Solo en un país cuya justicia esté desacreditada
por una venalidad extendida es posible explicar el choteo del caso
Quirinito, una historia que confunde, pero que también avergu¨enza, a la
sociedad dominicana.
Es el caso de un vivo que no se sabe si está vivo, y de un muerto que no se sabe si está muerto.
El sujeto, Pedro Alejandro Castillo Paniagua, apodado “Quirinito”,
fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de un ciudadano
español en San Cristóbal.
Pero una sucesión de maniobras corruptas en el propio sistema
judicial terminaron rebajando la condena a 20 años, dándole por cárcel
su propia casa, falsamente declarándolo difunto por un médico legista y
convirtiéndolo ahora en un ejemplo de ubicuidad, porque nadie ha podido
establecer si está vivo, en la tierra, o inerte, en el más allá.
Como se trata de un sicario del narcotráfi co, lo primero que deduce
la gente es que el tal Quirinito sobornó a una cadena de funcionarios
del orden judicial para lograr su propósito de escapar a la condena,
algo muy usual entre los capos del bajo mundo criminal y entre
funcionarios corruptos de la justicia.
Un legista se prestó para certifi car una muerte por infarto agudo, y
la esposa dijo que ciertamente Quirinito estaba muerto, pero que no
sabe quién se llevó el cadáver ni dónde lo enterraron. Así de simple.
La Procuraduría General de la República dice que está vivo, pero no presenta ninguna prueba confi able.
Y para quitarle un poco del sabor a choteo de esta historia, ha sido
suspendido el médico legista que certifi có la “muerte” mientras el
Consejo del Poder Judicial también suspendió a la jueza que varió la
modalidad de la condena para permitirle a Quirinito que la cumpliera en
su casa.
Más exquisito no pudo ser el trato para que, a partir del cuento de
la supuesta muerte, que genera a su vez el misterio de un cadáver que
nadie sabe cuándo ni dónde lo enterraron, se cierre con broche de oro
este episodio degradante de un sistema en el que actúan muchas
honorables sabandijas que se disfrazan con togas, birretes y malletes
para “impartir justicia”, apuntalando el reino de la impunidad.
Tomado del editorial de
de la fecha
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