En una sociedad pequeña como la nuestra, los
casos de violaciones sexuales son alarmantes. Un grupo de depredadores
de niños, jóvenes y adultos, se pasean por las calles impunemente. Lo
inviable del Código Procesal Penal, lo inaplicable del Código del Menor y
el de Derecho Común, no nos dan una respuesta ejemplarizante que se
corresponda con la gravedad de este problema, carente de una efectiva
orientación educativa. La realidad es un cuestionado sistema de justicia
que responde a los intereses de grupos entronizados en sectores de
poder político y social, carentes de solvencia moral.
La desprotección a la familia por la consecución de sus agresores provoca un daño irreparable en la salud mental de sus víctimas, y por ende, en todo el conglomerado familiar. Se habla de la regeneración de estos enfermos sexuales, pero no se actúa en materia criminal para castigar con todo el peso de la ley lo irreparable del daño social que siembran.
Una sociedad se hace grande en la medida en que se respete la integridad moral de sus miembros. Una sociedad que sucumbe en la lucha por la defensa de la dignidad de sus mujeres, es una sociedad que no puede parir hombres con condiciones de pudor y valentía para defender lo más preciado de un país; sus valores cívicos y morales. Es desgarrador y vergonzoso ver familias llorando a sus niños despojados de su derecho a la intimidad que solo puede abrirse al afecto; el Estado debe proteger a las familias, no solo del sustento básico de salud, alimentación y vivienda; sino también con el sustento que alimenta una educación integral. En familias humildes, en las que la desprotección representa un obstáculo frente al clamor de su voz en busca de justicia, es peor la tragedia. Cuando el estamento judicial no garantiza la protección frente al delito criminal sexual, apunta a la descomposición que se nutre del dolor psicológico de sus víctimas, haciéndose indolente ante la tragedia. Las violaciones a niños, jóvenes y adultos, más el aumento de los feminicidios, es la respuesta social frente a las debilidades procesales profundas, la probidad de los jueces y sobre todo, la corrupción que no garantiza la seguridad integral de los ciudadanos.
Por Ricky Noboa ;-
La desprotección a la familia por la consecución de sus agresores provoca un daño irreparable en la salud mental de sus víctimas, y por ende, en todo el conglomerado familiar. Se habla de la regeneración de estos enfermos sexuales, pero no se actúa en materia criminal para castigar con todo el peso de la ley lo irreparable del daño social que siembran.
Una sociedad se hace grande en la medida en que se respete la integridad moral de sus miembros. Una sociedad que sucumbe en la lucha por la defensa de la dignidad de sus mujeres, es una sociedad que no puede parir hombres con condiciones de pudor y valentía para defender lo más preciado de un país; sus valores cívicos y morales. Es desgarrador y vergonzoso ver familias llorando a sus niños despojados de su derecho a la intimidad que solo puede abrirse al afecto; el Estado debe proteger a las familias, no solo del sustento básico de salud, alimentación y vivienda; sino también con el sustento que alimenta una educación integral. En familias humildes, en las que la desprotección representa un obstáculo frente al clamor de su voz en busca de justicia, es peor la tragedia. Cuando el estamento judicial no garantiza la protección frente al delito criminal sexual, apunta a la descomposición que se nutre del dolor psicológico de sus víctimas, haciéndose indolente ante la tragedia. Las violaciones a niños, jóvenes y adultos, más el aumento de los feminicidios, es la respuesta social frente a las debilidades procesales profundas, la probidad de los jueces y sobre todo, la corrupción que no garantiza la seguridad integral de los ciudadanos.
Por Ricky Noboa ;-
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