A principios de la semana pasada el procurador
general de la República, Jean Alain Rodríguez, informó sobre el
desmantelamiento de una red que se dedicaba al robo, distribución y
venta de piezas de repuestos de vehículos en distintos sectores del
Distrito Nacional.
El jefe del ministerio público reveló que la labor de inteligencia que permitió apresar a los cabecillas de esa red delictiva incluyó el seguimiento a los ladrones con vídeos, el uso de agentes encubiertos, la vigilancia y el seguimiento constante a los negocios que compraban los artículos robados, lo que permitió identificar cuatro comercios en el sector Villa Juana de la capital.
Allí los ladrones vendían espejos retrovisores, parrillas y tapa bocinas que, paradójicamente, luego eran adquiridos por las propias víctimas de esos robos. Según la Procuraduría, en cuatro negocios fueron ocupadas miles de piezas robadas, durante una operación que contó con la participación de 16 fiscales, 81 agentes de la Policía y 40 de la Unidad Ciudad Tranquila del Ministerio de Defensa.
El amplio operativo incluyó incluso allanamientos en las viviendas de los imputados.
Hay aspectos positivos que se evidencian en esta operación anticrimen. Primero, que se prefiera la labor de inteligencia a las odiosas redadas en las que resultan arrestadas personas sin ninguna vinculación con las actividades delictivas.
Nada de colocar también retenes de policías y militares en una transitada intersección para “atrapar delincuentes”, una práctica que sólo hace perder el tiempo a conductores de vehículos acosados innecesariamente.
Otro elemento positivo ha sido ir a las madrigueras de los delincuentes a buscarlos, muy parecido a lo que se ha hecho con resultados positivos en grandes ciudades para contrarrestar la delincuencia.
No se justifica que si hay decenas de denuncias de atracos en un punto, la Policía no opte por enviar un agente encubierto y otros más al acecho, para atrapar a quienes han convertido esas áreas específicas de las ciudades en lugares de cacería, como pasos peatonales, calles de poco tránsito, parques, cementerios, salidas de bancos y plazas comerciales, así como vehículos del transporte público.
El magistrado Rodríguez llamó a los negocios a abstenerse de comprar piezas robadas de carros y motocicletas, bajo la advertencia de que son susceptibles de ser penalmente perseguidos.
Recordamos que hace un tiempo eran tan comunes los robos de alambres y tapas de alcantarillas, que esas piezas de metal fueron incluso elaboradas de otros materiales menos atractivos para evitar los constantes robos. Esa práctica se hubiera enfrentado con mayor éxito sí, al igual que ahora, se hubiese atacado a las metaleras y compañías de fundición que adquirían esos objetos robados sin ninguna consecuencia.
Me encantaría que el próximo operativo de esa naturaleza de la Procuraduría General de la República esté dirigido a los que han convertido el robo de celulares en un gran negocio. Esos aparatos resultan atractivos para la delincuencia porque negocios ligados a esa rama ofrecen a la vista de todos desbloqueos, activación y ventas de piezas de esos aparatos.
Lo ideal sería que esa forma de combatir el crimen, como se ha hecho ahora con los robos de repuestos de vehículos, sea extendida a otras esferas de la criminalidad, con labores de inteligencia enfocadas hacia los sectores donde son ofertados los artículos robados.
Sin demanda no habría oferta y, en consecuencia, algunos artículos dejarían de ser apetecibles para los ladrones y asaltantes porque ya no tendrían mercado.
Así que adelante magistrado Jean Rodríguez, ahora con los celulares, sin importar que caigan grandes y pequeños vinculados a un negocio que ha dejado por tanto tiempo una estela de luto y dolor a las familias dominicanas.
El jefe del ministerio público reveló que la labor de inteligencia que permitió apresar a los cabecillas de esa red delictiva incluyó el seguimiento a los ladrones con vídeos, el uso de agentes encubiertos, la vigilancia y el seguimiento constante a los negocios que compraban los artículos robados, lo que permitió identificar cuatro comercios en el sector Villa Juana de la capital.
Allí los ladrones vendían espejos retrovisores, parrillas y tapa bocinas que, paradójicamente, luego eran adquiridos por las propias víctimas de esos robos. Según la Procuraduría, en cuatro negocios fueron ocupadas miles de piezas robadas, durante una operación que contó con la participación de 16 fiscales, 81 agentes de la Policía y 40 de la Unidad Ciudad Tranquila del Ministerio de Defensa.
El amplio operativo incluyó incluso allanamientos en las viviendas de los imputados.
Hay aspectos positivos que se evidencian en esta operación anticrimen. Primero, que se prefiera la labor de inteligencia a las odiosas redadas en las que resultan arrestadas personas sin ninguna vinculación con las actividades delictivas.
Nada de colocar también retenes de policías y militares en una transitada intersección para “atrapar delincuentes”, una práctica que sólo hace perder el tiempo a conductores de vehículos acosados innecesariamente.
Otro elemento positivo ha sido ir a las madrigueras de los delincuentes a buscarlos, muy parecido a lo que se ha hecho con resultados positivos en grandes ciudades para contrarrestar la delincuencia.
No se justifica que si hay decenas de denuncias de atracos en un punto, la Policía no opte por enviar un agente encubierto y otros más al acecho, para atrapar a quienes han convertido esas áreas específicas de las ciudades en lugares de cacería, como pasos peatonales, calles de poco tránsito, parques, cementerios, salidas de bancos y plazas comerciales, así como vehículos del transporte público.
El magistrado Rodríguez llamó a los negocios a abstenerse de comprar piezas robadas de carros y motocicletas, bajo la advertencia de que son susceptibles de ser penalmente perseguidos.
Recordamos que hace un tiempo eran tan comunes los robos de alambres y tapas de alcantarillas, que esas piezas de metal fueron incluso elaboradas de otros materiales menos atractivos para evitar los constantes robos. Esa práctica se hubiera enfrentado con mayor éxito sí, al igual que ahora, se hubiese atacado a las metaleras y compañías de fundición que adquirían esos objetos robados sin ninguna consecuencia.
Me encantaría que el próximo operativo de esa naturaleza de la Procuraduría General de la República esté dirigido a los que han convertido el robo de celulares en un gran negocio. Esos aparatos resultan atractivos para la delincuencia porque negocios ligados a esa rama ofrecen a la vista de todos desbloqueos, activación y ventas de piezas de esos aparatos.
Lo ideal sería que esa forma de combatir el crimen, como se ha hecho ahora con los robos de repuestos de vehículos, sea extendida a otras esferas de la criminalidad, con labores de inteligencia enfocadas hacia los sectores donde son ofertados los artículos robados.
Sin demanda no habría oferta y, en consecuencia, algunos artículos dejarían de ser apetecibles para los ladrones y asaltantes porque ya no tendrían mercado.
Así que adelante magistrado Jean Rodríguez, ahora con los celulares, sin importar que caigan grandes y pequeños vinculados a un negocio que ha dejado por tanto tiempo una estela de luto y dolor a las familias dominicanas.
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