Bogota;-Mientras que el número de ejecutados en
EE.UU. desde 1976 puede pasar en breve de 1.632 a 1.633 con la posible
aplicación al reo mexicano Edgar Tamayo de una inyección letal en Texas,
en Latinoamérica la pena de muerte está abolida o no se aplica en la
mayoría de los países.
La ejecución de Tamayo, prevista inicialmente para las 18.00 hora
local de este miércoles (00.00 GMT del jueves) en Texas, se ha retrasado
debido a un nuevo recurso de última hora presentado por sus abogados
ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Tamayo, condenado a muerte por el asesinato de un policía en 1994,
espera desde hace unas horas la decisión final de la Corte Suprema, que
según medios locales podría retrasarse unas seis horas.
Las tres últimas ejecuciones en América Latina tuvieron lugar en Cuba
en 2003, cuando fueron fusilados Enrique Copello, Bárbaro Leodán
Sevilla y Jorge Luis Martínez, condenados por el secuestro de una
embarcación con unos 50 pasajeros a bordo.
Cuba, que ha aplicado una “moratoria” de facto a las ejecuciones
desde entonces, y Guatemala, donde las últimas ejecuciones, con
inyección letal, datan del año 2000, son los únicos de la región donde
la pena capital está vigente para delitos comunes.
En Perú, la Constitución aprobada en 1993 tras el autogolpe del
presidente Alberto Fujimori (1990-2000) establece la pena de muerte para
el delito de terrorismo y de traición a la patria, pero no se ha
aplicado en las últimas décadas.
Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz de 1996 han sido ejecutadas
en Guatemala cinco personas, las dos últimas fueron Amílcar Cetino y
Tomás Cerrate, condenados por el asesinato y secuestro de una
empresaria.
Después de Cetino y Cerrate no se ha ejecutado a ningún otro
condenado a muerte por la existencia de un vacío legal en torno a la
facultad de otorgar indultos y en 2011 el entonces presidente de
Guatemala, Álvaro Colom, presentó al Congreso una iniciativa de ley para
abolir definitivamente la pena de muerte, pero no prosperó.
En 2012 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de
Guatemala revocó la pena de muerte dictada contra 53 reos, al considerar
que se violó su derecho de defensa, y les impuso en su lugar una pena
de 50 años de cárcel.
En la mayoría de países latinoamericanos que no han abolido
totalmente la pena capital, ese castigo se mantiene para casos de guerra
o traición a la patria, aunque no se aplica.
Venezuela fue el primer país del mundo que la abolió, en 1863, y Costa Rica el tercero, en 1882.
Un caso particular es el de Puerto Rico, estado Libre Asociado de
EE.UU., que prohíbe en su constitución la pena capital, pero en los
casos juzgados por el tribunal federal de la isla se puede aplicar,
aunque para las ejecuciones los reos deben ser trasladados a prisiones
de Estados Unidos.
La última vez que se ejecutó a una persona en Puerto Rico fue en
1927, entonces bajo una ley local que se abolió dos años después.
En Brasil la pena capital fue aplicada por última vez el 28 de abril
de 1876, cuando el esclavo Francisco fue ahorcado en la plaza pública de
la localidad de Pilar de Alagoas (noreste), mientras que en Colombia se
remonta al 7 de mayo 1907, fecha en que fue fusilado por pirómano
Manuel Saturnino Valencia.
En Bolivia, la pena de muerte quedó abolida con la Constitución de
1967 y fue eliminada del Código Penal con la reforma de 1997,sin
embargo, existe la llamada “justicia comunitaria” que aplican las
comunidades indígenas a quienes creen ladrones o asesinos, sin un juicio
previo.
En Chile la máxima condena se mantiene para los tiempos de guerra. La
última vez que se aplicó fue el 29 de enero de 1985, cuando fueron
ejecutados los carabineros Carlos Alberto Topp Collins y Jorge Sagredo
Pizarro, responsables de una docena de homicidios en serie perpetrados
en Viña del Mar.
En México, la pena de muerte se encuentra totalmente abolida y la
última ejecución, en el fuero militar, sucedió en 1961. Otro país que
también la eliminó fue Argentina en 2008.
Pese al panorama abolicionista en América Latina, muchos de sus ciudadanos han sido condenados a muerte en EE.UU.
Gobiernos y organizaciones en contra de la máxima pena han exigido al
país del norte que elimine esa práctica que va en contra vía de las
legislaciones de los países latinoamericanos.
Es así como en 2008 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a
EE.UU. la revisión y reposición del caso de Tamayo y de otros cuatro de
los 50 afectados por el “caso Avena”, a quienes no se les brindó el
derecho de asistencia consular al ser detenidos en ese país y
enfrentaron sin una garantía a su debido proceso a la justicia
estadounidense.
Dos ya han sido ejecutados y Tamayo puede ser el tercero.
Estados Unidos aún no ha acatado las sentencias de la CIJ sobre este
particular, ya que esos fallos no aplican a los estados federados como
es el caso de Texas, donde está previsto que Tamayo, de 46 años, sea
ejecutado.
El último recurso que ahora le queda a Tamayo, quien fue condenado
por el asesinato en 1994 de un agente policial en Houston (Texas),
durante su traslado a la cárcel cuando había sido detenido por asalto,
es que la Corte Suprema acepte el recurso presentado por sus abogados a
última hora de este miércoles.
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