miércoles, 16 de noviembre de 2016

¡Qué clase de democracia!

En 1998 la oposición ensoberbecida aplicó su mayoría en el Senado y designó una nueva Junta Central Electoral compuesta por dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano sin darle participación a las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso y sin consultar a nadie...
Tampoco tenía que hacerlo porque para eso la mayoría electoral había delegado tales facultades constitucionales en el PRD --entonces en la oposición--, a pesar de que se había establecido como norma que tanto los jueces de los tribunales judiciales como los miembros de la JCE se escogían por consenso de los partidos con representación en el Congreso.
El PRD designó como presidente de la Junta al doctor Manuel Ramón Morel Cerda, a quien los líderes del Partido Reformista, Joaquín Balaguer, y del PLD, Leonel Fernández, que entonces era Presidente de la República, objetaron hasta llegar a boicotear su asignación presupuestaria.
Al final se impuso una negociación que permitió la ampliación de la Junta a siete miembros con la incorporación de dos recomendados por esos partidos y luego se dividió en dos cámaras, una contenciosa y otra administrativa, para mediatizar el poder absoluto que tenía su titular.
El órgano responsable de organizar elecciones nacionales culminó en el más absoluto descrédito, un daño que se remonta al más viejo balaguerismo de hace 43 años que se inició con la muerte del licenciado Ángel María Liz, el 17 de diciembre de 1973.
... Proceso de avance
La institucionalidad de la Junta avanzó la última década a pesar de que jamás ha estado libre de contaminación partidaria. Desde 2002 cuando se recompuso su membresía hasta las elecciones de mayo de este año, la JCE ganó credibilidad y confianza en la opinión pública.
El daño que le hacen a la institucionalidad democrática sería mucho mayor si el Senado sucumbe a las presiones de los grupos de la llamada sociedad civil que pretenden asaltar la Junta para asumir desde ella el control del Registro Civil con el fin de decidir quién puede o no acceder a la nacionalidad dominicana para establecer una nueva mayoría electoral.
Ese es el propósito final de esos grupos en connivencia con intereses externos que financian sus acciones... El país tiene que estar alerta para no permitir que las instituciones nacionales sean víctimas de sus chantajes.
Qué dice la Constitución
Los miembros de la JCE tienen que ser designados por el Senado con absoluta autonomía, como manda la Constitución. De la misma forma en que las altas cortes tienen que ser integradas por el Consejo Nacional de la Magistratura, cuya composición también está claramente establecida en la Carta Magna.
Cualquier alteración a esas normas constitucionales caería en el campo de la ilegalidad y sería materia contenciosa del Tribunal Constitucional con el consecuente riesgo para la institucionalidad democrática.
El Senado de la República tiene la obligación de designar a los miembros de la JCE de acuerdo al interés colectivo...
.... Ojalá que fuera posible un consenso. De lo contrario, designar la nueva JCE ¡Y ya!
Por César Medina ;-
lobarnechea1@hotmail.com