Reelección, política y legalidad

El tema de la reelección presidencial vuelve a acaparar la atención de la opinión pública en nuestro país en estos momentos. El mismo resurge luego que el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez declarara, en rueda de prensa celebrada en el Palacio Nacional, que en su momento, cuando el calendario electoral lo exija, fijará su posición sobre el debatido tema.

Su interés radica en lo que pareciera ser un cambio de opinión,  luego de afirmar en varias ocasiones que no intentaría reelegirse en la Presidencia de la República. Para abordar este tema de interés nacional y evaluar la pertinencia de la misma es necesario analizar los aspectos políticos y legales que conlleva un proyecto relacionista en los actuales momentos.

Los aspectos de carácter político que implicaría esta tentativa continuista los podemos expresar de la manera siguiente: Primero, un riesgo reputacional para el Presidente de la República, toda vez que en caso de intentarlo echaría por el suelo sus propias afirmaciones, antes realizadas, de que no intentaría la búsqueda de un nuevo mandato en esta ocasión, lo que lo equipararía al expresidente Hipólito Mejía que incumpliera su palabra de no respostularse  a la Presidencia de la República en el año 2004, luego de afirmar en varias ocasiones que no lo haría.

El segundo aspecto es un riesgo político mayor al interior de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los opositores Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Revolucionario Mayoritario (PRM), toda vez que para aprobar la modificación de la Constitucional, que restablecería la reelección, tendría que sonsacar legisladores seguidores de los tres principales líderes de esas organizaciones, el doctor Leonel Fernández Reyna, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado,  y el ex presidente Hipólito Mejía, a cambio de canonjías y recursos del poder que le provocaría fricciones políticas con los principales actores políticos garante del clima de paz y gobernabilidad de que disfruta nuestro país.

 El tercer y último riesgo político es de carácter institucional, pues se intentaría modificar una constitución  que fue promulgada luego de un amplio consenso con las fuerzas organizadas de la sociedad civil y la comunidad política dominicana, con apenas cuatro años de haber entrado en vigencia, por el simple motivo de pretender  hacer un traje a la medida al gobierno de turno.

Otras implicaciones sobre las que conviene reflexionar son las contingencias de carácter legal que reviste un intento reelecionista toda vez que el artículo 124 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente, lo que implica que para impulsar una reelección es necesario eliminar este mandato.

El segundo aspecto de carácter legal lo constituye el artículo 210, párrafo número uno, relativo a la utilización de los referendos, el cual expresa que las consultas políticas mediante referendo no podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o delegado, lo cual constituye a toda luces el otro  escollo con que tropezaría la reelección presidencial.

El tercer y último aspecto que analizaríamos es el artículo 110 de la Constitución de la República el cual manifiesta: “La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esta subjudice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de las situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”. Lo que se deriva de estas consideraciones es que el Presidente actual no debería beneficiarse de una modificación constitucional. Finalmente, al margen de los riesgos políticos y legales e institucionales que implica un proyecto reelecionista en los actuales momentos, la confluencia de un proyecto de esta naturaleza con las acciones gubernamentales afectaría estas últimas creando distorsiones en la aplicación de las políticas públicas y restándole efectiva y eficacia a las mismas, además de que sería un elemento que vendría a contrariar la lógica de la dinámica política actual y a fragilizar más la credibilidad que tiene en la ciudadanía la clase política nuestra, diezmando el proceso de afianzamiento de nuestro sistema político democrático.

El autor es abogado y máster en Ciencias Políticas.

Por Julio Aníbal Fernández Javier ;-