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La ex diputada por la Asamblea Nacional (AN) venezolana, María Machado. |
Caracas (Venezuela);- La opositora venezolana María Corina Machado
comenzó el miércoles una nueva cruzada judicial acusada de
"conspiración" por un supuesto plan para asesinar al presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, un delito por el que podría ser condenada a
16 años de prisión.
Tras varios meses de investigación, la Fiscalía formalizó la
acusación contra la opositora involucrada en el supuesto plan magnicida
que incluía a varios opositores y al embajador de Estados Unidos en
Colombia, Kevin Whitaker.
El Ministerio Público señaló en un comunicado que la fiscal Katherine
Harington imputó a Machado por "el delito de conspiración, establecido y
sancionado en el artículo 132 del Código Penal (venezolano)".
La opositora fue acusada "por presuntamente tener vinculación con el
plan magnicida contra el presidente de la República, Nicolás Maduro
Moros, lo cual tenía como propósito perturbar la paz del país", dice el
texto.
Este delito establece que "cualquiera que, dentro o fuera del
territorio nacional, conspire para destruir la forma política
republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho
a dieciséis años".
Por estos mismos hechos tienen órdenes de aprehensión los opositores
Henrique Salas Römer, Diego Arria, Ricardo Emilio Koesling, Gustavo
Tarre Briceño, Pedro Mario Burelli y Robert Alonso, quienes están fuera
del país.
El plan para asesinar a Maduro fue denunciado a finales de mayo por
el dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que mostró varios correos
atribuidos a Machado en los que la exdiputada decía que había llegado la
hora de acumular esfuerzos y obtener "el financiamiento para aniquilar a
Maduro".
Poco después la misma Machado reconoció que los correos correspondían
a sus cuentas, pero aseguró que ya no usaba esas direcciones y que ella
no quería ni un magnicidio ni un golpe de Estado sino la renuncia de
Maduro.
El día que fueron revelados los supuestos correos y el plan
magnicida, Maduro pidió una justicia "completa" ante los supuestos
planes de magnicidio y golpe de Estado.
"Esto hay que castigarlo, tantas conspiraciones, intentos de golpes
de Estado, de magnicidio, comprobados ya", dijo al tiempo que pidió a
Estados Unidos que responda ante su supuesta relación en estos planes.
Machado, conocida por ser una de las mayores detractoras de Maduro,
aseguró, al salir de la sede de la Fiscalía tras más de dos horas de
comparecencia, que la acusación se trata de una "infamia" y que las
pruebas presentadas son falsas que buscan acallar sus críticas contra el
Gobierno.
"Si creen que con amenazas con chantajes, con presiones nos van a
acallar, se equivocan, no tengo miedo no podemos tener miedo, somos una
enorme mayoría que quiere un cambio profundo", aseveró la opositora.
El abogado encargado de su defensa, Tomás Arias, explico a Efe que en
esta ocasión "no se le dictó ninguna medida adicional que restrinja su
libertad", distinta a la que ya pesa sobre la diputada por imputaciones
anteriores.
Machado ya había declarado en junio durante más de seis horas por
este mismo delito, citada por la Fiscalía, en esa oportunidad, en
calidad de testigo.
La opositora ya había sido acusada el pasado 18 de junio por el
delito de "instigación pública", por su supuesta participación en la
violencia de las protestas antigubernamentales que se iniciaron en
febrero y que acabaron en junio con más de 40 muertos.
Con esa acusación fue dictada la prohibición de salida del país de la política opositora.
Machado lideró junto al opositor encarcelado Leopoldo López una
campaña llamada "La Salida" que promovía asambleas de calle y protestas
contra las políticas de Maduro.
Con anterioridad a la publicación de los supuestos correos que le
implicaban en el magnicidio, Machado fue despojada de su condición de
diputada después de que intentara participar en una sesión de la
Organización de Estados Americanos (OEA) como parte de la representación
de Panamá para denunciar la situación de vulneración de los derechos
humanos que, asegura, vive el país suramericano.
A su regreso al país, a finales de marzo, el presidente del
parlamento venezolano, Diosdado Cabello, anunció que Machado había
perdido su condición de diputada por aceptar el cargo panameño, lo que
afirmó que contravenía su obligación de dedicación exclusiva como
legisladora.
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