La privación de nacionalidad de dominicanos de ascendencia haitiana conflicto con el ACNUR

Durante varias semanas, los aliados ultranacionalistas del gobierno, aumentan la presión para el cierre de la Oficina del Alto Comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Santo Domingo y la expulsión de su líder Gonzalo Vargas Llosa , hijo del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Para el trabajo del ACNUR en favor de los inmigrantes haitianos y sus descendientes riesgo de apatridia mente las autoridades dominicanas. 
Martes, 23 de septiembre, decenas de descendientes de haitianos se reunieron frente a la Corte Constitucional, al oeste de Santo Domingo, para exigir la devolución de sus derechos civiles. Debido a que sólo un año, el alto tribunal había despojado de su nacionalidad a más de 200.000 descendientes de inmigrantes haitianos nacidos en la República Dominicana.

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Una situación que provoca un conflicto entre el ACNUR y el Gobierno de Santo Domingo. Las autoridades dominicanas han entregado a la representante de la ONU en Santo Domingo un memorándum sobre "silenciamiento" del ACNUR en el país. Para permanecer en la República Dominicana, el ACNUR debe renunciar a tener un local ", abstenerse de hacer declaraciones públicas ... y abstenerse de cooperar con las organizaciones e individuos críticos de la República Dominicana." Además, esta actualización de estado ACNUR sería válido hasta diez meses renovables a discreción del país anfitrión. Estos requisitos son difíciles de aceptar para la agencia de la ONU podría hacer que la República Dominicana el tercer país de expulsar al ACNUR, después de que Libia y Uzbekistán de Gadafi. "Esto es una vergüenza nacional, me recuerda una vez que superamos las pensiones," protestó diputado independiente Minou Tavárez Mirabal, se opuso a la expulsión de ACNUR.

El muy reaccionario cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez Dominicana hizo lo mismo a las autoridades: "Lo hacemos más por Haití como las Naciones Unidas y Europa, su presencia [ACNUR] me da vergüenza", tronó el obispo, la negociación de pasando por los funcionarios de las agencias de la ONU "sinvergüenzas".

"Genocidio Civil"

En el corazón de las tensiones, la decisión de la Corte Constitucional en septiembre de 2013, lo que encontraron a posteriori que los descendientes de los inmigrantes "en tránsito", a veces durante generaciones, no tenían derecho a la nacionalidad dominicana. La extensión de las reacciones de los defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional acerca de la condena calificado "genocidio civil" había obligado al gobierno a votar en mayo una ley que la restauración de la nacionalidad dominicana a algunas de las personas afectados por la decisión de la Corte Constitucional.

"Necesito un certificado de nacimiento para casarse, pero la Junta Electoral Central [la agencia responsable de su estado civil, JCE] ​​se niega a conceder," protestó Nancy Toussaint, bailarín nacido allí treinta dos años en Santo Domingo. "Un año después de la decisión de la Corte Constitucional, no hemos obtenido la restitución de nuestros derechos, la JCE arrastra sus pies y se niega a proporcionar los documentos", confirmó Ana Maria Belique, portavoz de la agrupación de ONG Reconocido descendientes de haitianos.

Menos del 1% de las personas se han beneficiado de "la ley de la validación" aprobada en mayo, cuando el plazo de inscripción vence en poco más de un mes, por ejemplo la red de centros jesuitas y las ONG que trabajan con los descendientes haitianos. La falta de oficinas en cinco provincias, la falta de información, sobre todo en zonas rurales y remotas, los documentos requeridos no exigidos por la ley y la lentitud de la JCE son las principales barreras identificadas por estas organizaciones.

En un documento presentado a las autoridades dominicanas, el "sistema de la ONU", también está preocupado por el ritmo lento. "Hay un riesgo significativo de que la mayoría de los afectados no reciben sus documentos", dijo la agencia, que recomienda una extensión de la fecha límite de inscripción hasta el 31 de mayo de 2015 y asigna "recursos más importante crear campañas de información ".

En Haití, el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR) advirtió sobre el retraso de regularización nacional de los extranjeros en la República Dominicana. Iniciado este año para los inmigrantes ilegales, el plan también debe ser completada el 31 de mayo 2015, las autoridades dominicanas sostienen que es el gobierno de Haití para proporcionar documentos de identidad a sus emigrantes para que puedan ser regularizadas . GARR teme "repatriación masiva y llegada a Haití sin estado" si este plan terminó en un fracaso.