martes, 8 de noviembre de 2016

Una burrada

Un país profundamente indignado ha logrado parar en seco la burrada que cometieron los que ordenaron el sigiloso y sospechoso traslado del jefe de los transportistas, Blas Peralta, acusado del asesinato del exrector universitario Mateo Aquino Febrillet, de una cárcel de La Romana al centro de corrección de Haras Nacionales, en la capital.
La razón que dieron las autoridades fue que el imputado presentaba un cuadro agravado de su estado de salud que ameritaba su traslado urgente para ser sometido a “minuciosos exámenes médicos”, pero resulta que en menos de 48 horas cambió milagrosamente.
¡Y se recuperó!
El público no quedó convencido con las razones ni con los argumentos que expusieron las autoridades para tratar de justificar que, con solo una orden administrativa, se movilizara a un preso de ese calibre de una cárcel a otro lugar, en condiciones especiales de confort, cuando la Constitución de la República y varias sentencias del Tribunal Constitucional proscriben ese tipo de procedimiento.
Lo que el pueblo sospechó era de que se trataba de una jugada sucia contra la justicia, uno de cuyos jueces dictaminó que el imputado debía cumplir medidas de coerción en una prisión específica y no donde él hubiese preferido que lo acomodaran.
El juicio de fondo no ha podido realizarse por los diferentes reenvíos, por efectos de incidentes procesales, que también han movido a múltiples conjeturas.
La presente experiencia viene a confirmar que en los casos en los que aparecen envueltos los jefes de algún grupo poderoso, trátese de un cartel del narcotráfico o algo semejante, capaz de vapulear o chantajear a un gobierno con medidas de fuerza, con la violencia o con la guerra, inclusive, la justicia fácilmente titubea.
Plegarse a los dictados o caprichos de esos jefes, máxime si penden amenazas de paro nacional o se desafían medidas regulatorias de un gobierno, ha sido penosamente una de las mayores debilidades del sistema judicial, especialmente en países de quebradiza institucionalidad. Y el nuestro no escapa a este maleficio.
Por los antecedentes del imputado, pero más que nada por el poder que ejerce desde cualquier lugar en que se encuentre sobre un grupo tan estratégico como el de los transportistas, su traslado de La Romana a la capital automáticamente suscitó los temores del público de que a la justicia, por nueva vez, le tumbasen el pulso, aceptando las reglas del juego del recluso.
Por suerte, la estratagema falló y terminó en un histórico estropicio... en una pura burrada.
Tomado del editorial de
Una burradade la la fecha