En 1998 la oposición ensoberbecida aplicó su mayoría en el Senado y
designó una nueva Junta Central Electoral compuesta por dirigentes del
Partido Revolucionario Dominicano sin darle participación a las demás
fuerzas políticas representadas en el Congreso y sin consultar a
nadie...
Tampoco tenía que hacerlo porque para eso la mayoría electoral había
delegado tales facultades constitucionales en el PRD --entonces en la
oposición--, a pesar de que se había establecido como norma que tanto
los jueces de los tribunales judiciales como los miembros de la JCE se
escogían por consenso de los partidos con representación en el Congreso.
El PRD designó como presidente de la Junta al doctor Manuel Ramón
Morel Cerda, a quien los líderes del Partido Reformista, Joaquín
Balaguer, y del PLD, Leonel Fernández, que entonces era Presidente de la
República, objetaron hasta llegar a boicotear su asignación
presupuestaria.
Al final se impuso una negociación que permitió la ampliación de la
Junta a siete miembros con la incorporación de dos recomendados por esos
partidos y luego se dividió en dos cámaras, una contenciosa y otra
administrativa, para mediatizar el poder absoluto que tenía su titular.
El órgano responsable de organizar elecciones nacionales culminó en
el más absoluto descrédito, un daño que se remonta al más viejo
balaguerismo de hace 43 años que se inició con la muerte del licenciado
Ángel María Liz, el 17 de diciembre de 1973.
... Proceso de avance
La institucionalidad de la Junta avanzó la última década a pesar de que
jamás ha estado libre de contaminación partidaria. Desde 2002 cuando se
recompuso su membresía hasta las elecciones de mayo de este año, la JCE
ganó credibilidad y confianza en la opinión pública.
El daño que le hacen a la institucionalidad democrática sería mucho
mayor si el Senado sucumbe a las presiones de los grupos de la llamada
sociedad civil que pretenden asaltar la Junta para asumir desde ella el
control del Registro Civil con el fin de decidir quién puede o no
acceder a la nacionalidad dominicana para establecer una nueva mayoría
electoral.
Ese es el propósito final de esos grupos en connivencia con intereses
externos que financian sus acciones... El país tiene que estar alerta
para no permitir que las instituciones nacionales sean víctimas de sus
chantajes.
Qué dice la Constitución
Los miembros de la JCE tienen que ser designados por el Senado con
absoluta autonomía, como manda la Constitución. De la misma forma en que
las altas cortes tienen que ser integradas por el Consejo Nacional de
la Magistratura, cuya composición también está claramente establecida en
la Carta Magna.
Cualquier alteración a esas normas constitucionales caería en el
campo de la ilegalidad y sería materia contenciosa del Tribunal
Constitucional con el consecuente riesgo para la institucionalidad
democrática.
El Senado de la República tiene la obligación de designar a los miembros de la JCE de acuerdo al interés colectivo...
.... Ojalá que fuera posible un consenso. De lo contrario, designar la nueva JCE ¡Y ya!
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