La marcha verde realizada en región Este de la República
Dominicana, San Pedro de Macorís con componentes populares, coloridos y
radicalidad y cantidad de pueblo superiores a la formidable movilización
del Sur-Azua, desbarató la maniobra judicial del Presidente Medina que
perseguía afectar esa convocatoria y presentarse como no culpable de la
corruptela de Odebrecht y otros latrocinios.
Allí los cañones populares apuntaron al cogollo del sistema de
impunidad y corrupción, tronando frente a la exclusión de Punta
Catalina, las sobrevaluaciones multimillonarias, los sobornos
electorales, la impunidad de los jefes y numerosos casos que inculpan a
importantes figuras militares y empresariales protegidas por una
institucionalidad a su servicio; mientras desde la tribuna se
descalificaron jueces venales y se demandó incluir lo obviado y citar al
“Jefe de Estado”.
El fin de la impunidad apuntó claramente hacia el fin de las
instituciones y del reinado danilista, anunciando para el domingo 16 de
julio una marcha nacional que habrá de volcar en la Capital, en los
alrededores del Palacio presidencial, los pueblos de todas las regiones
del país; condenando y desobedeciendo a un régimen corrupto e ilegitimo,
debilitado por enormes movilizaciones populares que tienden a
impugnarlo y, en perspectiva, a bajarlo y reemplazarlo a través del
despliegue de democracia de calle impregnada de soberanía popular y
nacional.
La ilegitimidad del poder constituido aflora y la perspectiva de su
derrumbe y reemplazo debe ser asumida como posibilidad real, la cual NO
está referida a los comicios del 2020 ni a elecciones anticipadas en el
marco de esta institucionalidad putrefacta; sino al desplome de la
misma, seguida de un gobierno transitorio que organice una Constituyente
ampliamente participativa, elabore nueva Constitución, rediseñe la
institucionalidad (sistema electoral confiable incluido) y convoque
elecciones democráticas para refundarlas.
Esto no merece ser despachado con la idea de pactos elitistas o
promociones de nuevos presidente mesías, a ser montado sobre la
constitución neoliberal y autoritaria del 2010; dejando vigentes
instituciones antidemocráticas y corrompidas. Esas son fórmulas
inaceptables de EEUU y potencias europeas empeñadas en mediatizar y
tutelar los cambios.
En Marcha verde participan ONGs anticorrupción que aceptan
financiamientos y se dejan condicionar por USAID y otras agencias
imperialistas. Ese es su problema.
Pero este movimiento, diverso y en gran medida nutrido por muchos
movimiento sociales y políticos-sociales, corrientes revolucionarias y
ciudadanos/as no comprometidos con esas tutelas, debe ejercer su
soberanía y desechar rutas, pactos y formulas afines al interés
imperialista. Marcha Verde no debe tener otro dueño que no sea el pueblo
dominicano
Por Narciso Isa Conde ;-
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