
Santo Domingo;-El presidente del Senado calificó como
“insolente, despreciable y condenable”, lo que dijo es una intromisión
inaceptable en los asuntos internos del país, de parte de Amnistía
Internacional, de que el Gobierno dominicano debe otorgar
automáticamente la nacionalidad a los extranjeros nacido territorio
nacional.
Reynaldo Pared Pérez enfatizó, que la
Ley especial de Naturalización, aprobada y promulgada recientemente,
recibió el respaldo unánime de la sociedad dominicana y de organismos
internacionales, con ligera excepciones.
“Eso es un acto de intromisión
despreciable, condenable e insolente de esa institución, porque el
hecho de sugerir y solicitar una amnistía general concediendo la
nacionalidad de manera indiscriminada, no se le solicita a ningún país”,
expresó Pared Pérez.
Subrayó que “esa intromisión de Amnistía
Internacional debe ser rechazada de plano. Ese organismo nueva vez
comete la indelicadeza de opinar en asuntos internos que sólo le compete
a los dominicanos”, apuntó.
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional consideró ayer que la ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización (169-14) no resuelve las contradicciones con el derecho internacional y las soluciones que brinda tienen carácter de concesiones y no de reparaciones de violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional consideró ayer que la ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización (169-14) no resuelve las contradicciones con el derecho internacional y las soluciones que brinda tienen carácter de concesiones y no de reparaciones de violaciones de derechos humanos.
En
carta abierta al presidente Danilo Medina, asegura que ninguna de las
soluciones identificadas supone la restauración automática de la
nacionalidad dominicana a quienes ya la tenían en virtud del sistema
jurídico en vigor entre 1929 y 2010, con lo que contraviene así las
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Expresa que las personas afectadas
permanecen en situación de apátridas y sin protección estatal alguna
hasta que termina su naturalización.
“Incluso, afirma, las personas que ya
habían sido inscritas en el Registro Civil no podrán volver a acceder a
la nacionalidad dominicana hasta que la Junta Central Electoral (JCE)
lleve a cabo un proceso de regularización”.
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