuará”.
El procurador general dominicano declinó hacer
declaraciones sobre los pagos que Dauhajre recibió a través del sistema
Drousys, y en su lugar solicitó al consorcio internacional de
periodistas que entregara a su despacho el material filtrado. El
procurador citó exenciones a compartir información pública porque
pudiera “comprometer la estrategia procesal” del caso o infringir el
“deber de secreto”.
La Fundación Economía y Desarrollo, de Dauhajre,
fue una de tres firmas contratadas para hacer un análisis económico de
las licitaciones por el contrato de Punta Catalina.
Según el informe, Odebrecht posteriormente cobró
de más por su trabajo, incluidos sueldos que en algunos casos superaron
el 1,000% del salario mínimo estipulado por el gobierno para esas
profesiones.
Días antes de escribir su defensa del proyecto en
febrero de 2017 en el diario El Caribe, Dauhajre defendió su análisis
en 2013 de la oferta de Odebrecht en el proyecto ante una comisión que
investigaba si el contrato se había otorgado debidamente. Pero Dauhajre
no reveló que para ese momento Odebrecht ya le había pagado millones de
dólares a través de Baker Street Financial.
Varios años antes, la misma compañía pantalla
compró un apartamento en una de las torres Icon Brickell de Miami. El
apartamento fue puesto a la venta por $1.15 millones en 2014 por una
agente de bienes raíces que tiene el mismo apellido que el economista.
Contactada por teléfono, la agente, Ana Dauhajre, confirmó que es
familia de Andrés Dauhajre pero declinó ofrecer detalles sobre la
naturaleza exacta del parentesco ni confirmar que el economista es el
dueño del condo.
Dauhajre pertenece a una prominente familia
dominicana y es común que los dominicanos de medios tengan propiedades
en Miami. El condo sigue sin venderse y todavía es propiedad de Baker
Street Financial.
Con al respaldo del plan financiero de Dauharje,
el gobierno dominicano, Odebrecht S.A. y otros socios en el proyecto de
la planta termoeléctrica buscaban garantías de préstamos del Banco de
Exportación e Importación de Estados Unidos. Pero la idea aparentemente
trastabilló cuando la administración del entonces presidente Barack
Obama desalentó el uso del carbón como fuente de energía en su esfuerzo
por limitar las emisiones mundiales de carbono.
Dauhajre dijo que fue contratado en parte porque
el plan de Odebrecht de obtener un préstamos a través del banco
estadounidense falló después que la agencia federal cambió sus políticas
sobre el respaldo a plantas eléctricas a carbón en diciembre de 2013
para alinearse mejor con el gobierno de Obama.
En febrero de 2011, Odebrecht consiguió garantías
del banco estadounidense para otro proyecto controversial en República
Dominicana, la Autopista del Coral, que figuró de manera prominente en
la investigación de corrupción. Los registros de Drousys están repletos
de referencias a la carretera de 44 millas, que conecta la capital Santo
Domingo con localidades de playa en el este de la isla, como Punta
Cana, que sugieren pagos ilegales porque eso fue exactamente para lo que
se creó el sistema paralelo de contabilidad.
La garantía de préstamo cubría $36.5 millones en
financiamiento para la carretera con peaje que se construía con la ayuda
de Odebrecht Global Solutions, con sede en Miami y filial de la matriz
brasileña. Ese fue el primer uso de Odebrecht de garantías de préstamos
estadounidenses. Un alto funcionario de la agencia dijo que no ha habido
problemas con las garantías y que en este momento la exposición del
Ex-Im Bank —la parte aún no pagada de las garantías de préstamo— es de
alrededor de $12.8 millones.
La parte de las obras financiada con ayuda del
Ex-Im Bank ya se completó. En 2015, un empleado del Ex-Im Bank llamado
Johnny Gutiérrez se declaró culpable de aceptar $78,900 en sobornos para
aprobar proyectos en República Dominicana, pero el banco confirmó que
no jugó ningún papel en el préstamo para la Autopista del Coral.
Alicia Ortega Hasbún reporta para el Grupo Sin en República Dominicana.
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