El elefante de la corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios
de Autobuses (OMSA) pasó por delante de todos los puestos de control
financiero del Estado sin que nadie lo viera o lo detuviera.
Su vientre era una tortada de más de 5,000 millones de pesos que
engulló en cinco años de maniobras fraudulentas con los fondos de la
OMSA, operaciones supuestamente “fiscalizadas” por el principal ente de
vigilancia de los fondos públicos, la Contraloría General de la
República.
Si grave era la existencia de un entramado de prácticas corruptas
en una entidad de servicios, sólidamente instalado con la complicidad de
altos funcionarios, familiares de estos y suplidores “premiados”, más
lo es que la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la
República, como dice la auditoría de la Cámara de Cuentas, avalara
estas operaciones.
Si esa Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría se prestó para
este gigantesco fraude contra los fondos del Estado, ¿no habrá actuado
igual en otras esferas de la administración pública donde la corrupción,
solapada, invisible, impune, ha existido?
Esta simple sospecha debería bastar para que el presidente Danilo
Medina, que acaba de hacer en la Cumbre de las Américas, en Perú, una
defensa ardorosa de la lucha del gobierno contra la corrupción, ordene
una investigación de gran calado sobre esta Unidad de Auditoría Interna,
para determinar si otros elefantes blancos también les cruzaron por el
frente, sumiéndola en estados selectivos de miopía durante el control de
las cuentas.
Esta investigación procede sin pérdida de tiempo porque la Cámara de
Cuentas ha determinado, en su investigación especial sobre la OMSA, que
esas maniobras fraudulentas “han impactado de manera negativa el
patrimonio público y han causado graves perjuicios económicos a la
entidad”.
No solo se saltaron tramposamente las disposiciones legales del
sistema de licitación y contrataciones públicas, uno de los pilares de
la transparencia creados por el gobierno, sino que los implicados
lograron la complicidad de personas en el más alto puesto de control del
manejo de los recursos del Estado, para garantizarse que el elefante de
sus fechorías pudiera pavonearse por cualquier lugar, sin ser molestado
ni “auditado”.
Tomado del editorial de
de la fecha
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